Además, los mandatarios provinciales destacaron la necesidad de "reabrir el diálogo" sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo".

Gobernadores de 19 provincias respaldaron hoy en un comunicado que difundieron de manera conjunta la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la distribución de recursos para "evitar cualquier tipo de favoritismo" y, más tarde, ampliaron individualmente esos conceptos en declaraciones públicas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la Ciudad y destacó que a través de ese paso "empezó ese camino de recuperación de la provincia".

Al encabezar la presentación del Plan Integral de Seguridad, en La Plata, Kicillof remarcó que la insuficiencia de recursos en la provincia "impide muchas veces hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses" y atribuyó ese problema al hecho de que mientras Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables, "recibe sólo el 22%".

Por su parte, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que "el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto a redistribuir fondos coparticipables va en camino de reafirmar el sentido federal de los recursos, definición que no solo avalamos sino que celebramos".

Arcioni recordó que "la provincia del Chubut, durante la gestión del gobernador Atilio Viglione (UCR) había cedido a Nación como un gesto de solidaridad política recursos que estaba percibiendo Chubut, que a lo largo de los años durante más de tres décadas, representan una suma multimillonaria que algún día nos deberían reconocer".

La alusión de Arcioni hace referencia a que Chubut en la década del 80 cedió derechos que nunca recuperó, bajando el porcentaje de coparticipación del 1,9588% al 1,5842%.

"Nosotros somos los primeros interesados en que se discuta la distribución de los fondos coparticipables para ponernos en un pie de igualdad, porque desde entonces provincias con menos población que la nuestra reciben la misma cantidad de fondos coparticipables y otras, con igual cantidad, perciben mucho más", expuso en diálogo con Télam el mandatario chubutense.

Desde Tucumán, en tanto, consultado sobre el llamado "presupuesto federal", el gobernador Juan Manzur expresó que "es un anuncio muy importante del Presidente, Alberto Fernández, que implica una distribución más equitativa entre las provincias. La Argentina tiene que cerrar brechas con respecto a la distribución de ingresos. El norte argentino históricamente siempre estuvo postergado con respecto a otras regiones. Este diseño del presupuesto federal nos llena de entusiasmo y alegría. Nos genera esperanza de un futuro mejor".

También el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó anoche a través de su cuenta de Twitter "la derogación del vergonzoso decreto por el cual se otorgó en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires un aumento de la coparticipación en casi un 300%".

"Reclamamos muchas veces la derogación de esa afrenta al federalismo argentino; fueron más de 4 años de una transferencia vergonzosa de recursos bajo una idea de centralismo, en desmedro del resto del país", añadió.

Por su parte, la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, expresó a traves de su cuent de Twitter que "reducir desigualdades para una Argentina federal" y explicó que "junto a otros 18 gobernadores, apoyamos la medida anunciada por el Presidente para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Diálogo sobre la distribución de recursos, para evitar favoritismo".

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó a través de sus redes sociales el apoyo frente a las medidas anunciadas ayer por el Presidente referido a los fondos coparticipables entre ciudad y provincia de Buenos Aires: "Sólo respetando el espíritu de nuestra constitución, reduciendo desigualdades y corrigiendo desequilibrios, construiremos una verdadera Argentina Federal", destacó Rodríguez Saá en su twitter, acompañado sus dichos con la imagen del comunicado firmado por varios gobernadores y gobernadoras del país.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respaldó la decisión del Presidente sobre la distribución de la coparticipación federal, "para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado".

Luego de la publicación de la solicitada firmada por 19 gobernadores, titulada "Reducir desigualdades para una Argentina federal", Perotti sostuvo que "a partir del diálogo podremos trabajar por una Argentina federal".

A través de su cuenta de Twitter, el santafesino señaló que "las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández".

Además, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, explicó que la carta de apoyo "se gestó entre todos" y señaló que "hay que analizar que en el año 2016 casi la totalidad de los gobernadores nos opusimos a que se haya dado esa transferencia de fondos por tener la policía a la ciudad de Buenos Aires", en declaraciones radiales.

Para el mandatario sanjuanino, aquel decreto "desequilibraba el federalismo" y recordó: "A mí no me pagan por separado las funciones de la policía de San Juan. Es parte de las obligaciones que con la coparticipación nos hacemos cargo".

Finalmente, en declaraciones a Telam, el vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, dijo entender que "la medida tomada por el presidente Fernández está dirigida a dar una solución a la provincia de Buenos Aires, que enfrenta un reclamo de la Policía Bonaerense".

Y que "no obstante, como oportunamente lo expresó el Gobernador Gustavo Valdés, la reasignación de la coparticipación es un tema federal y debe ser consensuado por todas las provincias, que deben acordar una justa asignación de los recursos, por lo que pienso que esa será la manera de paliar las asimetrías que hoy existen dentro del país, y que dificultan el desarrollo equitativo de las provincias argentinas".

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, sostuvo hoy que la empresa Vicentin "profundiza su estrategia de vaciamiento y saqueo" al lograr "apropiarse de más de US$ 800 millones" en lugar de cancelar las deudas de sus acreedores, y a la vez incurre en maniobras que incluyen exportaciones millonarias a través de terceras empresas.

"Estos 800 millones de dólares representan casi el 60 % de las deudas totales que reconoce el Grupo Vicentin", afirmó Lozano al señalar que el accionar de la cerealera nacional se hizo "ante los mismos ojos de una justicia comercial y penal que parece no querer ver".

En este caso, por diferentes vías, "Vicentin logró apropiarse de más de US$ 800 millones que, en lugar de ir a cancelar las deudas de sus acreedores en el Concurso que tramita en Reconquista, han ido a parar a sus bolsillos y seguramente a sus cuentas en el exterior", advirtió Lozano a través de un comunicado.

Sobre la maniobra, el director del Banco Nación explicó que "48 horas antes de declararse en cesación de pagos, Vicentin se desprendió del 16 % de las acciones que el Grupo tenía en la empresa Renova. Por esta venta realizada aparentemente por Vicentin Uruguay cuando supuestamente las acciones eran de Vicentin Paraguay, habría obtenido US$ 122 millones".

