Ledesma: "El Poder Ejecutivo no tiene ninguna incidencia en la libertad o encierro de las personas"

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La presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Angela Ledesma, aseguró hoy que el Poder Ejecutivo "no tiene ninguna incidencia en la libertad o encierro

de las personas" y explicó que ese tribunal recomendó el 13 de abril que los jueces bajo su jurisdicción apliquen "medidas alternativas al encierro" con una perspectiva humanitaria, principalmente para acusados de cometer "delitos leves", aunque advirtió que los magistrados "pueden equivocarse".

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país -el más importante por debajo de la Corte Suprema de Justicia- y fue quien estableció los lineamientos para que pudiesen reevaluarse las detenciones en las cárceles federales, con el objetivo de reducir el número de internos al mínimo posible, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Tras largas y no menos ásperas discusiones virtuales entre los jueces de Casación, el tribunal emitió el 13 de abril la acordada 9, en la que instó a los tribunales inferiores a evaluar la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias a quienes cometieron delitos "leves" o "no violentos", a mujeres embarazadas o con niños, a los que estén por obtener salidas transitorias y a los adultos mayores con riesgos de salud.

Además se incluyó a los detenidos por delitos graves pero, en ese caso, el máximo tribunal penal llamó a aplicar las recomendaciones "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo".

Esta situación llevó a que abogados defensores de personas privadas de su libertad elevaran a la Justicia pedidos de prisión domiciliarias en todo tipo de casos.

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En una entrevista exclusiva con Télam, realizada por vía remota, Ledesma descartó que existiera un plan para liberar personas violentas, relató cómo se gestó la acordada de la Casación Federal, y enfatizó que es tarea de los jueces decidir cuáles son los detenidos que pueden acceder a una excarcelación o al encierro domiciliario.

-Télam: ¿Por qué la CFCP recomendó medidas alternativas al encierro en este contexto de pandemia?
-Ledesma: La decisión se enmarca en la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, pero tiene en cuenta dos acordadas anteriores. En una poníamos de manifiesto la necesidad de prestar particular atención a las mujeres privadas de la libertad que tuvieran niños pequeños a su cargo y a embarazadas. En la otra, manifestamos preocupación por la propagación y el contagio del virus, y el riesgo frente a los grupos vulnerables que están en cárceles. La acordada 9 fue muy meditada y analizada por los miembros de la Cámara y sin lugar a dudas han incidido los consejos de organismos supranacionales. Sobre todo hemos reconocido el deber de garantes que tiene el Estado y que tenemos los jueces. Las recomendaciones de la OMS, la Cruz Roja, la ONU y del comité local de prevención contra la tortura y muy especialmente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han llevado a una mayor reflexión y análisis. Lo que hacemos es recomendar que los tribunales de la jurisdicción tengan en cuenta las pautas de interpretación que fijamos.

-T: ¿Cómo se llegó a esa acordada? No fue unánime.
-L: La preocupación es compartida por todos los miembros del cuerpo, aunque algunos tengan un criterio divergente en orden a si se pueden hacer estas recomendaciones sin que haya un caso en sentido concreto. La mayoría (11 de 13) interpretamos que no podemos estar ausentes y pensamos en la vulnerabilidad de los colectivos, ya sea mujeres, personas en riesgo, o todas las personas privadas de la libertad, como consecuencia del coronavirus y la situación de nuestras cárceles sobrepobladas y el hacinamiento que impide el distanciamiento obligatorio que impone la OMS. Por eso intentamos fijar pautas interpretativas para que los jueces, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, puedan resolver.

Pensamos en la vulnerabilidad de los colectivos, ya sea mujeres, personas en riesgo, o todas las personas privadas de la libertad, como consecuencia del coronavirus y la situación de nuestras cárceles sobrepobladas

-T: ¿Cuál es el margen que tienen los jueces de tribunales inferiores para aplicar o no las recomendaciones de Casación?
-L: El que han tenido siempre. Los jueces tienen el margen que les da la ley para analizar las características de cada caso, para ver si procede a un encarcelamiento preventivo en la modalidad de domiciliaria y con alguna medida asegurativa que puede o no ser electrónica. Habrá que considerar, en los casos de personas con condena, quienes están en condiciones de acceder muy pronto a la libertad y quienes, en forma asistida o condicional, teniendo en cuenta las opiniones del servicio criminológico. Por eso se habla del respeto de la normativa y el cumplimiento de la ley de víctimas que implica escucharlas previamente.

