Pérez Esquivel responsabilizó a los jueces por las excarcelaciones de presos y denunció una "campaña" de la oposición

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El premio nobel de la paz y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, responsabilizó a los jueces por las prisiones preventivas otorgadas a presos peligrosos

y denunció que hay una “campaña contra el gobierno y organismos de derechos humanos” de parte de la oposición.

Pese a que la CPM, a través de su secretario Roberto Cipriani García, impulsó a centenares de presos a pedir prisiones preventivas y organizó la presentación masiva de hábeas corpus en las cárceles bonaerense, Pérez Esquivel deslindó responsabilidades.

En una carta abierta difundida por la CPM en Twitter y con fecha 30 de abril (el mismo día de los cacerolazos masivos), Pérez Esquivel dijo que “hay sectores de la sociedad que levantan su voz y critican las medidas del gobierno de descomprimir las cárceles frente a la pandemia del coronavirus, acusan al gobierno de tomar medidas de liberar delincuentes y violar los derechos de las víctimas”. “Es necesario aclarar que es el poder judicial quien determina la situación de los presos”, afirmó quien apoyó abiertamente en las últimas elecciones a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

“Hay que clarificar e informar qué grupos opositores interesados han desatado una campaña contra el gobierno y algunos organismos de derechos humanos, diciendo que están liberando a presos peligrosos. Tanto el presidente de la Nación, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires han negado esas acusaciones y señalado que es el Poder Judicial quien ha de determinar la situación de los presos”, dijo ajustándose al nuevo relato oficial, luego de que el presidente hubiera avalado, a principios de la semana, las prisiones domiciliarias.

“No se trata de liberar a los presos/as, los jueces y el Poder Judicial tienen que determinar quiénes pueden tener detención domiciliaria y control social y quienes no, de acuerdo a la gravedad de sus delitos, edad, enfermedades y lo que los jueces determinen”, aseguró al hablar por la CPM.

Luego, afirmó que “el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria (CPM) desde hace años viene reclamando a los gobiernos la reforma urgente del sistema carcelario, hoy colapsado, con edificios vetustos que se encuentran en deplorables condiciones, con superpoblación carcelaria, hacinamiento extremo, práctica sistemática de la tortura, corrupción estructural y con un sistema sanitario deficiente que no puede dar respuestas mínimas de atención”.

“La CPM monitorea las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en sus informes ha señalado que las prisiones no son centros de recuperación de los internos, son depósitos humanos donde conviven en las peores condiciones; la mayoría terminan enfermos y con problemas físicos y mentales, sometidos a la violencia del personal penitenciario y de los mismos internos. Allí la gente bajo cuidado del Estado muere también de enfermedades curables como VIH, TBC, neumonías o diabetes que no se atienden”, agregó.

Luego Pérez Esquivel afirmó que “es la justicia la que determina las condenas y los grados de responsabilidad del delito de acuerdo a las leyes vigentes. Pero la justicia no es justa, más de la mitad de los detenidos está en las cárceles en prisión preventiva, es decir siendo inocentes y muchos no tienen un juicio con las garantías constitucionales vigentes”.

El gobierno argentino “ha logrado aplicar medidas sanitarias preventivas, como la cuarentena y control social en el país, para contener y retrasar la expansión de la epidemia. Y tiene en cuenta lo que puede ocurrir sin los medios sanitarios y de seguridad adecuados para impedir su propagación, y las posibles muertes e infectados si se desata el coronavirus en las prisiones”.

“Sería conveniente que vean el llamado de la CIDH recomendando a los Estados que integran el sistema regional de DDHH adoptar un conjunto de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades carcelarias, analizando la posibilidad de que, para las personas en grupo de riesgo (enfermos graves, mayores de 65 años, mujeres con sus hijos, embarazadas, personas trans) y próximas a recobrar su libertad, se evalúen medidas alternativas a la detención en cárceles”, finalizó Pérez Esquivel.