Por otro lado, recientemente vendió el Frigorífico Friar por US$ 200 millones "valiéndose de una maniobra de desdoblamiento del Grupo y de traslado de la "cabeza del holding" desde Argentina a Uruguay".

Por último, las investigaciones desarrolladas desde el Banco Nación indican que "Vicentin sigue exportando a través de terceras empresas", precisó Lozano.

Dos firmas, Díaz & Forti S.A y Oleaginosa Moreno evidencian un crecimiento exponencial de su presencia exportadora en los rubros de exportación históricos de Vicentín.

En el primer caso (Díaz & Forti) empresa rosarina perteneciente al Grupo Olio que hoy alquila las instalaciones de Vicentin, pasó de exportar cuatro millones de dólares en 2019 a 212 millones de dólares en el 2020.

A la vez, Oleaginosa Moreno Hnos., empresa socia en términos comerciales, financieros y en inversiones conjuntas con Vicentin, pasó de exportar el 14% el año pasado a representar el 24 % del total de exportaciones de harina de soja.

Se ubicó así en el primer lugar de los exportadores, posición de mercado que hasta el 2019 ostentaba Vicentin, en un salto que supone unos US$ 300 millones.

"Mientras el Juez Comercial Fabián Lorenzini hace de cuenta que nada ocurre y continúa apañando las irregularidades de Vicentin, el Juez Penal Ercolini dice que no es necesario inhibir los bienes de los dueños de Vicentín ni controlar los movimientos empresarios del Grupo, ya que están vigilados por el Juez del Concurso", expresó el economista.

Así lo advirtió un informe elaborado por el Banco Nación, realizado por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.

La compañía agroexportadora Vicentin sufrió un proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial que la llevó al default declarado en diciembre de 2019 por más de US$ 100.000 millones y que en medio de su concurso de acreedores vendió una parte de sus empresas, advirtió un informe elaborado por el Banco Nación.

En un trabajo realizado por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti a pedido de la entidad oficial, enfatizaron que el "vaciamiento" de Vicentin incluyó la creación de empresas en el exterior y cambios en su estructura corporativa, que determinaron un "desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial".

A partir de eso se crearon empresas holding en Uruguay como Vicentin Family Group (VFG) que adquirieron participaciones en firmas del grupo, especialmente, entre 2014 y 2017 que les permitió a los accionistas "vender las participaciones de algunas de las principales empresas del grupo -como Renova o Friar - luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores".

"Lo ocurrido con Friar es un ejemplo de esta trayectoria: Vicentin compró la firma en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial", puntualizó el informe.

Otro punto que profundizó el vaciamiento fue la compra-venta de empresas y operaciones intra-grupo, operaciones que "se caracterizaron por la opacidad de la información consignada en los balances", al mismo tiempo que el grupo tampoco "informó en sus balances transferencias de acciones muy relevantes a nivel patrimonial", como es el caso Terminal Puerto de Rosario (TPR), de la cual compró el 30% en 2012 y vendió el 20% en 2017.

También compró y vendió participaciones de empresas con pocos días de diferencia, como es el caso de Playa Puerto, además de que, a pesar de que Vicentin SAIC haya quedado con participaciones minoritarias en diversas empresas, oficiaba como garante en sus préstamos.

El vaciamiento financiero se dio en el marco de una "performance (económica) sobresaliente en los últimos años", pero en simultáneo con "un creciente endeudamiento de las distintas empresas del grupo concentrado en pocos acreedores" y, que en el caso de Vicentin SAIC, "se llevó adelante de forma desfasada a la generación de fondos propios".

Otro punto que destaca es la realización de préstamos financieros intra-firma que tuvieron como protagonistas a las cáscaras en Uruguay, las cuales "movilizaron fondos al extranjero que permitirían pensar a estos como una forma de salidas de capitales".

Entre finales de 2019 y principios de 2020 "el vaciamiento se aceleró" y el patrimonio neto de Vicentin SAIC cayó "drásticamente".

De esta manera, "las diversas cuentas bancarias de Vicentin SAIC comenzaron a poseer saldos negativos debido a que los retiros superaron a los depósitos".

Por último, Vicentin se vio imposibilitada de vender al exterior su producción, pero diversas empresas relacionadas adquirieron producción de Vicentin que luego fueron exportadas a través de la Sucursal, "es decir, estamos hablando de un “pasamanos” ya que en última instancia los bienes fueron adquiridos por la misma empresa que los vendió.

La medida tomada por efectivos de la Policía Bonaerense cosechó el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la "institucionalidad" y encauzar el conflicto por la vía "democrática".

La protesta de efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Residencia Presidencial de Olivos cosechó hoy el fuerte repudio de buena parte del arco político y de las principales centrales sindicales, que llamaron a respetar la "institucionalidad" y encauzar el conflicto por la vía "democrática".

El Partido Justicialista, la CGT, las dos CTA y legisladores e intendentes del oficialismo cuestionaron la modalidad del reclamo policial bonaerense, llamaron a respetar la "institucionalidad" y repudiaron "la manipulación política" y las "actitudes desestablizantes" que le atribuyen a sectores de Juntos por el Cambio durante la evolución de las protestas.

En tanto, distintas organizaciones sociales desactivaron por "expreso pedido de las máximas autoridades" la marcha hacia la residencia presidencial de Olivos que había sido convocada para hoy a las 20 con el objetivo de "repudiar las acciones desestabilizadoras" y la metodología de protesta de efectivos de la policía bonaerense.

"Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", escribió en su cuenta de Twitter el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois.

La convocatoria había sido realizada por el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Territorial La Dignidad, el Frente Patria Grande, el Movimiento Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez, y la Corriente Nacional Martín Fierro.

A través de un comunicado de prensa, PJ nacional expresó su "más firme apoyo a las autoridades institucionales de la provincia", cuando se cumplen hoy tres días consecutivos de protesta de efectivos de la Policía Bonaerense, que incluso se replicó en las puertas de la Residencia Presidencial de Olivos y frente a la Gobernación provincial.

