Coronavirus: El jefe de los fiscales bonaerenses teme que se produzca otra oleada de excarcelaciones de presos sin justificación

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Luego de la excarcelación de casi 4 mil presos bonaerenses en un mes, el procurador general bonaerense Julio Conte Grand advirtió hoy que el hábeas corpus colectivo del juez de Casación

Víctor Violini produjo esta semana pasada un nuevo pico de pedido de prisiones domiciliarias que aún están sin resolver y que si el fallo sigue vigente la demanda irá en aumento.

Mientras tanto, el fiscal ante la Cámara de Casación bonaerense Carlos Altube el lunes apelará, con un recurso de queja, ese polémico hábeas corpus de Violini -de reconocida militancia K- ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia, quien tendrá la última palabra sobre este delicado tema.

Además, ante la primera ola de prisiones domiciliarias, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que analiza si corresponde denunciar penalmente a fiscales y jueces bonaerenses por haber dado eventualmente excarcelaciones de presos que no se encontraban dentro del grupo de riesgo por el coronavirus o están condenados por delitos graves.

Violini participa de la llamada Mesa de Diálogo con los presos, junto al secretario de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García y funcionarios del ministerio de Justicia provincial quienes recorrieron las cárceles bonaerenses instando a la presos a presentar amparos o hábeas corpus para conseguir su excarcelación por el coronavirus.

En declaraciones al programa “Dato sobre Dato” que se transmite por radio Millenium, Conte Grand recordó que "el 8 de abril fue el fallo del tribunal de Casación en un formato inadecuado, unipersonal respecto de una cuestión de naturaleza penal de extrema gravedad”.

Luego, el fiscal Altube apeló ante la Cámara de Casación y su pedido fue rechazado. Entonces, el lunes interpondrá un recurso de queja ante la Suprema Corte contra el fallo de Violini del 8 de abril que alentó los motines en las cárceles y luego el masivo cacerolazo del jueves pasado en contra de las presiones domiciliarias que hizo cambiar de posición a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof. El fallo de Violini alentó la excarcelación de 700 presos, en muchos casos sin seguir los procedimientos.

Cuando se le preguntó cuándo se decidiría sobre el fallo de Violini, Conte Grand explicó que "la Corte no tiene un plazo. Las características de este supuesto que estamos examinando claramente hace que el tribunal tenga la decisión de tomar esta resolución en forma más o menos urgente, esto está claro, yo no he recibido información de la Corte en ese sentido, pero no dudo que el tribunal lo va a ser de forma expeditiva”. El presidente de la Suprema Corte es Eduardo De Lazari, allegado al ex presidente Eduardo Duhalde.

Los fundamentos del fallo del juez de Casación Violini, dijo Conte Grand, “los voy a conocer cuando se me de curso, tengo que ser muy prudente pero entiendo que son varios más respecto del fallo del 8 de abril” y no solo la falta de especificación de cuáles son considerados delito leves y cuáles graves. Conte Grand es el fiscal ante la Suprema Corte.

“El fallo (de Violini) produjo un quiebre en el sistema que habíamos puesto en marcha con una resolución mía del 16 de marzo donde dispusimos que los defensores, fiscales y asesores de menores se abocaran a la consideración de los supuestos de personas que estaban dentro del sistema carcelario incluidas en el llamado universo de riesgo según las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a nivel nacional”, opinó.

Esa resolución del 16 de marzo “nos permitió hacer un monitoreo de la situación e ir -de algún modo tomando- decisiones complementarias en caso de ser necesarias”. Pero el 8 de abril “se produjo esta decisión en el marco de un hábeas corpus colectivo que incluía virtualmente a la totalidad de la población carcelaria (unos 48 mil presos)”. “Estamos ante una situación muy grave que es lo que ha provocado de algún modo la conmoción en la ciudadanía", alertó.

