La decisión se tomó apenas conocida la noticia: apelarán la resolución de la jueza en lo Civil y Comercial, Marta Cirulli que decretó la quiebra del Correo Argentino SA, cuya controlante
es Socma, el holding de la familia Macri. La medida, sin embargo, no es de carácter suspensiva y corren los plazos para que la compañía cumpla con lo exigido en el marco de la quiebra firmada este lunes.
La quiebra se confirmó un día después de que Mauricio Macri denunciara en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una "venganza" y "persecución política" del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos.
Del otro lado, la Justicia sostiene que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago "abusivo" según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa y abusiva" ya que iba a perjudicar "gravemente el patrimonio del Estado nacional". Parala fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
La empresa, para evitar la quiebra, había ofrecido al Estado, su principal acreedor, un pago total de 1.000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en base a un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. Cabe mencionar, que el Estado es el principal acreedor del Correo Argentino SA.
En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, "no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada (...) Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.
Avalando la postura de Zannini, la jueza Cirulli sostuvo que "no se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado Nacional no respondió a la defensa del interés público”.
Además, añadió que el Estado “se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.
Desde la empresa sostienen que en su momento o el Estado Estado se "apropió de los activos de la compañía" durante el gobierno de Néstor Kirchner y así dejó un pasivo que terminó judicializado.
Los abogados del Grupo Socma trabajan en la apelación que presentarán la semana próxima, con la que buscan por un lado, refutar los argumento de la magistrado que llevó adelante el proceso y por el otro, recuperar a la compañía.
En los procesos concursales, la apelación como la que presentará la empresa de Macri, no tiene efecto suspensivo sino devolutivo, en caso de resultar favorable para el Grupo. Es decir que la quiebra continúa con su curso: ya fueron notificados de la medida la Inspección General de Justicia y el Banco Central, junto a todas las instituciones de crédito del país, a las que se les ordenó trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a nombre del Correo Argentino.
Además de ordenarse una inhibición general de bienes sobre la firma postal, sus asesores letrados mientras trabaja en la apelación deberán entregar a la justicia un informe que detalles todos los bienes registrados en carácter de titular como aquellos que hayan estado registrados a su nombre dentro de los dos años anteriores al presente decreto, y -en su caso- si recae algún gravamen sobre ellos.
En ese mismo sentido, se intimó al Correo a que en cinco días entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Además, que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad, y en su caso cumpla con los requisitos indicados en la ley de quiebras.
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