El Partido Justicialista, principal fuerza integrante del gobernante Frente de Todos, apuntó contra la "manipulación política de la protesta" protagonizada por "quienes fueron gobierno durante cuatro años y generaron la pérdida de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores argentinos, tanto del sector público como privado".

El PJ nacional, que conduce el diputado José Luis Gioja, subrayó que "las consignas de diálogo, institucionalidad y república están vacías de contenido cuando son acompañadas por actitudes desestabilizantes para el sistema institucional y democrático".

La protesta frente a la Quinta presidencial fue repudiada por algunos dirigentes de la UCR, en contraste con el silencio, al menos hasta esta tarde, de los líderes del PRO y la Coalición Cívica, como el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y la exdiputada Elisa Carrió.

En cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de "inadmisible" a la presencia de efectivos de la Policía Bonaerense en la Quinta Presidencial de Olivos y dijo que "no es la forma ni el lugar" para llevar adelante un reclamo salarial.

"El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino", aseguró Rodríguez Larreta a través de una publicación en sus redes sociales.

Diputados de la UCR, como Facundo Suarez Lastra y Emilio Yacobitti, entre otros, salieron a desmarcarse de la postura de sus aliados del PRO, en Juntos por el Cambio (JxC), al considerar "inaceptable" la protesta policial bonerense frente a Quinta Presidencial y señalar que la única manera de solucionar el conflicto es mediante un "dialogo responsable".

De igual modo, se expresaron los senadores radicales Luis Naidenoff, titular del interbloque en la Cámara alta, y Martín Lousteau.

"Hay que enviar una señal muy fuerte. El derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la Argentina", dijo Naidenoff.

Por su parte, el porteño Martín Lousteau reclamó "bajar el nivel de la confrontación y el agravio fácil" y agregó que "la protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas".

En un pronunciamiento conjunto los bloques de diputados y senadores nacionales del oficialista Frente de Todos expresaron su "repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense",

Para los legisladores oficialistas, "rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados, que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político".

"Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas", remarcaron.

En tanto, el consejo directivo de la CGT condenó "el exceso del legítimo reclamo" de los policías bonaerenses y aseguró que "la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado".

La CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvo en un comunicado que "la visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto y, todas las acciones posteriores, constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones".

Los integrantes del consejo directivo cegetista reclamaron que "la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales", y señalaron que "la desigualdad social, la pandemia de coronavirus y la difícil realidad económica no justifica la insubordinación".

También los Intendentes del Frente de Todos de la tercera sección electoral rechazaron la protesta por considerarla como una "amenaza y un amedrentamiento".

Bajo el título "El Reclamo es Justo. El Método No", los jefes comunales difundieron en las redes un comunicado en el que consignaron que se puede "comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno".

El posteo en las redes redes del comunicado fue realizado, entre otros, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Hurlingham, Juan Zabaleta, entre otros.

Numerosas organizaciones sindicales se solidarizaron con Kicillof, como los municipales, ambas CTA, la Asociación Bancaria (AB) y los estatales (ATE) y repudiaron lo que consideraron "una maniobra política contra las instituciones".

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), su titular, Hugo Yasky, exhortó a la Policía Bonaerense a encauzar la protesta en el "marco de la ley" y afirmó que "no se puede convertir el reclamo en una especie de acto sedicioso".

La tarjeta tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por María Aguirre|Según el Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentar volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentar volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno.

El Gobierno invertirá $ 30.000 millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), un instrumento destinado a garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante todo el 2020, una inyección total por parte del Estado de $ 90.000 millones.

Así lo informaron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, y que además detallaron que, desde enero hasta agosto pasado, la Tarjeta Alimentar "volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno", que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

Con una inversión mensual de 7.700 millones de pesos, la TA tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

"La Tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía desde abajo: por un lado, mejora la calidad de la alimentación de las familias, y por el otro, descentraliza las compras, moviliza el comercio y la producción local de los alimentos", explicó a Télam Arroyo.

El Plan Argentina contra el Hambre, puesto en marcha en diciembre del 2019, poco después de que Alberto Fernández asumió la Presidencia, tiene como uno de sus pilares fundamentales a la Tarjeta, que terminó de distribuirse en marzo último, pese a los contratiempos que impuso la pandemia de coronavirus.

Desde enero hasta agosto, las familias destinaron el 62 por ciento del dinero que reciben mensualmente en la TA a la compra de los alimentos recomendados por el Ministerio (principalmente carne, leche, frutas y verduras), según un relevamiento realizado por la cartera.

Además, el 45 por ciento de las compras registradas está compuesto por carnes, frutas y verduras, un objetivo del Ministerio de Desarrollo, que orientó la oferta a productos de calidad nutricional, que son más caros que los alimentos secos, como las harinas, por ejemplo.

Los otros planes de asistencia

En el universo global de la asistencia, el Gobierno ya cuadruplicó en los primeros seis meses del año los 15.000 millones de pesos asignados durante todo el 2019 a los sectores más vulnerables, según un informe de la Secretaría de Inclusión Social, que fue presentado el mes pasado ante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

También, de enero a julio pasado, unas 20.000 escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos.

El mes pasado Arroyo adelantó que su cartera avanzará en 3 ejes: "mejorar la calidad nutricional con transformaciones profundas, fortalecer la comensalidad en los hogares y robustecer la pequeña escala de producción de alimentos (acercando a productores y consumidores) con varias iniciativas, una de ellas el Prohuerta".

La Tarjeta Alimentar, provincia por provincia

Buenos Aires, 557 mil tarjetas para 1.100.000 beneficiarios; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41 mil tarjetas para 72 mil personas; Catamarca 16.600 plásticos para 29 mil destinatarios; Chubut, 12.700 tarjetas para 21.700 beneficiarios; Córdoba, 117 mil tarjetas para 217 mil personas.

