Casi dos meses después del ascenso de Dina Boluarte a la presidencia de Perú, lo único que parece claro en un país que ha visto morir en protestas a casi 60 personas en
"Mi renuncia no está en juego", advirtió Boluarte, sin embargo, en forma sistemática. La mandataria, cuyos índices de desaprobación superan el 70%, ha sido enfática en que no cederá a "las presiones de una minoría de radicales y violentistas" que "no tienen una agenda social", en alusión a las protestas que desde que asumió exigen su dimisión.
Lima fue un campo de batalla este sábado, como en los días consecutivos previos. Pero esta vez, los choques no se limitaron a inmediaciones del Congreso, sino que se extendieron por diversos puntos de la ciudad, en medio de denuncias por supuestos abusos de los agentes.
También en otras partes del país hubo enfrentamientos, aunque los de la capital poco a poco parecen eclipsarlos. Lima, que en los primeros días siguió con distancia los incidentes concentrados en el sur del país, es ahora la meca de la resistencia.
Adelanto de elecciones
"Hay gente que siente que está sistemáticamente humillada y hay otros que no entienden que imponer sus condiciones nos va a llevar a que sea más difícil construir escenarios de acuerdo y de paz", alertó el prestigioso constitucionalista Eloy Espinosa Saldaña.
Este miércoles se cumplirán dos meses de la convulsa caída del presidente Pedro Castillo, quien enfrentaba un tercer intento de destitución por parte del Congreso y trató de evitarlo con un autogolpe el 7 de diciembre.
Acosado por un Parlamento en manos de la oposición de derecha, Castillo, un ex líder sindical de los maestros que asumió el poder en julio de 2021, quiso anticiparse y cerrar el Parlamento. Pero el intento no tuvo apoyo institucional ni respaldo militar.
Destituido Castillo, le correspondía sucederlo a Boluarte en su condición de vicepresidenta, al margen de que ex ministros aseguran que ella le prometió repetidamente al mandatario renunciar en caso de que él fuera sacado por el Congreso, manejado por la derecha.
Boluarte, ex compañera de Castillo en el partido marxista leninista Perú Libre, no solo no renunció, sino que, tras jurar como presidenta, anunció su intención de quedarse hasta 2026, cuando debería terminar este período presidencial.
Ya para entonces, un clamor nacional, reflejado en sondeos, exigía un adelanto de las elecciones como fórmula para deshacerse de un Ejecutivo y un Legislativo muy resistidos y cuyos enfrentamientos tenían empantanado al país.
Por eso, el anuncio de Boluarte, que de paso implicaba la continuidad hasta el final del mismo Congreso, desató iras populares que a las pocas horas ya dejaban muertos, en especial en ese sur andino, quechua y aymara, eternamente postergado.
La presidenta retrocedió y anunció elecciones adelantadas, pero necesitaba la cooperación de un Congreso que al final, a regañadientes, apenas aceptó anticipar los comicios para abril de 2024, fecha que para la gente, sin embargo, parece sonar bastante lejana.
Como la protesta no cesaba, Boluarte instó al Congreso a que las elecciones fueran en 2023. Un primer proyecto, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), no prosperó, porque la izquierda pedía incluir un referendo sobre una Asamblea Constituyente y el resto de la derecha sentía que FP pretendía sacar provecho de su facilidad para armar campañas rápidas.
Surgió entonces la opción de que las elecciones anticipadas fueran "complementarias", es decir, que el presidente y los congresistas elegidos no lo fueran por cinco años, como siempre, sino por algo más de dos, para retornar a la "normalidad" en 2026. Ese proyecto tampoco pasó.
No a la Asamblea constituyente
No tuvo éxito tampoco la propuesta de la izquierda de añadir la consulta sobre un referendo para Asamblea Constituyente, algo que se daba por descontando con la correlación de fuerzas.
Finalmente, la Comisión de Constitución mandó al archivo un proyecto del Ejecutivo para hacer los comicios en octubre. El gobierno, de hecho, presentó el proyecto con la clara advertencia de que su rechazo no implicaría la renuncia de la mandataria, como se rumoreaba en ese entonces.
Esa posible renuncia cambiaría el cuadro: por Constitución, cuando un vicepresidente asume, se puede quedar hasta el fin original del período. Pero si ese nuevo presidente se va por alguna causa, la jefatura del Estado irá al presidente del Congreso, quien sí está obligado a convocar elecciones a la brevedad.
En términos prácticos, si Boluarte dimitiera, la reemplazaría el jefe del Congreso, José Williams, un general del Ejército en retiro del partido de derecha Avanza País, pero con mandato expreso de celebrar comicios en alrededor de seis meses.
La agenda de protestas comenzó con cinco puntos: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas, convocatoria a una Constituyente y libertad para Castillo, quien permanece detenido desde ese 7 de diciembre bajo cargos de presunta rebelión.
Ahora, en vez de que se cierre el Congreso, se plantea mayoritariamente que siga hasta que lo reemplace el surgido de las elecciones anticipadas, mientras que lo de la Constituyente se ha mantenido como una bandera únicamente de la izquierda y la figura de Castillo ha perdido relieve.
Pero el grito que se escucha más fuerte es la que pide la renuncia de Boluarte: "No puede seguir aferrándose al poder", dijo el parlamentario de centroderecha José Luna Gálvez. "Que renuncie y que sea lo más pronto", les dijo una manifestante del departamento de Puno a medios locales.
Mientras tanto, según la Defensoría del Pueblo, ya son 47 los civiles muertos en choques con las Fuerzas Armadas, la mayoría por balazos y otro tipo de proyectiles. Un policía fue incinerado vivo dentro de su patrullero y otras 11 personas perdieron la vida por hechos colaterales.
En más de 100 puntos del país se han registrado cierres de rutas y en algunas zonas hay desabastecimiento. La polarización aumenta en un mar de especulaciones, mientras crece el volumen de denuncias sobre los excesos que se le atribuyen a la Policía.
La llegada por primera vez a la presidencia del Perú de una mujer fue vista con optimismo por algunos, pero solo por unas horas.
Dos meses después, Boluarte acumula índices de rechazo popular peores que lo de sus antecesores, mientras la clase política sigue sin hallar la fórmula de salida a la crisis.
Fuente: Télam
CB
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