Sobre las estadísticas difundidas el viernes por la jueza de ejecución penal de Quilmes, Julia Márquez, en el sentido de que se liberaron 176 violadores, contestó: "yo tengo estadísticas rigurosas hasta el 8 de abril en el marco de un registro” de las fiscalías bonaerenses. Según ese registro “el promedio habitual mensual de egresos del sistema (carcelario bonaerense) por distintas razones va entre el 5,5% y el 6% del total de la población”. Precisó que “no estamos inquietos por el número de personas que ya egresaron porque es consecuente de los promedios habituales”.

Pero, según la información del sistema de fiscales bonaerenses, “se está produciendo una cantidad de pedidos muy significativo que en caso de no ser rechazados sí va a producir unas salida mayor del promedio general y una situación compleja desde el punto de vista de análisis penitenciario”.

Conte Grand manifestó, además, su preocupación por que se “detectaron casos en que no se justifica el otorgamiento de beneficios por distintos motivos; (delito, pena, antecedentes) que normalmente hace que los jueces hace que rechacen estos pedidos”.

Por otra parte, manifestó su preocupación por haber perdido el control estadístico." "Tenemos una ponderación de una cantidad de 4.000 personas que han egresado desde el 16 de marzo. Ese número en sí no nos preocupa, como ya dije. Nos preocupa que hay dentro de ese número y lo que está viniendo con motivo de esta apertura que provocó el habeas corpus colectivo conseguido el 8 de abril, en la medida que no sea revertido por un fallo de la Corte en los próximos días.

Sobre el Juez Violini y sus dichos respecto a infectados en cárceles: "Nosotros tenemos confirmados que han existido cuatro casos positivos de Covid-19 dentro del sistema penitenciario bonaerense, ninguno de esos casos son dentro del universo de riesgo”. Entonces, la posibilidad de la propagación del virus dentro del sistema carcelario "en la medida de los controles sanitarios que aplica el sistema penitenciario, no me parece que genere semejante inquietud”.

Recordó la norma que la Procuración emitió el 16 de marzo para excarcelar presos que estaban dentro de los grupos de riesgo y no habían cometidos delitos graves “es decir ponderando cada uno de los casos”. En todo caso, “el mecanismo de salida de las personas del sistema con un resguardo mientras cumple la pena, obviamente es una decisión de los jueces y debe ser resuelta en articulación con el poder ejecutivo” por el tema del control con o sin tobilleras electrónicas.

Dijo que fue "un error" de algunos funcionarios y jueces transmitir a la población “semejante preocupación en términos de un riesgo de una pandemia generalizada dentro del sistema penitenciario en cuanto tomemos las medidas correspondientes".

Denunció que en este contexto "hubo aprovechamientos de una situación de emergencia sanitaria, absolutamente reconocida, que implique la salida de personas a la que no le corresponde”. Puntualizó que “en muchos casos (se liberó a) personas que no están dentro del universo de riesgo." "Hay dentro del cuerpo del Poder Judicial personas que se aprovechan de la situación para tomar beneficios que no corresponden. Nuestro objetivo ahora también es detectar esas irregularidades y actuar en consecuencia”, agregó.

Si se trata de operadores judiciales dentro de los fiscales “iniciamos nosotros los controles disciplinarios. Si se tratan de operadores fuera del Ministerio Público, haremos la denuncia correspondiente ante la Corte Suprema." "En tercer lugar, si la evaluación de las circunstancia lo determina, tenemos la facultad de acusar y denunciar ante el Tribunal de enjuiciamiento a los magistrados para que se inicie el proceso correspondiente, se consigue la suspensión del magistrado y se llegue a una solución final que puede ser su cesantía o destitución”, señaló.

La secretaría de control disciplinaria y enjuiciamiento de la procuración “viene trabajando activamente en los últimos días en el rastreo de estas situaciones en función de cada uno de los casos de personas que han tenido beneficios y que se confirma que no tenían fundamentos para otorgarlos. Una vez que eso sucede, se van a tomar medidas correspondientes”, finalizó Conte Grand.