Corrientes, 52,400 tarjetas para 99.600 destinatarios; Entre Ríos, 38 mil tarjetas para 70.400 personas; Formosa, 32.400 tarjetas para 61.700 beneficiarios; y Jujuy, 31.600 tarjetas para 54.200 usuarios.

La Pampa, 10.200 tarjetas para 19 mil personas; La Rioja, 15.300 tarjetas para 26.600 beneficiarios; Mendoza, 69.300 tarjetas para 134.400 destinatarios; Misiones, 63.600 tarjetas para 127.600 personas; Neuquén, 16.300 tarjetas para 28.700 personas; y Río Negro, 20.200 tarjetas para 35.800 personas.

Salta, 65.700 tarjetas para 125 mil personas; San juan, 33.200 tarjetas para 66 mil destinatarios; San Luis, 16.800 tarjetas para 29.800 usuarios; Santa Cruz, 9.500 tarjetas para 15.500 personas; Santa Fe, 110 mil tarjetas para 200 mil personas; Santiago del Estero, 52.700 tarjetas para 100 mil personas; Tierra del Fuego, 3.400 tarjetas para 5.400 personas; y Tucumán, 70.800 tarjetas para 131 mil personas

El ministro de Economía lo afirmó al dialogar con el profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz.

El ministro de Economía, Martín Guzmán dijo hoy que el Gobierno solo tiene "la intención de refinanciar su deuda con el Fo

Guzmán habló en una transmisión por internet con el profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, y dijo que el objetivo al que apunta en el Gobierno en las negociaciones con el FMI es el de "reemplazar el programa que Argentina y el FMI firmaron en 2018, y que no funcionó, por uno que funcione", informó la agencia Bloomberg.

"Esperamos tener negociaciones basadas en la responsabilidad y en el entendimiento de cuál es la situación de Argentina hoy", añadió.

El ministro participó en una conferencia del Foro Europeo Alpbach, una organización de discusiones sobre temas políticos y económicos que todos los años realiza un foro de debate en ese pequeño pueblo alpino de Austria.

Guzmán destacó el "papel positivo" del FMI, en el proceso de renegociación de la deuda pública argentina finalizado en agosto y destacó que el organismo jugará un rol importante en "la evaluación de la sostenibilidad" de la deuda de países en situaciones similares.

"Para nosotros, restaurar la sostenibilidad era fundamental y sostenibilidad significa que queríamos redefinir nuestros compromisos de deuda de una manera que fuera coherente con una economía que pudiera recuperarse y sostener esa recuperación en el tiempo", puntualizó el ministro.

El jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que "habría sido de muy poco valor hacer una promesa que luego no podríamos cumplir".

"Por eso, las negociaciones fueron duras en este punto. La sostenibilidad también es importante para los acreedores porque si el país no tiene la capacidad para pagar, el valor de los bonos también es muy bajo y refleja el hecho de que el país no puede pagar", completó.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño realizó una nueva denuncia por el uso de los fondos reservados de los espías.

Por Ari Lijalad|Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani usaron fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para adquirir un software de espionaje ilegal junto a otros programas para trabajo administrativo, todos con sobreprecios y por contratación directa. En el sistema de espionaje gastaron más de un millón de dólares, en la compra de Licencias de Bases de Datos Oracle pagaron 30 millones de pesos y en un software de gestión de expedientes jurídicos más de 3 millones de pesos.

El software de espionaje ilegal que compraron Macri y sus jefes de inteligencia cloacal se llama “OpenMind”, que traducido es “Mente Abierta”. Según informaron desde la actual intervención de la AFI, fue una “contratación directa de una licencia de software denominado ‘OpenMind’, herramienta informática que se utiliza para la recolección y análisis de fuentes abiertas de Internet, todo ello en miras de ser empleada para la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio que tendría lugar cuatro meses después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Todo esto está prohibido por la Ley de Inteligencia, por lo que además de la compra sin controles era una herramienta que no debían utilizar.

Los datos surgen de una nueva denuncia que realizó Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI, en la que pidió la indagatoria de Macri, Arribas y Majdalani junto a otros directores de la casa de espías por los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de María Romilda Servini, que deberá investigarlo junto al fiscal del lawfare Eduardo Taiano.

Apenas asumió la presidencia Macri le devolvió los fondos reservados a la AFI. Ahora se empieza a conocer para qué los usaron. Esta nueva denuncia involucra U$S 1.430.000 y $ 33.309.880. “Sumado a las anteriores dos denuncias presentadas durante el mes de agosto, se solicitó a la justicia la investigación de compras y contrataciones por un total de U$S 2.203.641 y $ 47.198.824, ejecutadas por la anterior gestión de la AFI”, informaron desde el organismo.

En la denuncia consta que el 13 de octubre de 2017 se emitió una orden de compra de ese software por 1 millón de dólares (de acuerdo al tipo de campo en ese entonces, unos 17.500.000 pesos), al mes siguiente una renovación anual por 127.000 dólares y luego un pago trimestral de 30.000 dólares. También que ese mismo mes Arribas y Majdalani compraron servidores, equipamiento y otros softwares necesarios para implementar el sistema “OpenMind” por 306.859 dólares. Todos estos gastos, sumados, alcanzan los 20 millones de pesos.

“UN MILLÓN DE DÓLARES de fondos públicos para la obtención de una simple herramienta informática, justificado ilegítima e irracionalmente en la celebración de un evento internacional”, afirma la denuncia. Y la intervención de la AFI agregó: “todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación -atento a lo excesivo del monto y la exclusividad del servicio por el proveedor- al tiempo que tampoco se justificó la utilización del pago en moneda extranjera –dólares-, ajena al curso legal”.

El caso del espionaje en la conferencia de la OMC fue publicado por El Destape, como una de maniobras de espionaje ilegal masivo desatadas por la AFI macrista. Lo más insólito del caso es que, según informaron desde la intervención de la AFI, “parte de los bienes comprados fueron recibidos recién en febrero de 2018, es decir, dos meses después de finalizado el mencionado evento internacional, lo que evidencia la manifiesta ineficacia, debido a los incumplimientos de la debida planificación”.