-T: ¿Cómo se evita que los jueces que dictan las domiciliarias se las den a personas que cometieron delitos graves como homicidios, violaciones o delitos de lesa humanidad?
-L: Es inevitable que los jueces puedan equivocarse. Sí están las pautas interpretativas y puede haber excepciones en casos de delitos graves, lo aclaran los organismos supranacionales, pero tiene que darse un nivel de vulnerabilidad muy alto sumado a la imposibilidad del Estado de garantizar en prisión los protocolos necesarios para resguardar la salud de esa persona.

-T: ¿Cuál es la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo en la libertad o el encierro domiciliario de los detenidos?
-L: No tiene ninguna incidencia en la libertad o en el encierro de las personas. Es algo que depende exclusivamente de la justicia. Por eso se requiere de jueces independientes e imparciales que tengan la capacidad de analizar objetivamente cada caso en sentido concreto.

-T: ¿Alguien del Poder Ejecutivo les pidió a los jueces que impulsen la adopción de medidas alternativas al encierro como la prisión domiciliaria?
-L: No ha habido ningún pedido del Poder Ejecutivo. Yo he sido la persona que motorizó la idea de una acordada y lo hice a partir de lo que iba leyendo en marzo sobre lo que iba ocurriendo en otros países con sistemas parecidos al nuestro, como el continental-europeo (Alemania, Italia, España), y fui siguiendo las decisiones de esos países. El 31 de marzo me puse a escribir algunas líneas y así fui intercambiando con colegas que también estaban interesados en el tema algunas ideas hasta que resultó lo que decidimos.

No ha habido ningún pedido del Poder Ejecutivo. Yo he sido la persona que motorizó la idea de una acordada y lo hice a partir de lo que iba leyendo en marzo sobre lo que iba ocurriendo en otros países con sistemas parecidos al nuestro

En Devoto "no hay una negociacin sino una mesa de dilogo"

La presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, aseguró hoy que en la cárcel de Devoto se viene desarrollando "una mesa de diálogo" para escuchar los reclamos de los detenidos y con el objetivo de agilizar los trámites de las personas que podrían acceder a la libertad -en cualquiera de sus formas-, aunque aclaró que los jueces no pueden "negociar nada".

- Télam: ¿Cómo avanzan las negociaciones en el penal de Devoto?
- Ledesma: Yo no he participado de las mesas de diálogo, pero estoy al tanto a través de las actas. Creo que no hay ninguna negociación, sino que hay un diálogo. Se están escuchando reclamos para poder agilizar trámites de personas que podrían acceder a la libertad condicional o asistida, o que estarían próximas a cumplir pena sin que se trate de delitos violentos; que se trate de cuestiones de menor trascendencia y que no se trate de ninguno de los supuesto excluidos por las recomendaciones en las que se habla de "delitos leves". Es una mesa de diálogo, no puede haber ninguna negociación ni los jueces podemos negociar nada.


-Télam: ¿Los familiares de las víctimas o asociaciones de víctimas deben ser parte de la mesa de negociación?
-Ledesma: Creo que podría haber una gran mesa de diálogo donde podrían estar representadas distintas instituciones del orden nacional. Pero las víctimas de los delitos siempre institucionalmente están representadas en los procesos por los fiscales, no nos olvidemos que el artículo 120 de la Constitución Nacional establece que los fiscales son defensores del interés de la sociedad. Son defensores de la legalidad y de la sociedad. En una gran mesa de diálogo debieran también ser invitados los representantes de los fiscales que tiene doble rol porque también tienen responsabilidad en lo que hace al pleno respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad porque las penas no pueden ser infamantes ni degradantes y las cárceles no deben ser para castigo.

-Télam: ¿Por qué cree que el problema de la sobrepoblación carcelaria no solo que no se resolvió, sino que se incrementó en el último tiempo?
-Ledesma: Creo que el problema de la sobrepoblación carcelaria se había acentuado durante los últimos años, por eso lo advirtió el Ejecutivo en el año 2019 y es un tema el de las cárceles que es endémico, no solo en la Argentina sino en la región. Es una problemática que históricamente no ha sido atendida como corresponde. Lo que ha puesto al descubierto el coronavirus es una realidad que estaba escondida o tapada. Es un tema muy complejo que requiere una labor muy importante desde el punto de vista político-institucional del Poder Ejecutivo y un control muy estricto por parte del Poder Judicial. Hemos intervenido en varios habeas corpus por sobrepoblación carcelaria, hemos ordenado que no hubiera más de un detenido por celda, hemos ordenado que se desocuparan gimnasios, etc. Este es un problema que nos rebasó los últimos años y que tiene que ver con algunas decisiones político-institucionales que no fueron acompañadas de una infraestructura necesaria. Tengamos en cuenta lo que sucede con el traslado de las cárceles, el tiempo que demora y que no han sido prioritarias para los gobiernos estas cuestiones. Este es el momento donde se nos está marcando la prioridad de atender también el problema carcelario.