Los datos son alarmantes. Según un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario, a través del Observatorio de Residuos Peligrosos, y la Universidad de Buenos Aires, el 93 por ciento
de los residuos industriales producidos en Argentina en el último año se descartaron de manera incorrecta.
En el país se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, unas 1.293.820 toneladas.
El informe, que cuenta con datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), arroja luz sobre la situación en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental.
De acuerdo a estos números, se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, mientras que solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado para tal fin.
El documento detalla que estos resultados establecen una base para comparar la evolución del índice de tratamiento de residuos y así lograr parámetros de referencia sobre esta problemática.
De los datos obtenidos se concluye que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado, trayendo aparejados problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación del agua, tierra y aire. Esta problemática solamente tendió a agravarse en el último tiempo, según advierten referentes de las dos Cámaras.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021-abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%; el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas”, explica la presidenta de Catries, Claudia Kalinec.
Además, sostiene que “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”. A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro y son quienes deberían controlar el cumplimento de la normativa”, señala la presidenta de Catries.
Por lo pronto, se está intentando avanzar con un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados y necesita ser tratada por el Senado antes de fin de año para no perder estado parlamentario.