Macri, Arribas y Majdalani también gastaron 30.129.395 pesos en la compra directa de Licencias de Bases de Datos (Oracle) a la firma Preteco S.A. “Se pagaron más de 30 millones pesos por un sistema operativo del que únicamente se utiliza una parte de él y, como mayor agravante, existen otros software libres que no sólo sustituyen a Oracle, sino que son mucho más eficientes”, indicó la interventora Caamaño.

Por último, Arribas y Majdalani también hicieron una contratación directa de un software de gestión de expedientes jurídicos a la empresa One Finger. “Un dedo” y “Mente Abierta”. En este caso tampoco hubo controles y, según informaron de la AFI, se pagaron “$3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado por presentar un ‘precio elevado’”.

“Cabe agregar que la actual intervención de la AFI encontró el referido software parcialmente instalado y con su desarrollo incompleto, por lo cual de querer utilizar el mismo esto no sería posible”, agregaron desde la AFI y la interventora Caamaño afirmó que “lamentablemente, o intencionadamente- se fueron en pago más de tres millones de pesos en un software inutilizable”.

El director ejecutivo de la Conae, Raúl Kulischevsky anticipó en diálogo con Télam cómo continúa el proyecto tras el lanzamiento del satélite antes de retornar al país desde la base de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Por Guillermo Lipis|Concluida la primera semana desde su despegue, el satélite Saocom-1B se encamina, desde el 7 de septiembre, a cumplir su segunda etapa y "calibrar el sistema de propulsión antes de moverlo a su posición orbital definitiva", dijo Raúl Kulichevsky, el director ejecutivo de la Conae, antes de retornar al país desde la base de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Para Kulichevsky estos primeros siete días son "significativos porque son los más críticos en la vida de un satélite en cuanto a la comprobación de que todo funciona bien".

"Después del lanzamiento vienen temas como encender el transmisor, que comunica al satélite con la Tierra, un minuto después de que se separa el satélite del lanzador, y tres minutos más tarde se debían abrir los paneles solares, que producen su energía", explicó.

Lo cierto es que "todos los subsistemas del satélite funcionan mientras la batería tiene carga, ¿y cómo se recarga? A través de los paneles solares que tienen que estar perfectamente orientados hacia el sol, si eso no sucede el satélite se muere", sentenció Kulichevsky como para dejar en claro la precisión de cada operación.

La segunda etapa en la vida útil del Saocom-1B comienza este lunes 7 de septiembre.

Télam: ¿Qué ocurrirá desde este lunes?

Kulichevsky: Comenzamos a calibrar el sistema de propulsión antes de mover al satélite hacia la posición orbital definitiva junto a cuatro satélites italianos y el Saocom-1A, que completan la constelación del Siasge (creada por la Conae y la agencia espacial italiana ASI).

La ubicación final se produce en tres maniobras por día, y son necesarias 30 operaciones, es decir que el proceso lleva 10 días.

Luego arranca la etapa de calibración de la antena, y una vez finalizada estamos en capacidad de adquirir imágenes, aunque éstas llevan un tiempo de perfeccionamiento. El ajuste de la antena lleva, aproximadamente, unos tres meses.

Sumados estos plazos, desde el momento del lanzamiento hasta los ajustes finales para que el satélite esté operativo ciento por ciento, "esa puesta a punto lleva entre cuatro y cinco meses", dijo Kulichevsky.

Este platense por adopción, y sanjuanino de nacimiento que retorna a la Argentina este domingo junto a la delegación que viajó a Cabo Cañaveral para el lanzamiento del Saocom-1B, dijo a Télam que el miércoles completaron, "oficialmente, la etapa del lanzamiento".

Si bien la tarea con el satélite no concluyó, reconoció que se sacaron de encima "un tremendo estrés y ansiedad. Nos tomó un día recuperarnos del lanzamiento. Estábamos tan excitados que no podíamos dormir. Recién ahora nos estamos relajando y volviendo a nuestras actividades".

Y recordó que "el día del lanzamiento fue tremendo porque no sabíamos si se realizaba debido al clima. Se terminó resolviendo tres minutos antes del despegue, fue un estrés increíble, pero una emoción y alegría indescriptible".

La jornada del lanzamiento, el presidente Alberto Fernández dijo que el Saocom-1B "permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer para optimizar nuestros esfuerzos", como "medir la salinidad y movimientos de la tierra, los glaciares, el agua y los ríos".

T: ¿Cuál es la vida útil del satélite y qué ocurre cuando ésta concluye?

K: El Saocom-1B fue diseñado para 7 años, pero esperamos que dure mucho más.

Y cuando termina su vida útil tenemos dos opciones: hacer un reingreso controlado a la atmósfera para que lo que no se quema del satélite caiga en el océano, o mandarlo a volar al espacio exterior.

El equipo técnico regresa este domingo desde Miami en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, "y seguiremos trabajando cada uno desde su casa, así que va a ser una alegría inmensa", resaltó.

T: ¿Y a qué vuelve en términos de próximos proyectos?

K: A la Misión Sabiamar, que ya está en su etapa de ingeniería de detalle del satélite.

Según información de la Conae, este emprendimiento está integrado por dos satélites que tendrán como objetivo la observación del mar y las costas, y aportará datos para la gestión y manejo de recursos pesqueros, y realizar estudios costeros regionales relacionados a la calidad y la dinámica del agua y humedales.

"También estamos pensando en la segunda generación de los Saocom, queremos tener nuestro vehículo lanzador Tronador, y gestionar la capacitación de posgrados en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), próximo a Alta Gracia, en Córdoba", agregó Kulichevsky.

T: Mientras usted detallaba los proyectos, imaginaba lo valioso de la capacidad profesional de los integrantes de la Conae.

K: Sí, hay que destacar la capacidad técnica de toda nuestra gente.

