La Bicameral de Inteligencia del Congreso controlará la actividad de la oficina de las escuchas judiciales

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La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el presidente de Diputados, Sergio Massa, firmaron un resolución conjunta para que el Congreso -a través de la

bicameral de Inteligencia- haga un seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

El decreto pone en funcionamiento un convenio de colaboración firmado entre el Parlamento y el Máximo Tribunal en septiembre de 2016.

Ese acuerdo estipula que el Congreso efectuará "el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJuDeCO),  a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional".

Para hacer esta tarea, ordenan a la bicameral de Inteligencia, presidida por el oficialista Leopoldo Moreau, a crear una "subcomisión permanente" que realice las funciones de "seguimiento y auditoría" 

A su vez, estipulan que la bicameral deberá "informar semestralmente a la Presidencia de cada Cámara del Congreso de la Nación sobre la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas en cumplimiento de su misión, con la fundamentación correspondiente".

De acuerdo al texto, "la Comisión Bicameral estará facultada para requerir de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) de sus delegaciones en el interior del país y de las empresas que prestan o presten en el futuro servicios telefónicos o de telecomunicaciones de cualquier tipo en la República Argentina, informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado ". A su vez, señala, "corresponderá a la Comisión Bicameral cotejar y analizar la información y controlar que tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales".

El tema de las escuchas viene siendo motivo de polémica en ambas Cámaras en medio de la investigación judicial por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este martes, tras conocerse las detenciones de una veintena de ex funcionarios por espionaje, el presidente de la bicameral, Leopoldo Moreau, consideró: "Estamos ante una decisión estatal tomada en (diciembre de) 2015, que organizó una parte de las estructuras de inteligencia del Estado para llevar adelante persecución y extorsión política y espionaje ilegal”.

A principio de mes, el oficialismo del Senado había rechazado el decreto de necesidad y urgencia firmado por el ex presidente Mauricio Macri en 2015 que quitó la oficina de escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General- en ese entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó- y la transfirió a la Corte Suprema de la Nación​.

En soledad -porque la oposición abandonó el recinto en reclamo de la violación del reglamento virtual, que impedía llevar temas ajenos a la pandemia al recinto- el Frente de Todos impuso su mayoría y rechazó el decreto.

"Así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta ,de la revancha, que nada tenía que ver con los intereses de la sociedad. No nos vamos a prestar a hacer del Senado un tribunal fiscalizador", había señalado en ese entonces el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Para ser anulado, el decreto tiene que ser rechazado en ambas Cámaras. En Diputados, sin embargo, el oficialismo aún no tiene en agenda llevar la votación del DNU al recinto. A diferencia del Senado, en la Cámara baja, el oficialismo no tiene mayoría propia y necesita negociar con la oposición.

Además, actualmente su protocolo virtual venció y para renovarlo para poder seguir sesionando en forma remota debe acordar con los demás jefes de bloque y barajan una agenda de consenso.