El juicio por balaceras contra objetivos judiciales en Rosario -catorce atentados ocurridos entre mayo y agosto de 2018-, exhibió este lunes otro dato resonante que expone la operatoria sanguinaria
con la que se maneja el líder de la banda Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, quien está siendo juzgado.
Para exhibir el vínculo de Cantero con uno de sus sicarios de su grupo, un joven que también está entre los imputados, se expuso que “Guille” ordenó atentar contra la vida de un empresario que se salvó de milagro tras recibir seis impactos de bala.
La tentativa de homicidio se produjo en septiembre de 2018. El hombre atacado fue Andrés Lamboy, quien declaró como testigo en la causa en la que fue condenado Mario Segovia, el denominado “Rey de la efedrina”.
El empresario Andrés Lamboy fue atacado en 2018. Recibió 6 disparos.
Ese feroz ataque, en el que se efectuaron veinte disparos y por el que Lamboy sufrió heridas en las piernas, el tórax y abdomen, sucedió en plena mañana y en la puerta de un colegio privado al que asistían los hijos de la víctima del ataque.
Los fiscales no llevaron aquel ataque a juicio, pero utilizaron detalles del caso para marcar la relación de Cantero con Matías César, uno de los sicarios que utilizaba el cabecilla de “Los Monos”. César es uno de los involucrados en las balaceras contra objetivos judiciales.
“Queríamos mostrar de qué manera funcionaba la banda en ese sentido y de qué manera 'Guille' daba órdenes y César cumplía”, indicó el fiscal Matías Edery.
Guille Cantero, líder de Los Monos, está siendo juzgado por la balaceras contra objetivos judiciales. Foto: Juan Jpsé García
Entre otros detalles, los investigadores exhibieron cómo Cantero proporcionaba el lugar donde debían atacar a Lamboy, el auto que utilizaba, la patente del mismo y en qué horario podría llegar al colegio al que iban sus hijos.
“Le pasaba esos datos a César”, apuntó Edery. El sicario, sin embargo, no pudo concretar ese trabajo encargado por su jefe porque antes cayó detenido.
Lamboy llegó esa mañana con sus hijos al exclusivo colegio San Bartolomé, ubicado en la zona oeste de Rosario. A las 8 dejó a los pequeños en clase y cruzó la cancha de rugby del club Caranchos para ir a desayunar en un bar.
A las 9, cuando estaba a punto de abordar su camioneta Dodge Ram para marcharse, fue atacado. La ráfaga de disparos atravesó incluso uno de los muros del campo de deportes del colegio, aunque ningún estudiante resultó herido.
El empresario fue atacado cuando intentaba subir a su camioneta en 2018. Foto: Juan José García
Lamboy es un empresario del rubro inmobiliario quien supo ser testigo en la causa en la que se condenó a Segovia a nueve años de prisión por contrabandear efedrina a México.
El empresario ocupaba el cargo de director de South American Docks S.A., un depósito fiscal de Barracas donde se almacenaron 523 kilos de efedrina que la organización comandada por Segovia pretendía enviar a México.
De acuerdo al fallo de la Justicia ese depósito fiscal consumó un contrabando de sustancias que “por su naturaleza, cantidad o características podían afectar la salud pública”. El cargamento se detectó en paquetes de azúcar marca “M&K”.
Lamboy dijo que sólo ocupaba la dirección “en los papeles”, que se limitaba a “firmar las actas del directorio” y que incluso abandonó el cargo en 2007, año en que se separó de la hija de quien presidía el depósito y que fue condenado a siete años de prisión.
Sin embargo, admitió conocer a Segovia al que llamaba “Nicolás Mario”, aunque su nombre es Mario Roberto. Sobre el “Rey de la Efedrina” dijo que trabajó en el depósito fiscal hasta que se peleó con el propietario.
Este lunes, al revelar los detalles de aquel atentado ocurrido en 2018, los fiscales no profundizaron los motivos por los que Cantero ordenó a César matar a Lamboy, ni quién se hizo cargo del trabajo luego de que el sicario fuera detenido.
Al cerrar sus alegatos, los investigadores insistieron en pedir una pena de prisión de 24 años para Cantero por los atentados a balazos.
De ser aceptada por el Tribunal esa condena se unificaría con otra a seis años y ocho meses por amenazas telefónicas contra un juez, sentencia que fue dictada el año pasado: la pena total sería entonces a treinta años de prisión más declaración de reincidencia por segunda vez.
Se estima que la semana próxima se cerrará el juicio y se conocerán las condenas contra los siete imputados.
Rosario. Corresponsalía.
DD
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