Los pagos ilegales apuntan, en su mayoría, a dos cuestiones: la primera, intentar renovar, mantener o acceder a contratos públicos. La segunda, a agilizar trámites, como el caso de habilitaciones en
el que se menciona a los "Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia", el Registro de la Propiedad Automotor de la PBA o el Provincial de Armas. También hubo casos más particulares: pagos para agilizar cuestiones claves para la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas o para contar con policías de respaldo en alguna vigilancia puntual.