Escándalo judicial en Mendoza: una por una, las causas en las que un juez federal cobró coimas para favorecer a presos

1, donde se habrían cobrado millonarios sobornos.

En la acusación del Fiscal General de Mendoza, Dante Vega, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aparecen seis personas imputadas por delitos de contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa -ahora todos detenidos- que negociaron su libertad.

Negociaron con la presunta banda criminal integrada por un ex aduanero que fue asesinado (el empresario Diego Aliaga); tres abogados que tramitaban las causas y el juez como jefe de la organización.

“Los montos que se pagaron iban de los 50 mil a los 200 mil dólares por cada causa”, dijo a Clarín, uno de los investigadores.

El juez Bento fue imputado el miércoles último por asociación ilícita, cohecho (cobro de sobornos), lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una mega causa que golpea a uno de los magistrados más poderosos de la Justicia cuyana. Su par, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente a Bento como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”.

Los seis detenidos como protagonistas de esta mega causa y quienes habrían pagado coimas son: Walter Eduardo Bardinella Donoso, quien dio inicio a la investigación a partir de conversaciones que aparecían en su celular; Juan Carlos Molina Pérez, Javier Santos Ortega, Eugenio Javier Nasi, Marcos Adrián Calderón y Omar Rodriguez.

En el ambiente tribunalicio mendocino era vox populi que Aliaga estaba vinculado al ámbito de la delincuencia aduanera, desde electrónica, indumentaria, cigarrillos, entre otras mercancías. Era habitual verlo en los cafés de las inmediaciones del Parque Cívico, reunido con abogados con causas en la Justicia Federal. Y según han declarado diversos testigos, cada negociación que emprendía Aliaga llevaba al nombre del juez Bento, en cuyo juzgado se resolvieron a favor de los delincuentes las seis causas por las que se lo acusa al magistrado.

Son causas ocurridas a partir de 2010. En la que intervinieron los tres abogados que fueron detenidos esta semana. Los letrados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo fueron imputados por asociación ilícita y cohecho activo, delitos que tienen una pena máxima de 15 años. Según el expediente, eran los encargados de presentar escritos judiciales que permitían “preparar el terreno para que el juez cumpla con su parte en el acuerdo ilícito”.

La Fiscalía sostiene que los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con este lobbista, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.

Una de las pruebas que más compromete al juez es la relación con Aliaga. Según la acusación, hubo 265 llamadas, en un lapso de 8 meses, entre el ex despachante y un teléfono que estaba agendado con el nombre de “Primo”. Al constatar la Fiscalía general quién era el propietario de ese número, descubren que era el teléfono oficial de Bento.

La acusación argumenta que el objetivo principal de la banda delictiva era “lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso”. Y asegura que el mecanismo partía de un mismo esquema: “En una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero en dólares) para que el beneficiario recuperara su libertad”. Como segundo paso, esta libertad iba seguida por “la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado”. Luego, dice la Fiscalía, esta baja de la imputación, “servía de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad otorgada”.

Los 16 imputados

Además del juez federal Walter Bento como jefe de la banda y por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, están imputadas otras 15 personas: su esposa, Marta Boiza, por enriquecimiento y lavado; los tres abogados: Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo, todos detenidos y señalados como integrantes de la asociación ilícita.

También están los acusados de haber pagado coimas o de haber participado en el proceso: Walter Bardinella Donoso (detenido), su pareja Jessica Miere, Mariano Enrique Castro, Leandro Cirot, Eugenio Javier Nasi (detenido), Javier Santos Ortega (detenido), Juan Carlos Molina (detenido), Marcos Adrián Calderón (detenido) y Omar Armando Rodríguez (detenido).

Por último, fueron imputados por falso testimonio Juan Ignacio Aliaga (hijo del empresario asesinado) y Luis Francisco Álvarez.

Entre las causas en las que el fiscal Vega dice que se pagaron sobornos, está la de Eugenio Nasi (44), detenido en julio de 2019 con 5 millones, entre pesos argentinos, chilenos y dólares y vinculado a un una banda de contrabando que dirigía un ciudadano chino que está prófugo. Según la investigación, Nasi se encargaba de la logística de los camiones, contactar a los empleados de aduana que hacían la vista gorda y tenía las llaves de un galpón en Junín donde enfriaban y acondicionaban la mercadería.

Según el expediente, Bento benefició a Nasi bajando la calificación de su imputación de contrabando agravado a encubrimiento de contrabando. El fallo fue revertido por la Cámara Federal de Apelaciones y Nasi volvió a prisión.

Otro caso trascendente fue el de Javier Santos Ortega y Juan Carlos Molina, a quienes se les secuestraron 206 millones de pesos en ropa y zapatillas que ingresaban desde Chile a través de sociedades fantasmas.

La causa fue resuelta en el juzgado de Bento. Santos consiguió la prisión domiciliaria y luego la libertad absoluta. Su abogado defensor fue Martín Ríos, uno de los abogados detenidos y acusado de ser parte de la banda.

En el caso de Molina, el juez Bento cambió la calificación a partícipe secundario de la asociación ilícita y contrabando, pese a que había conversaciones telefónicas que lo vinculaban con Santos y hasta fue descubierto en el allanamiento en el galpón. En esta causa, el fallo fue confirmado en una instancia superior en julio pasado.

El expediente que involucra al detenido Marcos Adrián Calderón fue investigada en 2017, a partir de la denuncia contra una organización que fraguaba facturas de operaciones de compra y venta por 179 millones de pesos para evadir impuestos. Calderón estuvo implicado en el principio de la investigación, pero el juez Bento dictó la falta de mérito y terminó zafando de la investigación. Otras seis personas implicadas fueron condenadas en diciembre de 2020 por asociación ilícita fiscal, a penas de entre 3 y 5 años en prisión.

Bento tiene inmunidad como magistrado y podrá seguir en funciones. La única forma de remover a un juez de su cargo es a través del jury de enjuiciamiento.

El magistrado fue nombrado en el Juzgado Federal 1 en el año 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y con el guiño del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón (fallecido en 2015).

En 2011, Bento alcanzó trascendencia mediática cuando intervino la empresa Cablevisión en medio de una disputa con su competidor Supercanal. La Corte determinó la nulidad de las actuaciones y cuestionó el accionar del juez de Mendoza, que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. En 2012, el pedido de juicio político fue desestimado por la mayoría kirchnerista que salvó a Bento.

Mendoza. Corresponsal.

GL

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