Hace unas semanas, usuarios de WhatsApp encontraron el ícono de IA en el buscador de su mensajería. Esta novedad incorpora la posibilidad de pedirle a la inteligencia artificial que cree alguna
imagen, que responda preguntas o traduzca textos, entre otros requerimientos. La difusión y uso de esta nueva herramienta es inevitable, pero cabe preguntarse sobre la seguridad y privacidad de los datos que se recopilan. PERFIL CÓRDOBA dialogó con Andrés Piazza y Agustín Berti sobre la situación en nuestro país y en la región y los desafíos legales que plantea.
Agustín Berti es investigador del Conicet, se especializa en filosofía de la técnica y analiza el impacto social de las tecnologías digitales. Recientemente publicó ‘Nanofundios: Crítica de la cultura algorítmica’, editado por la UNC sobre la gestión de archivos que necesita internet para funcionar.
Debido al tamaño de las economías de los países y de las corporaciones que desarrollan la IA, sumado a los tamaños de bases de datos que se requieren para entrenar esos modelos y la potencia computacional y el gasto energético que requiere, Berti considera que países como el nuestro podrían coordinar con el resto de las naciones de la región para reglamentar de manera razonable o al menos "en una mejor posición de negociación con las grandes corporaciones tecnológicas".
–¿Cuáles son los tres modelos actuales y en qué se distingue cada uno?
–Hay muchos modelos de desarrollo de la IA, pero hay tres modelos de legislación que presentan rasgos diferentes. El estadounidense –es al que más acceso tenemos nosotros como usuarios– está asociado a ChatGPT, Facebook, Google. Es un modelo 'laissez faire', en el que entienden que si se lo reglamenta demasiado, se limita el potencial de desarrollo tecnológico de esas empresas y eso supone una desventaja estratégica en relación a empresas de otros países, en especial China.
El modelo de la Unión Europea es bastante más restrictivo en relación al uso de los, y a qué fuentes, de datos se pueden usar para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Requiere una serie de permisos y autorizaciones por parte de los usuarios, es un modelo no demora demasiado el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunas empresas se adecuan a esas normas de la Comunidad Económica Europea para poder vender sus productos en esos países.
Por último, el modelo chino. Uno de los problemas que pareciera tener, aunque esto es muy difícil de aseverar, es que el acceso a datos diversos –que son fundamentales para entrenar sin sesgo esas IA– resulta más complejo para este tercer grupo ubicado más cerca del modelo chino.
–¿Cuál es el rol que deberían cumplir las instituciones o el Estado frente a la regulación del uso y usufructo de esos datos que se recopilan, de ciudadanos de nuestro país o de Latinoamérica?
–El Estado debería procurar recibir algo de las ganancias que se generan a partir de la explotación de este tipo de tecnologías. No perder soberanía de datos, exigir que los data centers –donde se guardan esos datos– estén en territorio nacional, bajo legislación nacional o forzar algún tipo de sistema de datos abiertos –y además– cobrar impuestos acordes a la envergadura de estas empresas. Hay una materia prima que son los datos que se generan en este territorio, que son explotados y generan ganancias en otros territorios. Hay que pedir a las empresas que estén radicadas en nuestro país y que sus infraestructuras estén desarrolladas en nuestro país y sujetas a soberanía nacional. Que se ajusten a la legislación propia y no a la legislación extranjera. Esto puede cambiar mucho la dinámica como se ha visto en casos policiales resonantes, donde no se puede acceder a la información que está en determinados dispositivos o en la llamada 'nube' porque esos servidores están en territorio extranjero y los autos de justicia tienen que ser autorizados por juzgados en el extranjero y eso no siempre sucede.
