Coronavirus en Argentina: Nuevo fallo que obliga a reincorporar a un empleado despedido

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La Justicia de Misiones declaró nulo el despido de un trabajador efectuado el pasado 21 de abril y ordenó a la empresa TM SA a reinstalarlo en su puesto de trabajo

en las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de la cesantía. La compañía debe abonar los salarios caídos correspondientes a los días transcurridos a partir de la fecha del despido o podría recibir sanciones a razón de $ 2.000 por cada día de demora.

Se trata del segundo amparo favorable al trabajador despedido invocando el DNU N° 329/20, que prohibió los despidos durante abril y mayo, a raíz de la situación de crisis por el coronavirus​ y la cuarentena.

La sentencia benefició a José Alfredo Espinoza quien ingresó a trabajar en la concesionaria TM SA el 15 de diciembre de 2011 y se desempeñaba como experto en servicios mecánicos. A diferencia de otros 18 trabajadores que fueron cesanteados, Espinoza reclamó ante la Justicia “aduciendo que resulta violatorio de la prohibición dispuesta por el DNU 329/2020, requiriendo como consecuencia de tal nulidad la reinstalación en su puesto de trabajo”.

Para fundamentar la aplicación de la medida cautelar de reinstalación en el puesto de trabajo, el juez sostiene que “la tramitación de un proceso ordinario, a lo que se agregan la circunstancias actuales de suspensión de los plazos dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia por las mismas razones sanitarias ya expresadas, llevarían a un reconocimiento tardío de los derechos que se pretende asegurar”.

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Más adelante, el juez agrega que se tomó la decisión de prohibir los despidos fundada en la emergencia y limitada en el tiempo (60 días) “en un momento en el que se exacerba la necesidad del trabajador de mantener su fuente de ingresos alimentarios ante la clara imposibilidad de procurarse una nueva ocupación con el claro propósito de proteger a la parte más débil del contrato de trabajo”.

Como conclusión de los fundamentos de la sentencia, el juez sostiene que “nunca resultó más claro que en estos tiempos que el régimen jurídico debe procurar como su fin último la protección de la persona humana, con especial consideración de la persona que trabaja. Es en estos tiempos de grave riesgo, donde deben orientarse las condiciones del mercado al servicio del hombre y no la inversa. Pues no puede admitirse que ante la adversidad de tales condiciones, quienes más sufran sean aquellos de más vulnerables”.

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