El equipo argentino se ha ganado el respeto de los profesionales de la empresa Spacex y de la NASA. Pero no es un hecho puntual, sino que nuestra formación profesional está a la altura de los mejores, podemos hablar de igual a igual, discutir y muchas veces imponer puntos de vista.

La mayoría de los profesionales somos fruto de universidades públicas argentinas, luego, en Conae, Invap y VENG (la empresa de desarrollos tecnológicos con participación pública y privada a cargo de la operación del centro de control del Saocom) damos una formación adicional y traspasamos las experiencias.

Kulichevsky reúne una alta calificación profesional, capacidad de trabajo y el recuerdo permanente de sus raíces. Saber de dónde uno viene ayuda a organizar el camino porque los sueños se arman en ese punto de encuentro de la juventud y la vocación, que va apareciendo.

T: Además de la satisfacción por la tarea cumplida, ¿en qué otra cosa piensa cuando concluye una tarea como la del lanzamiento del Saocom-1B?

K: Me acordaba de mis abuelos, uno era carpintero y el otro sastre. Ambos llegaron a la Argentina antes del Holocausto, pero perseguidos por los pogroms en Rusia. Y en mis viejos, él es tucumano y mi vieja sanjuanina, fueron la primera generación que dio un salto enorme desde sus padres que llegaron de la nada, tan solo con una valijita... y ahora estamos nosotros para continuar ese legado y seguir construyendo este futuro.

No sé... creo que es un recorrido extraordinario... cuando uno habla de la Argentina como tierra de oportunidades e igualdad... es grandioso, increíble, porque no pasó tanto tiempo entre mis abuelos y yo. Son tan solo dos generaciones.

Kulichevsky agregó que desde pequeño le gustaron los temas del "espacio, aunque no tenía idea si podría desarrollarme en algo así en Argentina".

Estudió Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de La Plata, "pensé que eso me acercaría al espacio de algún modo", explicó a Télam.

"Hoy siento mucha satisfacción y el privilegio de hacer lo que me apasiona. No me imaginé estar en un proyecto tan apasionante como el Saocom", reflexionó como una gran síntesis de su carrera.

"Un recorrido que no termina porque se vienen otros proyectos. Uno va renovando sus sueños", concluyó, como anclaje al punto de partida de su próximo desafío.

Según la AFIP, en los primeros ocho meses del corriente año los ingresos tributarios superaron los $4 billones, con un crecimiento del 27,3% interanual.

La recaudación de agosto subió 33,5% interanual y alcanzó los $ 612.146 millones, impulsada por el pago del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, que habían sido prorrogados en medio de las medidas tomadas para morigerar los efectos económicos relacionados con el coronavirus, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias registraron en agosto un incremento del 37,4% frente al mismo período del año pasado", precisó el organismo, tras lo cual subrayó que el Impuesto sobre los Bienes Personales contabilizó un aumento del 685,1% en relación con igual período de 2019.

El resto de los tributos tuvieron un comportamiento vinculado a la situación derivada del impacto del coronavirus en el consumo. De allí que, por ejemplo, los ingresos en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -relacionados con el consumo- sumaron en agosto $157.976,7 millones, con un incremento del 11,7% en relación con el mismo mes del año pasado, por debajo de la evolución de la inflación en similar período.

"El comportamiento del IVA refleja los efectos sobre la recaudación que tiene la evolución de la actividad económica y el mayor acogimiento a Planes de Facilidades de Pago", indicó la AFIP en un comunicado.

De los $157.976,7 millones ingresados en concepto de IVA, $107.903 millones correspondieron al IVA Impositivo, un ítem que mostró un incremento del 14,5% en relación a los valores de agosto de 2019.

"Junto con el efecto asociado a los menores niveles de actividad y las políticas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria, este componente del impuesto estuvo condicionado por las mayores compensaciones realizadas por los contribuyentes hacia otros impuestos como Ganancias, Bienes Personales y Combustibles", sostuvo la AFIP.

Por su parte, los ingresos generados por el IVA Aduanero contabilizaron $55.373,7 millones,con un alza del 6,4% interanual.

"Si no se contempla el incremento en compensaciones netas hacia otros impuestos, las acreditaciones por reintegros a los sectores vulnerados y la menor cantidad de días hábiles para la recaudación aduanera, la variación interanual por el IVA en agosto ascendería al 22,8%", detalló la AFIP.

Lo mismo sucedió con los recursos vinculados con el Sistema de Seguridad Social que marcaron en agosto un incremento del 22,1% en relación con el mismo mes del año pasado.

"El desempeño de estos impuestos evidencia, entre otros elementos, los efectos de la postergación del pago del componente SIPA de las contribuciones patronales en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), así como la vigencia del plan de facilidades de pago para regularizar dichos vencimientos", explicó la dependencia que conduce Mercedes Marcó del Pont..

Por su parte, los Derechos de Exportación alcanzaron en agosto los $37.023,4 millones, lo que representó una caída nominal del 6% interanual.

En tanto que el Impuesto PAIS -el impuesto del 30% que grava la compra de US$200 mensuales- generó ingresos por $21.888,5 millones.

De esta forma, la recaudación acumulada durante los primeros ocho meses de vigencia de este tributo asciende a $89.611,1 millones.

El informe de la AFIP precisó entre enero y agosto, los ingresos tributarios superaron los $4 billones, con un incremento del 27,3% interanual.

Por último, la dependencia nacional destacó que en agosto la dinámica de la recaudación volvió a evidenciar una desaceleración en el ritmo de contracción en términos reales con relación a los registros observados desde que inició la pandemia del Covid-19.

El programa fue lanzado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. "Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra", indicó el mandatario.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, presentaron hoy un plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena por un monto total de $12.781 millones.

El Presidente, durante una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en el marco de la celebración del Día del Agricultor y Agricultora, también anunció la firma del proyecto de decreto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que fue sancionada en 2015 por el Congreso.

En ese marco, Fernández dijo que "hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen”.

“Hay que llevar conocimiento, infraestructura, trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas, muchas décadas, en la Argentina es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas”, agregó el jefe del Estado.

