Correo Argentino: rechazan recurso y confirman intervencin
La Cmara en lo Comercial dispuso que contine la intervencin judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar "potenciales perjuicios a acreedores" orden el "desplazamiento total" de sus directivos, por lo que se sum otra disposicin adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.
La resolucin de primera instancia, dictada en el marco del proceso de "salvataje" de la empresa, haba sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhiri el Procurador del Tesoro de la Nacin, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de "vaciamiento".
Contra esa resolucin, dictada luego de dos dcadas de iniciada la causa, la concursada present un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cmara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.
Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colabor para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, "se mantiene" por sus aportes "desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente contina utilizndolos", sealaron los representantes legales del Grupo Macri.
Adems, plantearon que eran "errneas" las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cules eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).
Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la Cmara Comercial determin que las mismas "resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, adems, la cuestin puede resolverse con las constancias obrantes" en la causa.
El tribunal, en ese punto, record que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separacin del concursado de la administracin cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como "la omisin de informacin que el juez o el sndico le requieran" y "en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores".
La Cmara Comercial aadi que la juez Cirulli profundiz la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que "aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervencin indic 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos aos".
Las camaristas Matilde Ballerini y Mara Gmez Alonso dijeron que "a ese respecto no slo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitacin agravan la situacin de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todava no pueda determinarse de modo claro su extensin, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal".
En tal sentido, para justificar la intervencin judicial, integrantes de la Sala B sealaron que "resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo" y que el juez del concurso "pueda estar al tanto" de las operaciones de la empresa "que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorizacin".
Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habran sido "expoliados" por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarc que "dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas".
La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formul imputacin contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.
El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio Pblico lo consider "abusivo" y "ruinoso" para el Estado.
En concreto, la Direccin General de Asesoramiento Econmico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuracin General de la Nacin haba estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizara si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejara de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.
Boquin, a quien la concursada le atribuye "falacias" en sus dictmenes y a la que intent sin xito apartar del expediente, determin que el Correo Argentino se benefici con un estado de 'eterno' concurso -la causa se inici en 2001- para suspender por ms de 15 aos el pago a sus acreedores, lo que implic "perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa".
A principios de mayo, la fiscal present un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relacin entre Correo Argentino SA y el banco austraco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quit la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remiti documentacin a la Justicia penal.
El mismo da en que la Cmara Comercial ratific la intervencin judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA present varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdiccin que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.
Adems, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de crditos laborales.