Coronavirus en Argentina: La Comisión de la Memoria pide al Gobierno y la Justicia que aceleren las excarcelaciones

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la promotora de las liberaciones masivas de presos en Buenos Aires, reclamó al gobierno y la Justicia que tomen “decisiones urgentes para preservar la

vida de las personas privadas de libertad” y así lograr “disminuir la población encarcelada” frente al coronavirus. “Esto de ningún modo vulnera ni el orden social ni la ley, todo lo contrario, pone a derecho situaciones que se han apartado de los mandamientos constitucionales. Hoy la prioridad es salvar vidas”, afirmó en un comunicado en respuesta a las críticas que recibió de las asociaciones de las víctimas y de Juntos por el Cambio, entre otros sectores.

Por otra parte, la CPM criticó al servicio penitenciario bonaerense por haber reprimido el motín en la cárcel de Florencio Varela y acusó a los periodistas de difundir “fake news” sobre las prisiones domiciliarias. También apoyó una eventual conmutación de penas de los presos, como promueven un sector de los defensores oficiales de las provincias y criticó a los jueces que no apoyan sus políticas.

La CPM la preside el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la dirige Roberto Cipriani García, quien envió un audio –que se hizo tendencia en las redes- en el que insta a los familiares de los presos comunes a pedir excarcelaciones y coordinar la acción con otros sectores del gobierno de Axel Kicillof. La CPM es la misma organización, manejada en su mayoría por kirchneristas, que imputó a periodistas de espionaje ilegal y acciones psicológicas en la causa D’Alessio a pedido de su aliado, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

En forma implícita, la CPM defendió al miembro de la Cámara de Casación de la provincia, Víctor Violini y otros jueces de la provincia que ordenaron prisiones domiciliarias. “Esto ha implicado no solo detener el crecimiento sostenido y acelerado de la población carcelaria, sino ir disminuyendo (aunque lentamente) su número. Esta merma hoy no supera un escaso 5 % del total, mientras la sobrepoblación en algunas unidades asciende al 200%, el triple del cupo”, agregó.

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Al explicar las reuniones que mantuvieron para lograr las excarcelaciones, la CPM dijo que “todas estas cuestiones se han venido tratando y debatiendo antes de la emergencia sanitaria, en diversas mesas de diálogo interinstitucional, con la participación de todos los poderes y la sociedad civil, donde también están representados los familiares de detenidos”. Nada dice de las asociaciones de los familiares de las víctimas.

En cambio, “cuando las protestas se tornaron violentas, la responsabilidad debe buscarse en un servicio penitenciario que eligió reprimir y no dialogar. En la Unidad 23 se expresó de manera trágica: la violencia penitenciaria provocó el fusilamiento con balas de plomo de Federico Rey”. 

“Tales hechos han instalado el tema en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, en ellos se han ido expresando las reacciones frente a la aplicación de las recomendaciones puestas en marcha para preservar la vida de las personas detenidas. Se ha montado una operación espuria que promueve la violencia, desprecia la vida, falsea la realidad y nuevamente trata de promover el desprestigio de quienes defendemos los derechos humanos, inventando una suerte de conspiración maliciosa cuyo objetivo es liberar a “delincuentes peligrosos” que pondrían en riesgo la seguridad de la sociedad toda”, añadió la CPM. “Esto es falso. En medio de la pandemia alimentan otros miedos, estigmatizan y deshumanizan. Bajezas y «fake news» para promover el odio y el malestar social”, enfatizó.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), "en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, siempre hemos sostenido que el aumento del índice de prisionización no es una buena política de seguridad, pero lamentablemente ha sido la estrategia que, desde hace 20 años, han seguido los distintos gobiernos. Esto ha llevado al colapso del sistema de encierro”. La CPM había sido creada originalmente para seguir los juicios por los delitos de lesa humanidad y preservar la memoria.

“El poder judicial es parte del problema, demorando juicios, sentencias y resoluciones. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas detenidas están con prisión preventiva, es decir aún no condenadas por el delito que le imputan, y muchos permanecen así por años. Varias de estas causas son «armadas» por policías que no investigan o que regulan el delito con estas prácticas. En la cárcel la atención de la salud es inexistente o desastrosa, se muere de TBC, VIH o neumonías. Desde hace años que la CPM reclama el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria, hoy dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la órbita del Ministerio de Salud”, agregó el comunicado.

"Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad. Aun los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad, por “delincuentes indeseables” y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie", enfatizó.

“En los lugares de encierro se vive una situación extrema, donde todos los riesgos son exponenciales debido al hacinamiento que provoca la sobrepoblación crítica, en plazas que no alcanzan ni para la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. No se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica”, afirmó en un comunicado difundido ayer.