En este sentido, afirmó que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país". "Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal del que hoy somos, porque decimos ser un país federal pero no actuamos como un país federal, actuamos como un país muy concentrado en el puerto de Buenos Aires”, subrayó.

Asimismo, Fernández afirmó que “cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo.

En el marco de la implementación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015, el presupuesto para el área de agricultura familiar de la cartera agropecuaria pasó de $1.305 millones en 2019 a $1.918,9 millones en 2020 y se estima que tenga un incremento de 119% en 2021, alcanzando los $2.863,6 millones.

También habrá aumentos en fondos destinados al programa Pro Huerta que pasaron de $120 millones en 2019 a $270 millones en 2020 y que treparán a $400 millones en 2021.

La cartera de Agricultura -en un comunicado de prensa- subrayó que a los más de $2.863 millones que será aportados por el Estado nacional en el presupuesto, se le sumarán el año que viene otros $10.097 millones provenientes de organismos multilaterales.

Este aumento en el presupuesto será destinado, además de los programas integrados en la Ley 27.118, a financiar planes que ya se encuentran en marcha como Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino (Procanor), a el Programa de desarrollo de las cadenas caprinas (Prodecca) y al Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales (Pisear), que alcanza en todo el país a unas 9700 familias de pequeños productores, entre otras iniciativas.

Respecto a la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, que fue sancionada en 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, Basterra consideró que la misma, es "una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.

En este sentido, sostuvo que desde la cartera que conduce se trabaja "para que el descenso histórico que ha tenido la población rural se pare”.

En el marco de la implementación de la Ley 27.118, la cartera agropecuaria indicó que se lleva adelante una política de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar por medio del fortalecimiento del Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar y del desarrollo de una incubadora de cooperativas productivas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

Asimismo, remarcó el otorgamiento de créditos productivos a tasa subvencionada tanto para los núcleos de la agricultura familiar como para las organizaciones y de la implementación de un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y ART.

Los colectivos opinaron, en diálogo con Télam, sobre el decreto del gobierno nacional "Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional".

El gobierno nacional estableció esta semana que los cargos públicos deberán ser ocupados en una proporción "no inferior al uno por ciento" por personas travestis, transexuales y transgénero idóneas, una medida que de manera local ya habían implementado provincias y localidades del país y sobre la que colectivos trans opinaron en diálogo con las corresponsalías de Télam.

Es el caso de Neuquén, donde el cupo laboral del uno por ciento ya era una realidad gracias a una ordenanza municipal que lleva el nombre de Yanina Piquet, una de las primeras activistas trans de la provincia, que en 1990 lideró un sinnúmero de gestiones para mejorar las condiciones de vida para el colectivo.

Yanina murió en 2011 "sin ver cómo sus luchas transformaban la realidad, pero dejando en todo el colectivo LGBTTI+ su ejemplo de valentía y determinación", dice la ordenanza.

Georgina Colicheo, de 52 años, es mujer travesti, mapuche, se reconoce como trabajadora sexual y es militante social de Río Negro, donde fundó la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales (ATTS) que impulsó la Escuela Popular de Género, el Consultorio Inclusivo y el Club Social Deportivo y Disidente de Fiske Menuco y realizó el primer relevamiento de personas trans del Alto Valle.

"Nos persiguen, detienen o matan, queremos salir de una situación de precariedad", contó, mientras con la Universidad Nacional del Comahue, el Hospital Francisco López Lima y la Escuela Cooperativa Casa Verde ofrecen charlas, capacitaciones, acceso a la educación y realizan testeos de VIH en la vía pública.

Algo más al norte del país, Francia Gabriela López es graduada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), profesora de Ciencias Jurídicas y Contables, licenciada en Enseñanza de la Economía, directora de una escuela pública, conductora del programa "Impropias" en Radio Nacional y militante social.

Gracias a un fallo histórico, la justicia provincial le otorgó la adopción plena de su hijo Juan Emanuel, de 9 años, y hace unos días fue protagonista de un hito al leer una intención durante la misa patronal de San Luis Rey, en la catedral de San Luis, para conmemorar los 426 años de su fundación.

En diálogo con Télam, reconoció que sus compañeras se ven "muy afectadas por la pobreza, que les lleva a vivir en situación de calle o al trabajo sexual".

También en San Luis, vive Pablo Amílcar Ramírez un varón trans de 33 años que se desempeña como jefe del Programa Diversidad, de la Secretaría de Mujer de San Luis, uno de los primeros en visibilizar allí las luchas del colectivo.

   "Hay que trabajar para que ciertos comentarios y chistes dejen de ser estigmatizantes y represivos"

   Pablo Amílcar Ramírez

Contó a Télam que fue criado "con mucho amor y libertad" por sus abuelos: "Cuando terminé el secundario, comencé la construcción de mi identidad, siempre masculina", porque "necesitaba posicionarse en un rol activo en la sociedad”.

Fue la primera persona trans operada por el sistema público provincial en el 2017, un proceso que llevó cinco años, que lo hizo "libre y fue un logro de todo el colectivo", aseguró y compartió que su labor como funcionario representa un nuevo desafío.

"Discutimos mucho sobre el cupo laboral trans, la salud, la educación, espacios que para nosotros son, muchas veces, de tortura, y hay que trabajar para que ciertos comentarios y chistes dejen de ser estigmatizantes y represivos", pidió.

Desde Santa Fe, Alejandra Ironici es pionera en la militancia por los derechos de las disidencias sexuales y de género y en diálogo con Télam, explicó: "Si bien tenemos un vasto recorrido, aún hay derechos por conquistar".

   "Si bien tenemos un vasto recorrido, aún hay derechos por conquistar"

   Alejandra Ironici

Nacida en la ciudad de Tostado en 1976, fue la primera en acceder a la operación de reasignación de sexo a mediados de 2013, logró también tener un DNI con su identidad, presidir la vecinal Pro Mejoras Barranquitas y ser trabajadora efectiva del Hospital Iturraspe.

