Coronavirus en Argentina: un camarista rechazó las liberaciones masivas de presos y pidió "respeto a la víctimas"

Politica
Lectura

El debate por la liberación de presos para que cumplan las condenas en sus casas, en medio de la pandemia del coronavirus, generó fuertes diferencias dentro de

la propia Justicia. En ese contexto de tensión interna, Mariano Llorens, juez de la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, salió a cuestionar una flexibilización en la situación de los detenidos. Lo hizo a través de una columna de opinión que envió a Clarín.

Se titula "Los Jueces, las presiones y la vigencia de la Ley" y este es el texto completo:

"A partir de algunas decisiones impactantes, la libertad dada en una causa penal es tema de debate en la sociedad. Sus reglas básicas no son difíciles de explicar, porque son una garantía constitucional fundamental porque, cuando hablamos de este tema, nos referimos a dos cosas. Lo primero, que las leyes penales se componen de dos elementos esenciales: la descripción de una determinada conducta que la sociedad ha considerado delictiva y que ésta prevé el monto (en escala) de sanción que esa conducta merece. Después hablamos del juicio, que es el mecanismo por el cual se llega a establecer si un hecho ocurrió, quién es el responsable, la sanción que merece y su cumplimiento. Durante todos estos periodos –como si fuese una línea de tiempo– el hecho y el monto de la pena deben tenerse en cuenta como presupuesto de análisis.

En este sentido, violaciones, narcotráfico, secuestro extorsivo, robo con armas, trata de personas o corrupción agravada tienen una sanción que impide la excarcelación inicial porque la pena, en caso de condena, siempre será de cumplimiento efectivo. Esa es una regla ampliamente aceptada, porque están en riesgo el proceso mismo y la prueba que se tiende a resguardar. La otra regla a cumplir es la que indica que, dada una condena ejecutable, ella debe cumplirse en todas sus fases. Siempre debe tenerse en cuenta que el principio en la materia es la libertad por encontrarse estrechamente vinculada al principio de inocencia, garantía constitucional básica.

A lo dicho hay que sumarle el respeto a las víctimas, a quienes la Ley 27.372 les da el derecho a ser escuchadas antes de cada decisión que disponga la libertad del imputado o del condenado.

La pretendida presión ejercida a partir de los hechos ocurridos en Unidades Penales para lograr libertades, intentan poner en crisis estos presupuestos a partir de la interpretación de algunas reglas contenidas en el nuevo Código Procesal Penal Federal que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de implementación anunció como puestas en vigencia y algunas pautas de interpretación expresadas en Acordadas de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Cámara Federal de Casación Penal que agregaron al análisis de riesgos procesales pautas que, sin ser novedosas, fueron tomadas en cuenta para provocar libertades que antes no se concedían, usando a la emergencia sanitaria como excusa.

Y quiero ser claro; ninguna situación obliga a un juez a tomar decisiones por fuera de lo que manda la ley y el sentido común. Las reglas de interpretación mencionadas son solo eso, recomendaciones de interpretación. Las decisiones las tomamos nosotros, no los autores que citamos, ni las sugerencias que podemos –o no– tener en cuenta. Y de eso debe hacerse cargo el que la toma. Igual hay que dejar claro, que los jueces no tomamos decisiones cuando queremos, lo hacemos a petición de las partes y con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de cuidar los intereses de la sociedad apelando las decisiones que consideren contrarias a la ley.

Qué es el CoronavirusCómo se contagia y cómo son sus síntomas

Mirá el especial

La emergencia sanitaria es una preocupación, la autoridad central es el Poder Ejecutivo Nacional y en el ámbito carcelario, el Servicio Penitenciario que depende de él y debe controlar la situación y de allí que los jueces no tengamos nada que hacer en las mesas convocadas porque en nuestro diseño constitucional tenemos la misión (y el deber) de decidir: no negociar, ni emitir recomendaciones ni asesorar en el contexto de una crisis en desarrollo.

Existe la posibilidad, además, que la presencia sea incongruente. Un juez en un lugar donde se advierta la presunta comisión de un delito debe denunciar, puede ser convocado como testigo. O, si ha tomado conocimiento de un hecho criminal por medio de los sentidos, después no puede ser Juez de esos mismos hechos.

Como operadores del sistema podemos ser fuente de consulta, pero no quiere decir que podamos meternos en cuestiones de política criminal negociando en una crisis, y menos forzar la interpretación de la ley en contra de la ley, del sentido común y de las propias decisiones que hemos tomado en casos iguales. Debemos tener en cuenta la progresión de una realidad dinámica, claro, pero ésta no puede alterar nuestros conceptos a partir de un pretendido progresismo en defensa de derechos en abstracto percibido por la sociedad como una claudicación ante la amenaza de una crisis, y tampoco debemos echarles la culpa a la ley ni a quienes alzan voces interesadas pretendiendo ejercer presión, respecto de las decisiones que tomamos.

Quienes integramos el Poder Judicial debemos mostrar a la sociedad que decidimos aplicando la ley sin miedo, afirmando la vigencia de la Constitución Nacional, y tomando decisiones firmes que nos muestren independientes para poder transmitir tranquilidad a la sociedad, única manera de reconstruir nuestra autoridad y credibilidad, elementos fundamentales para el sistema democrático".