La policía de Nicaragua instaló este martes una unidad médica en la casa del general retirado Humberto Ortega, hermano crítico del presidente Daniel Ortega, una medida interpretada como detención domiciliar por
La medida fue anunciada por la policía nicaragüense en un comunicado días después de que el exjefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que su hermano carece de sucesores y vaticinó que si él muere su entorno no logrará sostenerse en el poder en Nicaragua.
"Se ha instalado una Unidad de Atención Médica Especializada para cuidar las dolenciasque han aquejado y aquejan al General Ortega. El Equipo de Especialistas estará en permanente comunicación, coordinación y visitas", indicó la policía en su nota de prensa.
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Por su lado, el medio en el exilio Artículo 66 publicó: "El régimen de Daniel Ortega y [su esposa y vicepresidenta] Rosario Murillo ordenó 'casa por cárcel' disfrazada con 'atención médica permanente' contra el hermano" del presidente.
El presidente Daniel Ortega y su hermano Humberto, de 77 años, formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, el último dirigente de una dinastía que gobernó con mano de hierro el país durante cuatro décadas.
Tras el triunfo de la revolución en 1979, Humberto se convirtió en jefe del Ejército Popular Sandinista mientras Daniel tomó las riendas del gobierno, primero en forma colegiada, y luego unipersonal.
Humberto continuó al frente de la institución armada después de la derrota electoral de Daniel en 1990 ante la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó hasta 1997. Desde entonces, los dos hermanos están distanciados por diferencias políticas.
Daniel Ortega, un ex militante marxista de 78 años, gobierna Nicaragua desde 2007, ganando tres reelecciones consecutivas y fortaleciendo su control sobre instituciones estatales clave. Él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ahora tienen "control total" sobre el poder judicial, según un informe de la ONU.
Los comicios en los que consiguió ser reelecto fueron cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que impusieron sanciones a Managua en 2018, cuando protestas opositoras derivaron en tres meses de bloqueos a rutas y choques con oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Desde entonces, más de 100.000 personas huyeron al exilio y el régimen cerró más de 3.500 organizaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales, incluidas la Cruz Roja local, los Boy Scouts e incluso universidades, con frecuencia confiscando sus activos.
Las últimas elecciones tuvieron lugar en noviembre de 2021 con los principales rivales de Ortega en prisión junto con decenas de otros opositores y críticos del gobierno. Los expertos de la ONU concluyeron que después hubo un "aumento exponencial" de "patrones de violaciones centradas en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo".
En 2023 fueron excarcelados, expulsados del país y despojados de su nacionalidad y bienes 222 miembros de la oposición. El año pasado también fueron privadas de su nacionalidad otras 94 personas, entre políticos, abogados y activistas de derechos humanos.
A finales de abril, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, presentó el informe anual sobre derechos humanos en el mundo, que acusó al gobierno del presidente Ortega "intenta presionar y castigar a los activistas exiliados confiscando sus bienes".
En febrero de este año, un grupo de expertos de Naciones Unidas pidió nuevas sanciones contra el gobierno, al que acusó de violaciones sistemáticas de derechos humanos "equivalentes a crímenes contra la humanidad".
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en Ginebra, dijeron que Ortega , su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo, y otros funcionarios de alto nivel "deberían rendir cuentas".
"Se han perpetrado violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar las voces críticas y disuadir, en el largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social", afirmó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
