Más operativos judiciales por la causa de sobreprecios en los alimentos de Desarrollo Social

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En el avance de la investigación por supuestos sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el fiscal Guillermo Marijuan requirió una serie

de medidas autorizadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral. La denuncia penal la había formulado este lunes la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventual negociaciones incompatibles con la función pública. Este viernes, Marijuan libró una orden de presentación a la cartera que dirige Daniel Arroyo, pidiendo los originales de todas las actuaciones que derivaron en las compras por 547 millones de pesos. Además, se allanaron cinco empresas proveedoras.

El fiscal tiene delegada la investigación y comenzó a poner en práctica una serie de medidas que pone el foco en el vínculo entre las empresas y el Ministerio de Desarrollo Social.

A la cartera que dirige Arroyo se le ordenó este viernes que remita a la justicia todos los originales de las actuaciones celebradas desde el 19 de marzo, cuando a través de la Disposición 48/2020 se aprobó un procedimiento para agilizar la implementación de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia. Se autorizó así, la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.

Para el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, las adjudicaciones cuestionadas no sólo generaron "un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del aceite comestible y el azúcar, con un sobreprecio que supera prácticamente el 62%".

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Según Rodríguez, el Ministerio de Desarrollo Social "permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público".

Esta cadena de responsabilidades busca clarificar el fiscal Guillermo Marijuan que, según explicaron fuentes judiciales a Clarín, imputó a todos los funcionarios intervinientes en los trámites administrativos: son las quince personas que renunciaron tras conocerse las irregularidades en las compras de alimentos,

La denuncia penal alcanza no sólo al Ministerio, sino también a las empresas que fueron adjudicadas, ya que para la PIA se habría usado "un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas pero que en realidad pertenecían a los mismos grupos económicos, concentrando de ésta forma las adjudicaciones. Todos los oferentes invitados fueron adjudicados".

La PIA concluyó que esta maniobra ,"no solo afecta a los principios legales de las contrataciones del Estado" sino que "atenta contra la posibilidad de obtener un precio justo por los bienes que se pretendían adquirir en este caso motivados en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID -19".

En la apertura de la investigación, se señaló que sobre los adjudicatarios, "existirían vinculaciones entre las sociedades que fueron invitadas a la contratación pública, determinándose que algunas de ellas pertenecerían a un mismo grupo de personas". El fiscal Marijuan busca determinar si, como dice la denuncia

Las adjudicaciones cuestionadas generaron para la PIA "un beneficio a las empresas adjudicadas, sino a su vez se habría identificado una ganancia superlativa al aplicarse al caso del 97 aceite comestible y el azúcar un sobreprecio que supera prácticamente el 62%".

La imputación sostiene que el Ministerio de Desarrollo Social, "permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público".

Por tal motivo, Marijuán avanzó en el allanamiento de cinco compañías que participaron de la licitación: Equis Quince S.A., Copacabana S.A., Sol Ganadera S.A., Alimentos Generales S.A. y Teylem".

Esto ocurría, según la denuncia, con las firmas “Teylem S.A.” y “Forain S.A.”, cuyos accionistas serían los mismos. Compartirían el domicilio declarado y sus apoderados serían las mismas personas.

También se expone la vinculación que podría existir con la sociedad Blue Catering S.A., "la cual posee su domicilio en el mismo inmueble declarado por las anteriores. Por otra parte, en el caso de Equis Quince S.A. se advirtió que tuvo como empleado a Roberto Fernando Lancestremere, quien actualmente resultaría ser apoderado de Teylem S.A.”.

La Fiscalía remarcó que el presidente de Forain también ostentaría ese cargo en Equis Quince. En cuanto al grupo empresarial que fue allanado, la denuncia sostuvo que está conformado por las firmas Copacabana y Nomerobo, que "comparten a sus directores y responsables -de apellido Assisa-, contando con el mismo domicilio ubicado en la calle Paraguay 419 de esta Ciudad". Y la firma M.H. Accurso SRL -adjudicataria en uno de los casos- "no habría sido invitada, sino que se presentó de forma directa".

La mecánica se repite. Se agrupó a las sociedades Sol Ganadera S.R.L. y Alimentos Generales S.A., y detectaron que presuntamente comparten su propiedad por parte de la familia Toscano. Llega a esa conclusión el denunciante ya que Federico Andrés Toscano y Suyay Anahí Toscano serían los cuotapartistas de la primera empresa nombrada. Respecto de la segunda –Alimentos Generales-, pertenecería al nombrado Toscano y a Roberto Ricardo Toscano, declarando ambas firmas el domicilio de la Avenida Corrientes 1327.