Coronavirus en Argentina: la situación de los presos, una bomba de relojería que crece con demagogia, egoísmos y mezquindades

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No cae la noche sin que cada día le agreguen un tornillo o le ajusten una pieza. Con la velocidad con que el coronavirus esparce sufrimiento y temores, una poderosa bomba

social crece bajo la inerte sombra de la cuarentena. ¿Su combustible? La pulsión de miles de presos a quienes les vienen haciendo creer que la libertad -o algo muy parecido- está al alcance de sus dedos, mientras los jueces se arrojan la responsabilidad sobre ellos como una toalla caliente, los cómplices y promotores de los corruptos aprovechan el desconcierto para abrir las celdas de los pocos ex funcionarios que quedaban detenidos, las víctimas de los delincuentes encienden la alarma y los políticos acomodan su discurso según el sentido del viento. El penal federal de Villa Devoto fue el escenario de la primera ignición. Habrá otras.

La pandemia encontró al mundo y a la Argentina sin preparación, pero tampoco maquillaje: grandezas y miserias quedaron al aire. La amenaza de muertes masivas como las que asistimos en Europa y Estados Unidos sosegó circunstancialmente el reflejo autodestructivo argentino, pero el hombre es un animal de costumbres. Y las superpobladas cárceles ofrecieron un teatro propicio para mostrarlas.

Es dificil trazar una secuencia en la trepidante sucesión de hechos que acumularon dinamita en la santabárbara. Al principio, como en todo el planeta, las prisiones fueron un centro de atención ante un eventual tsunami de contagios, con el mismo grado de preocupación que el arqueo de camas y respiradores en los hospitales, por ejemplo. Entonces, la primera piedra en el camino: viejas, desbordadas de detenidos y sin infraestructura ni personal que permita afrontar una emergencia seria, se comenzó a evaluar la conveniencia de desagotar las cárceles de presos. Primer barril de pólvora.

Esa posibilidad replica lo que ocurre en otros países subdesarrollados, pero de ningún modo es regla, y ni siquiera opción mayoritaria en el menú mundial. Funcionarios y especialistas la blandieron como única vacuna posible para replicar el necesario distanciamiento social en sitios en los que más bien cunde el hacinamiento.

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La Cámara Federal de Casación Federal y su par bonaerense tomaron el volante, y pidieron informes sobre cantidades y características de la población penal perteneciente a "grupos de riesgo" ante el coronavirus, por edad o enfermedades previas. Esos informes contabilizaron 1.279 detenidos bajo responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal -que aloja a 14.000 internos- y unos 2.300 en las celdas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Para entonces, los pedidos de abogados defensores llovían sobre los juzgados y tribunales. Cientos en pocas semanas.

Pero la justicia ya se había plegado a la cuarentena ordenada por el gobierno con una feria judicial extraordinaria, que dejó a los magistrados trabajando por Internet desde sus casas, con mínimas guardias presenciales en los juzgados. Segundo barril.

La Casación Federal, máximo tribunal penal del país, firmó dos acordadas aconsejando excarcelar o morigerar -jabonoso verbo que adoran usar los jueces- las condiciones de detención de la mayor cantidad de presos posible, por supuesto sin dejar de controlarlos, garantizando su integridad y sin enviar a sus casas a convictos peligrosos: la cuadratura del círculo.

Ese "consejo" debe ser implementado por cientos de jueces de ejecución y tribunales orales bajo cuya firma están los detenidos, que tienen la obligación de cumplir con aquellas condiciones. Segunda piedra: ¿hay recursos para garantizar el control de los eventuales excarcelados? Ni por asomo. Sólo habría tobilleras electrónicas para dos de cada diez -con suerte- y no existe Patronato de Liberados con personal suficiente para esa misión a las estrellas.

Ante esta encrucijada, a su vez, entraron en escena tres actores clave, cada uno con un nuevo barril de pólvora bajo el brazo. Las organizaciones civiles que entienden la defensa de los derechos de los encarcelados con el único objetivo de lograr su libertad cuanto antes, para las cuales el coronavirus no es otra cosa que la más útil de las llaves para abrir las celdas; los abogados militantes del kirchnerismo -y algunos funcionarios, como el secretario de Derechos Humanos-, que multiplicaron sus piletazos para intentar sacar de la sombra a los viejos cumpas que milagrosamente aún quedaban presos; y los funcionarios verdaderamente preocupados por la suerte de los detenidos, como el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, y el juez Gustavo Hornos, titular del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

El fuego cruzado de todos ellos causó hasta ahora más de mil prisiones domiciliarias, entre las cuales se colaron algunos presos famosos como Luis D'Elía -con varios achaques físicos- y Amado Boudou, que tiene la salud de un toro. Mientras, algunos ancianos detenidos por causas de lesa humanidad siguen tras las rejas, y otros como el corrupto Ricardo Jaime iniciaron una huelga de hambre para forzar su salida. Camiones de explosivo.

La perspectiva de una libertad inminente -sin controles y en cuarentena, una prisión domiciliaria es igual a la libertad del resto de los argentinos- soliviantó los ánimos. La mecha ya estaba humeante. Y era corta. En el último episodio de varios, los presos de la cárcel de Devoto tomaron el penal, lo quemaron, se lastimaron y lograron un acuerdo que les garantiza salidas y beneficios.

El contragolpe tardó nada: familiares y asociaciones de víctimas de delitos difundieron este domingo un comunicado de repudio a "la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto". Horas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió a los jueces que suelten a los presos que "pueden ser sometidos a juicio político". Otro aporte a la confusión general. Sin maquillajes ni afeites que disimulen la entropía argentina, en la que cada quien atiende su juego. Y nada más.