"El desmantelamiento del Plan Enia significa abandonar a las adolescentes, retirar el apoyo que en los últimos cinco años se les dio para que tuvieran mejores oportunidades para completar sus estudios
e ingresar al mercado de trabajo en mejor situación. También significa desmantelar una política pública ejemplar por su eficiencia, su buena relación costo-beneficio, ya que cada embarazo prevenido sólo cuesta 60 dólares, su transparencia y su enorme impacto en la reducción de la fecundidad adolescente a la mitad en un tiempo récord. Las niñas abusadas serán abandonadas también", explica a Clarín Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y ex coordinadora técnica del Plan.