Se investiga el presunto envío irregular de armamento el 12 de noviembre de 2019. Apuntan al expresidente Mauricio Macri y a los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, entre otros. La causa pasó al juzgado de Alejandro Catania.
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart se declaró hoy "incompetente" para intervenir en la denuncia del Gobierno por el envío de armas a Bolivia durante la crisis institucional que terminó con la caída del gobierno de Evo Morales.
El juez entendió que la primera denuncia sobre el envío de las armas fue la que presentó el ex camarista federal Eduardo Freiler y recayó por sorteo en el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Alejandro Catania.
En consecuencia, declinó su competencia y le envió el expediente a Catania, quien ya venía interviniendo en la denuncia de Freiler pero había delegado la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.
El fiscal es el mismo en ambas causas; la única diferencia es que en la causa de Catania es él quien lleva adelante la investigación, en tanto que en la de López Biscayart el expediente estaba en manos del juez.
"Conforme surge de la certificación referida por la consideración anterior y que ya fue agregada al proceso, el 13 de julio del 2021 a las 7:48 se sorteó y asignó la causa nro.
721/2021 al Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4. Esa denuncia, que fue presentada por un particular, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47", explicó López Biscayart al declinar la competencia.
"Diáfano es que los objetos procesales de uno y otro expediente son idénticos. En ambos se investiga el presunto envío irregular de armamento al Estado Plurinacional de Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 en el que habrían tomado parte - supuestamente- Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Raúl Aguad, Normando Álvarez García, Gerardo Otero, Jorge Faurie, entre otros", reflexionó López Biscayart.
En ese contexto, entendió que "corresponde la unificación del trámite del caso ante un mismo órgano jurisdiccional". El juez opinó que "la declinación de competencia que se decide no determina un grave retardo para la investigación de los hechos denunciados".