Entre otros aspectos, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, entre ellos el ex presidente de la Nación, Martínez Sosa al
igual que a su empresa, el de su esposa y ex secretaria de Alberto Fernández, María Marta Cantero y unas treinta personas físicas y jurídicas bajo investigación.