Finalmente, el Gobierno protagonizó este martes por la tarde su primer contacto cara a cara con el Fondo Monetario, después de tres meses de negociaciones a distancia. El encuentro fue el primero
Como es habitual, la reunión se realizó en las oficinas del organismo en Washington, a donde la comitiva enviada por Sergio Massa arribó el lunes por la noche, después de hacer escala en Houston. Fueron de la partida el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el vicepresidente segundo del Banco Central, Lisandro Cleri, y el director de esa entidad, Jorge Carrera.
El envío de la misión se precipitó tras la aceleración de los dólares financieros la semana pasada, que sigue forzando al BCRA a usar reservas para contenerlos. La idea era que también viajaran el jefe de asesores, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, dos figuras claves en la discusión, pero la cartera no confirmó hoy su presencia.
"El equipo del FMI y una delegación argentina comenzaron las reuniones técnicas presenciales esta tarde en Washington D.C., para avanzar en la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo. Se espera que estas reuniones continúen durante los próximos días. Comunicaremos más detalles a su debido tiempo", dijo un portavoz del organismo.
Los hombres de Massa tienen una tarea desafiante, que es despejar los últimos escollos para que su jefe pueda viajar al final de esta semana y estrechar manos con los técnicos. El ministro y candidato presidencial necesita la firma de Luis Cubeddu y el guiño de Rodrigo Valdés para que luego el directorio apruebe el acuerdo y libere fondos frescos, antes del inicio del receso del FMI en agosto.
La principal dificultad son los indicadores que mide el organismo y complican la quinta revisión. Desde la última reunión presencial a mediados de abril, las reservas netas se hundieron a un mínimo histórico -son negativas en US$ 7.000 millones-, el déficit primario acumulado superó el 1% del PBI y la emisión monetaria, también, lo que implica que el programa está a la deriva.
Massa aspira a obtener el desembolso que estaba previsto en junio y adelantar fondos adicionales, una suma que podría totalizar los US$ 8.000 millones. Los necesita con urgencia para cancelar US$ 2.600 millones que fueron postergados para el 31 de julio y mantener a raya el dólar. Solo para pagar importaciones, harían falta US$ 5.000 millones por mes y los yuanes también se van agotando.
El problema es que el Fondo ve un "atraso" en el tipo de cambio y exige una devaluación, una medida resistida por el gobierno. En ese escenario, una alternativa en danza sería un impuesto o arancel a las importaciones que encarezca el dólar oficial, hoy en $ 266. Tampoco se descarta un nuevo dólar soja y un mayor incremento de las tarifas (la luz ya subió casi 500% interanual).
El gasto público público es otro frente abierto. Si bien cayó un 10% real en el primer semestre según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el golpe de la sequía a la recaudación complicó la meta de déficit primario de 1,9% del PBI en 2023. El staff sabe, además, que el ajuste en las erogaciones fue por la mayor inflación, que este año podría cerrar arriba del 130%.
Massa ya advirtió que no se rendirá ante el "altar" del ajuste fiscal. Profundizarlo sería entrar en recesión en medio de las elecciones, pero a la vez necesita un nuevo salvavidas financiero. En esa encrucijada, ayer tuvo zooms con Jörg Kukies, secretario de Estado de la cancillería alemana, y Myke Pyle, asesor económico de Biden, y este miércoles, tendrá su acto junto a la CGT.
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