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Organizaciones civiles advirtieron que, si avanza el plan de construccin de barrios cerrados en Buenos Aires, se "terminara de consolidar un modelo de ciudad excluyente y expulsiva", al advertir sobre el potencial impacto de la modificacin de la Ley de Catastro que propuso el jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, y que busca habilitar la figura de "conjuntos inmobiliarios".
"En lo social y econmico, terminara de consolidarse un modelo de ciudad excluyente y expulsiva. Buenos Aires viene siendo sometida en los ltimos aos a una transformacin radical. Esto es fruto de las decisiones que se toman en materia de polticas urbanas", dijo a Tlam Gabriela Muzzio, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Pblicas, al ser consultada sobre la posible modificacin de la Ley de Catastro portea.
A principios de este mes, Rodrguez Larreta envi a la Legislatura local un proyecto para "actualizar lineamientos" de la ley 3.999 de Catastro de la Ciudad.
La iniciativa ser debatida en la comisin de Planeamiento Urbano el martes prximo. La intencin del oficialismo porteo es aprobar esta nueva norma en la prxima sesin de la Legislatura, prevista para el 1 de julio, ya que, debido a la pandemia, se est sesionando cada 15 das.
El proyecto ya gener el rechazo de algunas organizaciones, como el Colectivo de Arquitectas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), cuyos referentes advirtieron sobre la intencin del Ejecutivo local de autorizar en la Ciudad los llamados "conjuntos inmobiliarios", figura que ya existe en el Cdigo Civil y Comercial de la Nacin y que incluye distintos tipos de barrios cerrados.
Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y referente del ODC, dijo a Tlam que con la construccin de barrios cerrados en la Capital Federal generara "una ciudad ms excluyente y privatista; con nuevas fracturas urbanas, nuevas desigualdades espaciales".
La arquitecta Muzzio, por su parte, explic que los barrios cerrados son "emprendimientos que ocupan porciones de tierra que no se incorporan al tejido de la Ciudad. Sus calles no son atravesables por los peatones ni por el transporte pblico o privado, lo que los transforma en barreras urbanas, generando tambin un problema de seguridad, ya que suelen presentar grandes frentes cercados, que no invitan a caminar y terminan bastante desiertos".
"Por otra parte -aadi- al ser enclaves cerrados que funcionan de forma endogmica, no entablan relacin con el entorno, alterando la dinmica e identidad del sector donde se implantan".
Desde el punto de vista econmico, Baldiviezo apunt que estos emprendimientos implican "una gran concentracin del acceso a bienes y recursos en el 5% de la poblacin portea, y van dejando un conglomerado colapsado, sin espacios verdes y en emergencia habitacional, donde el Estado no da ninguna respuesta".
"Desde 2008 hasta el presente -agreg- el Gobierno de la Ciudad no ha modificado ninguna de las polticas habitacionales y sociales que ya tena. En ese perodo vivimos la crisis de la burbuja (inmobiliaria) de 2008, las crisis de 2014 y 2015 y la pandemia. Mientras tanto, parece que la Ciudad sigue viviendo como si nada hubiese pasado y contina impulsando al sector concentrado del mercado".
Sobre este punto, Muzzio afirm: "La constructividad cada vez ms alta que se asigna a los lotes y la construccin de unidades de lujo como bien especulativo, elevan el precio del suelo. Esto se ve reflejado en el precio de la vivienda y en los alquileres, dificultando el acceso a un techo de miles de porteos y porteas que se ven obligados a mudarse a otros barrios o, incluso, a dejar la Ciudad".
Actualmente, los barrios cerrados estn prohibidos en la Ciudad de Buenos Aires por el Cdigo Urbanstico (CUR).
"En 2018 se vot el CUR, donde la ciudadana solicit que los barrios privados estn prohibidos. Ahora, la misma gestin desconoce lo que se vot hace un par de aos en la Legislatura", afirm Baldiviezo.
Y, sobre las intenciones del Gobierno de Rodrguez Larreta, dijo: "Estn preparando la estructura jurdica para futuras leyes de excepcin y convenios urbansticos con empresas".
An si se aprueba esta nueva ley, todava no estaran autorizados los barrios cerrados, ya que el CUR es una norma de mayor jerarqua, pero s quedara habilitada la posibilidad de registrarlos en el Catastro, en caso de que el Gobierno porteo autorice su construccin a travs de convenios urbansticos o "leyes de excepcin".
Los convenios urbansticos son acuerdos mediante los cuales los grandes desarrolladores inmobiliarios piden al Gobierno ciertos privilegios, como construir con ms altura o ms metros cuadrados de los permitidos; a cambio, ofrecen contraprestaciones que suelen ser dinero y la creacin de un espacio verde.
En la Ciudad hay varios ejemplos de este tipo de convenios, como el que a fines de 2020 habilit la construccin de una torre de 140 metros de altura en la calle Juana Manso al 300, en Puerto Madero.
"Tenemos indicios de que, luego de las elecciones, para no pagar ahora el costo poltico, el Gobierno (de la Ciudad) enviar a la Legislatura decenas de convenios urbansticos", dijo Baldiviezo.
Y aadi: "Entre estas futuras excepciones podra estar Costa Salguero, emprendimiento inmobiliario que impulsan como un barrio nutico; o el proyecto Solares de Santa Mara, frente a Puerto Madero y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, un predio de 70 manzanas, el ms extenso de la ciudad que est libre".
Baldiviezo tambin consider que la nueva norma podra servir para legalizar irregularidades ya cometidas, sobre las cuales el Gobierno de Larreta "hizo la vista gorda".
"En la Ciudad -explic- cuando se urbanizan predios de ms de una hectrea y media, los propietarios deben ceder parte de esa superficie para espacio pblico, pero hay dos casos donde eso no ocurri: el shopping Distrito Arcos, en Palermo, donde la justicia determin que debera cederse el 65% de la superficie, y Ciudad Palmera, en Caballito, cuya construccin se encuentra frenada por la Justicia justamente por estas irregularidades. Ambos proyectos son del Grupo IRSA".
Por ltimo, Muzzio apunt: "La venta indiscriminada de tierra pblica es otro factor. Se trata de un bien estratgico que permitira al Estado construir vivienda asequible, influir en el precio del suelo".
"Es necesario que el Estado local recupere su rol de planificador y, sobre todo, que acte como moderador de los intereses en juego en una puja tan desigual como la que se da en torno al suelo urbano", concluy.