Fundados en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el "dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", los gobernadores quieren administrar no solo
la energía que genera el agua en las represas (el recurso natural, sobre el que se pagan regalías), sino también la infraestructura misma, sobre la que el Estado nacional reclama posesión por haberla construido en la época de Hidronor.