Elsa de setenta años, fue desalojada de manera forzada junto a su familia e imputada en dos causas penales

Julio Molisano
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El juez interviniente es Rubén Norberto Ochipinte y la fiscal María Belén Casal Gatto ¿Te suena el apellido “CASAL”…?

La señora Elsa Leónidas Domínguez, fue desalojada de manera forzosa de su vivienda, conjuntamente con su grupo familiar, el día 5 de marzo de 2021, el que ocupaba dentro de una fracción de cuatro hectáreas, emplazado en avenida Rojo al 890, Cuidad Evita del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires en orden a la presunta comisión de los delitos de usurpación y retención indebida que fuera denunciada por el señor Antonio que nunca acredito debidamente los documentos de propiedad, que de hecho tuvo un manejo irregular pasando de mano en mano sin la documentación probatoria que acreditare la propiedad sobre la cosa, la única persona que posee un documento certificado por escribano público es justamente la señora Elsa Leónidas Domínguez que por esas cosas de esta justicia degradada que sufrimos los argentinos es la única acusada de delitos de calificación penal. Según la defensa, el juez interviniente Rubén Norberto Ochipinte y la fiscal María Belén Casal Gatto ni siquiera incorporaron al expediente la actuación notarial que acredita derechos sobre la propiedad a favor de Elsa Leónidas Domínguez quien fue literalmente empujada a vivir en la intemperie con dos causas penales pesando sobre su cabeza violando el derecho a la legítima defensa en juicio y atropellando sus Derechos Humanos básicos y con rango constitucional, una barbaridad que debería ser revisada por las autoridades que rigen la conducta de los funcionarios judiciales, por supuesto que también las autoridades institucionales y el arco político que, lamentablemente, se encuentran calentando la silla y cobrando sueldos sin observas las penurias que sufre la comunidad que los votó para que ejerzan la representación para salvaguardar los derechos del pueblo.

Se estaría frente a una Asociación Ilícita?

El juez interviniente es Rubén Norberto Ochipinte y la fiscal María Belén Casal Gatto ¿Te suena el apellido “CASAL”…?

La señora Elsa Leónidas Domínguez, fue desalojada de manera forzosa de su vivienda, conjuntamente con su grupo familiar, el día 5 de marzo de 2021, el que ocupaba dentro de una fracción de cuatro hectáreas, emplazado en avenida Rojo al 890, Cuidad Evita del partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires en orden a la presunta comisión de los delitos de usurpación y retención indebida que fuera denunciada por el señor Antonio que nunca acredito debidamente los documentos de propiedad, que de hecho tuvo un manejo irregular pasando de mano en mano sin la documentación probatoria que acreditare la propiedad sobre la cosa, la única persona que posee un documento certificado por escribano público es justamente la señora Elsa Leónidas Domínguez que por esas cosas de esta justicia degradada que sufrimos los argentinos es la única acusada de delitos de calificación penal. Según la defensa, el juez interviniente Rubén Norberto Ochipinte y la fiscal María Belén Casal Gatto ni siquiera incorporaron al expediente la actuación notarial que acredita derechos sobre la propiedad a favor de Elsa Leónidas Domínguez quien fue literalmente empujada a vivir en la intemperie con dos causas penales pesando sobre su cabeza violando el derecho a la legítima defensa en juicio y atropellando sus Derechos Humanos básicos y con rango constitucional, una barbaridad que debería ser revisada por las autoridades que rigen la conducta de los funcionarios judiciales, por supuesto que también las autoridades institucionales y el arco político que, lamentablemente, se encuentran calentando la silla y cobrando sueldos sin observas las penurias que sufre la comunidad que los votó para que ejerzan la representación para salvaguardar los derechos del pueblo.

Se estaría frente a una Asociación Ilícita?

 

En un escrito de más de cuarenta fojas que hicieron llegar a la redacción se puede leer paso a paso la vivencia de esta familia que al parecer es víctima de una asociación ilícita que estaría despojando los terrenos de esa localidad de la provincia de Buenos Aires con la participación de funcionarios públicos y supuestos “empresarios”.

BANER MTV 1

El acta notarial Nro. BAA05305952 emitida por el notario Pedro Antonio GOTTIFREDI, notario del registro notarial Neo 21 del partido de Merlo, al folio 408 protocolo del año 2006, en un sello fotostática de su matriz GAA09750978 del 25 de abril de 2006.

Pero quien es el verdadero titular de la propiedad?

La defensa sostiene que no se ha cumplido con el deber de debida diligencia, toda vez que el acto de tradición nace desde la adquisición del bien inmueble por parte de Ricardo BANJAY, en el año 1999, de parte de un individuo que solo aporta el apellido TRUJILLO, el que luego hace mejoras y luego de advertir que “Trujillo” no era legítimo titular dominial, VENDE sin ningún compromiso, ni responsabilidad alguna a Ricardo BANJAY quién ostenta calidad de titular en el año 1994 al hoy denunciante Andrés Antonio, sin perjuicio de ello, se ha certificado que el bien en cuestión pertenece al Instituto de la Vivienda municipal. También advierte la defensa que a tenor de la declaración del mismo Ricardo BANJAY, le habría cedido parte del bien inmueble a su amigo Ferreyra esposo de la Señora Elsa Domínguez, fallecido -que colaboro en el año 1999 y siguientes años a mejorar dicho inmueble, que ambos, tanto BANJAY como ANTONIO han dado fe en sus declaraciones de estos hechos históricos. Resulta increíblemente asintomático el devenir de los hechos en cuanto parece evidente que nadie a tomado el recaudo de advertir que el hecho que luego deviene en infracción a la ley penal nace de un hecho que prima facie constituye delito por parte de Banjay y Antonio. Aquí me quedo un segundo para preguntarme ¿cómo ha sido posible que nadie haya advertido que la fracción de tierra pertenece al erario público, Instituto de la Vivienda Municipal? ¿…?

Pero lo dramático es que desalojaron a doña Elsa de 70 años que habitó la propiedad durante más de 20 años, construyó la vivienda con su esposo, formó una familia, obrando en su poder un instrumento público certificado por un escribano y la “justicia” la arrojó a la calle junto a su familia, dejándola a la intemperie, violando sus derechos humanos y permitiendo que Banjay y Antonio cometan una cantidad de delitos por disponer de un bien perteneciente al estado para someterlo a la venta entre particulares, para que en la actualidad una abogada se encuentre ocupando la propiedad ¿en calidad de “nueva propietaria”? ¿Esta vez quien le vendió la propiedad?, yo me pregunto ¿cuál es el mecanismo legal por el cual se dispone de un bien público de esta manera, en este entramado podríamos estar frente a un negocio inmobiliario que podría constituir una asociación ilícita con la participación de funcionarios judiciales? Es muy grave todo esto.