El expresidente peruano Pedro Castillo defendió hoy el pedido de anulación del proceso en su contra por presunta rebelión y conspiración con el argumento de que durante el proceso de vacancia por parte del Congreso no se realizó el antejuicio político ni se le concedió derecho a la defensa.
Castillo habló durante la audiencia en la que la Justicia evaluó la solicitud de anulación de las causas en su contra, encuentro dirigido por el juez Juan Carlos Checkley.
De acuerdo con el expediente 00039-2022, Castillo argumentó que durante la sesión en la que se decidió su vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se le concedió el derecho a la defensa.
En defensa del exmandatario estuvo el abogado Eduardo Pachas, quien lo acompañó desde que estaba al mando del Ejecutivo, se apartó en los días en los que el dirigente docente anunció el cierre del Congreso y ahora retomó esa tarea.
"Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional”, remarcó Castillo.
El exmandatario continuó: “Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República".
Para Pachas, las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia presidencial y levantaron el antejuicio político “no siguieron un conducto regular” y se desentendieron de lo previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución, consignaron los sitios de La República y la emisora RPP.
El jueves 29 de diciembre a Castillo se le impusieron 18 de meses de prisión preventiva, por decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
También se resolvió el impedimento de salida del país en contra del entonces jefe del Consejo de Ministros Aníbal Torres, investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
