En una entrevista con Clarín, el procurador Casal ya había fijado su postura respecto a las complicaciones técnicas y legales que presentaba
esta iniciativa. Asimismo, planteó que en materia de corrupción, el impulso de la investigación es responsabilidad de los fiscales federales, y que cuando se necesitó asistencia de áreas técnicas y específicas, el Ministerio Público Fiscal contribuyó a través de las procuradurías especializadas.