Comenzó su militancia en 1999, cuando llegó a Santa Fe y recordó que ingresar a la facultad de Ciencias Económicas fue "darse la cabeza contra la pared" porque, al vestir "camisitas entalladas, pantalones chupines", provocó rechazo en un ambiente donde "no había casi mujeres, menos travestis y trans".

Martín Apaz, de Córdoba, es fundador de la organización Devenir Diverse y presidente de la Liga LGBTIQ+ y rememoró en diálogo con Télam que "hubo cinco décadas de lucha" en reclamo de sus derechos, para conseguir el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Código Civil y Comercial, la identidad autopercibida y la salud.

   "9 de cada 10 personas del colectivo no tiene trabajo formal, salvo la prostitución"

   Martín Apaz

También aportó que "9 de cada 10 personas del colectivo no tiene trabajo formal, salvo la prostitución, que conlleva violencia institucional, hábitos de drogas y exposición de las ETS (enfermedades de transmisión sexual)".

Lourdes Ibarra nació en la capital jujeña, residió la mayor parte de su vida en Palpalá, es actriz, profesora de artes y creadora de la Fundación Damas de Hierro (2008), con la que consiguieron realizar el primer censo de la población trans provincial, la aplicación del cupo laboral en la ciudad de San Pedro y la adhesión a la ley de Identidad de Género.

En junio de 2012 recibió su DNI, lo que le "cambió la vida: es reconocer cómo te autopercibís", reveló a Télam la activista de 35 años.

Por su parte, Saira Millaqueo, activista trans e integrante del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca se definió cómo “una luchadora más de la reinvindicación de nuestros derechos y para reafirmar todo lo que hemos conquistado".

   "Sabemos que la nueva gestión tanto provincial como nacional contempla nuestras especifidades, y necesidades"

   Saira Millaqueo

Ella es jugadora de hockey trans federada en la categoría femenina de la Argentina y contó que "la situación en Bahía Blanca es compleja porque no vemos una línea de atención directa hacia nuestra población. Pero sabemos que la nueva gestión tanto provincial como nacional contempla nuestras especifidades, y necesidades".

"A partir del canje externo la República Argentina enfrentará vencimientos de los títulos externos por aproximadamente 4.500 millones de dólares en el período 2020-2024 en lugar de los USD 30.200 millones originales", indicó el Ministerio de Economía.

La Argentina despejó el horizonte financiero de los vencimientos de deuda pública al menos hasta 2025 tras alcanzar el canje de deuda un nivel de adhesión del 99%, destacaron hoy analistas de mercados y funcionarios nacionales.

El canje de deuda permitirá un alivio financiero para el país que totaliza unos 37.700 millones de dólares, concentrado en los primeros cuatro años, según se desprende de la información brindada por el Ministerio de Economía.

"A partir del canje externo la República Argentina enfrentará vencimientos de los títulos externos por aproximadamente 4.500 millones de dólares en el período 2020-2024 en lugar de los USD 30.200 millones originales", indicó la cartera que conduce Martín Guzmán.

El ministro, a través de su cuenta en la red social Twitter, consideró que con esta operación la "Argentina restauró la sostenibilidad de su deuda pública con acreedores privados".

En base a los números informados por el Palacio de Hacienda, al agregar al canje de los bonos emitidos bajo legislación extranjera "los títulos en moneda extranjera bajo legislación local, el alivio para el mismo período se incrementa en 12.300 millones doĺares" para los próximos 4 años.

Repercusiones

Tras conocerse ayer los resultados, analistas nacionales e internacionales elogiaron la operación llevada adelante por el Gobierno argentino, al tiempo que advirtieron sobre los desafíos que existen por delante y resaltaron la necesidad de contar con un plan económico que dé sentido a la senda de sustentabilidad.

El vicepresidente y analista senior de crédito de deuda soberana de Moody´s Investors Service, Gabriel Torres, sostuvo hoy que, con la operación, la "Argentina extiende plazos de pago pero no reduce la deuda total".

Torres destacó que la operación "reduce la necesidad en recurrir al mercado al menos hasta 2025", al participar de un seminario virtual.

El analista dijo que el logro más importante de la reestructuración fue la reducción de la pesada carga de intereses, debido a que el monto de capital adeudado se redujo en 1,9%. "La reestructuración externa permitió reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio de 3,07% mientras que el perfil de deuda heredado comprometía al país a un cupón promedio cercano al 7%", señalaron en el Palacio de Hacienda.

En este marco, hubo "una reducción significativa en el cupón máximo de los nuevos instrumentos desde 8,28% al 5%", agregaron.

Mohamed El Erian, asesor económico en jefe de Allianz y ex administrador del fondo Pimco, festejó el "impresionante resultado del canje, tanto en términos históricos como en la magnitud, teniendo en cuenta de que se trató de una negociación vía Zoom".

En tanto, el jefe de investigación de Emso Asset Management, Patrick Esteruelas, dijo que de cara al futuro es "optimista" y que "la Argentina no va a incumplir sus obligaciones en los próximos cuatro años, porque tiene muy poca deuda que saldar".

Esteruelas agregó que el quinto año será "clave" para ver cómo continúa la historia de la deuda en la Argentina, en declaraciones al Financial Times.

El 93,5% de adhesión posibilitó la activación de cláusulas de acción colectiva de los bonos canjear, lo que permitió reestructurar el 99% de la deuda.

Este resultado despejó el escenario de default, a la vez que evitó la posibilidad de que el país sea objeto de interminables juicios en la Corte de Nueva York.

Con este resultado, solo quedaron afuera del canje títulos por 653 millones de dólares, correspondientes a bonos del canje 2005.

"El 99% alcanzado permite salir del default. Los instrumentos no canjeados no poseen cláusulas de default cruzadas con los nuevos títulos a ser entregados el 4 de septiembre", precisaron en el Ministerio de Economía.

"El trabajo de restauración de la sostenibilidad continúa y vamos a diseñar una estrategia específica para estos instrumentos (que quedaron fuera) puesto que el enfoque sostenible es uno en el cual se preserva la integralidad", concluyeron en el Palacio de Hacienda.