La remera es blanca y dice "hasta la verdad". La cara de Facundo Astudillo Castro (22) mira sonriente. Los ojos al frente. La foto es remera y Cristina Castro, su
"Agosto es muy difícil para mí", confiesa Cristina que, además de acumular tres años desde el 15 de agosto de 2020, cuando encontraron el cuerpo de su hijo, acaba de transitar el dolor por su cumpleaños, hace dos días.
"Necesito respuestas, necesito seguir con mi vida, necesito que Facu descanse en paz", dice la mujer mientras denuncia que la investigación está "paralizada". "No tenemos imputados, no tenemos detenidos, no tenemos nada. Las denuncias que nos hicieron a nosotros, las denuncias paralelas a la causa, avanzan más rápido que la investigación por la muerte de mi hijo", advierte.
Facundo Astudillo Castro salió de su casa de Pedro Luro el 30 abril de 2020 hacia Bahía Blanca para encontrarse con su novia. Nunca llegó. En el medio, según consta en el expediente por desaparición forzada, fue detenido por policías de la Bonaerense que le labraron un acta por incumplir con el aislamiento por la pandemia de Covid-19.
Pasaron 107 días hasta que volvieron a saber de él. Después de denuncias, allanamientos y rastrillajes, apartaron a la Bonaerense de la investigación al considerar que había elementos suficientes para analizar su participación en el hecho. La causa pasó a la justicia federal el 8 de julio de 2020.
El 15 de agosto un pescador llamó a la policía y les advirtió sobre el hallazgo de lo que parecía un esqueleto humano completo y disecado en la zona conocida como Cabeza de Buey, en Bahía Blanca. Ese sector había sido rastrillado por las fuerzas de seguridad 48 horas antes sin que encontraran rastros del cuerpo.
La jueza federal María Gabriela Marron confirmó tras el cotejo, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que los restos pertenecían a Facundo.
En diciembre de 2021 la jueza fue apartada de la causa por orden de la Cámara de Casación Penal, a pedido de la familia, la querella y los fiscales de la causa. Habían denunciado "irregularidades" y "dilaciones" durante el proceso de investigación. Desde marzo de ese año quedó en manos del juez federal Walter López Da Silva, que todavía no recibió ningún pedido de imputación de parte de los fiscales.
"No queda nada por probar en virtud del complejo delito ante el que estamos: la desaparición forzada, porque eso es lo que fue. Entre la desaparición de Facundo y el hallazgo de su cuerpo hay 107 días de bache en los que logramos probar cuál fue el día del asesinato y el vehículo utilizado para descartar el cuerpo", afirmó el abogado Luciano Peretto, haciendo referencia a los registros de geolocalización de los móviles policiales y de los teléfonos celulares investigados.
"No tenemos dudas de que hicieron desaparecer a Facundo", dijo, por su parte, el otro abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio. Según él, "estamos ante lo que pareciera ser una pausa de desgaste, a ver si nos resignamos. Y sabemos bien que Cristina no entiende de resignación. Hacia las imputaciones no se avanza en soledad, necesitamos de la justicia", afirmó.
Margarita Jaqué, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que acompaña a la familia de Facundo junto con Amnistía Internacional, agregó que "hay elementos suficientes para avanzar en una imputación".
Para los abogados al menos habría una "veintena" de personas involucradas en la causa. "Nosotros no investigamos el homicidio de Facundo. Investigamos la desaparición forzada, por lo que hay una multiplicidad de personas involucradas que tienen que ser investigadas", aseguró Aparicio.
Atravesada por la campaña electoral, Cristina Castro aprovechó para cuestionar las propuestas que apuntan a la seguridad: "Acá no hace falta más policía en la calle. Tenés que educar a los que tenés porque a la gente la están matando pero ellos no van contra los asesinos, contra los ladrones o contra los narcotraficantes: nos están matando a los pibes. Están mal formateados", analizó.
Pruebas clave
Ante la consulta de este diario, Aparicio contó que la fiscalía les "sugirió" que si estaban "apurados" pidieran ellos la imputación como particular damnificado. Al tratarse de una investigación federal, esa potestad no está aclarada en el código de procedimiento. Si bien hay jurisprudencia que se los permitiría, "llevaría tiempo". "La consulta que les hice fue, mientras hacemos el pedido de imputación, la jueza nos dice que no podemos imputar, la cámara nos dice que no podemos imputar, y hasta que tal vez Casación nos diga que podemos imputar o tal vez la Corte Suprema nos diga que podemos imputar. En todo ese tiempo, ¿qué haría la fiscalía?", cuestionó.
"Es la investigación la que ha mantenido la línea de la desaparición forzada. La fiscalía hizo un informe firmado por todos los fiscales intervinientes diciendo que, hasta ese momento, la única hipótesis sustentada en prueba ha sido la de la desaparición forzada. Entonces, dejando en claro esa situación, nada de eso ha cambiado para que nosotros tengamos que avanzar en soledad y la fiscalía ser espectadores", argumentó Luciano Peretto.
Para Aparicio, Peretto y Jaque hay una serie de evidencias clave que serían suficientes, de mínima, para avanzar en las imputaciones.
"Los hallazgos de mensajes y llamadas que se sucedieron el día de la desaparición son fundamentales. Los falsos testimonios, las mentiras de lo que dicen los policías implicados, son fundamentales. Los hallazgos en la comisaría, en gendarmería y en el móvil policial, también son relevantes", enumeró Aparicio.
Por su parte, Peretto, agregó: "Los hallazgos de la ropa, los teléfonos de Facundo, el movimiento de sus teléfonos. Y los testigos, los tres testimonios de personas de identidad reservada que son concordantes con los GPS. Y los dos productores rurales que vieron vivo por última vez a Facundo, que declararon que lo vieron tirado sobre el asfalto y llamaron a la comisaría, está la llamada registrada".
SC
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