El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue imputado por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en una causa que golpea a uno de los magistrados más poderosos
de la Justicia cuyana.
Su par, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente a Bento como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”.
La investigación que conmociona a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo del año pasado, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga.
Bento es el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza desde 2005 y el juez con competencia electoral de la provincia. Durante muchos años también tuvo a su cargo, como subrogante, el juzgado Federal 2. Además de este magistrado, fueron imputados tres abogados del fuero local Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo.
Para el fiscal Vega, la organización contaba con "un facilitador que sería el asesinado ex despachante y empresario Aliaga, los tres abogados y un alto funcionario judicial que era Bento".
Entre las pruebas presentadas hay mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y testimonios de personas que aseguran que les pidieron entre 50 mil y 200 mil dólares para acceder a beneficios judiciales que permitieran bajar la calificación de los delitos que se le imputaban y acceder a beneficios de libertad condicional.
Muchos de estos testimonios aseguran que pagaron. Por eso, una línea de la investigación apunta al enriquecimiento ilícito y lavado de activos a partir del cobro de coimas. Con esta calificación que se le imputa, el juez mendocino arriesga una pena de prisión que va de un mínimo de 5 a 41 años en la cárcel.
También fue imputada la mujer de Bento, Marta Boiza, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La mujer y dos hijos del juez ocupan cargos en tribunales federales.
El juez Bento tiene inmunidad como magistrado y podrá seguir en funciones. La única forma de remover a un juez de su cargo es a través del jury de enjuiciamiento.
Para su defensa, Bento contrató al abogado porteño Mariano Cúneo Libarona.
El magistrado se enteró de la investigación porque un empleado del Registro Público y Archivo Judicial le entregó un material de la causa que confirmaba que se estaba investigando su patrimonio.
Diez días atrás, Cúneo Libarona le dijo a Clarín que es una causa instruida por "un fiscal enemigo, que cuando el imputado quiere saber su situación, ordena el secreto de sumario y le niega a la defensa conocer la situación". Y amplió: "Bento y Vega están enemistados, no se saludan cuando se encuentran en el ascensor de tribunales".
La investigación que golpea a Bento se desató luego de que en marzo de 2020 la Policía detuviera en Guaymallén a quien por entonces era uno de los hombres más buscados del país: Walter Bardinella Donoso (41). Al capturar al fugitivo -hoy preso por una causa de narcotráfico- los investigadores secuestraron su teléfono. Y los diálogos que Bardinella Donoso mantenía en sus chats encendieron la alarma.
El diario MDZ fue el primero en ventilar parte del expediente, donde el detenido habría discutido sobre posibles liberaciones, cambios en expedientes, entre otras irregularidades con representantes de la Justifica Federal de Mendoza.
A estos dichos se sumaron los datos aportados por Diego Barrera, quien fuera socio de Aliaga y está acusado de planear y ejecutar la muerte del empresario. Este preso declaró que su socio Aliaga acordaba la liberación o beneficios a presos en complicidad con un abogado y un juez de primera instancia. A partir de esa denuncia, se abrió una causa paralela que quedó en manos del juez Puigdéngolas, quien delegó la tarea de investigación a la Fiscalía General de Vega.
Clarín pudo saber que son varios los presos que habrían accedido a beneficios y en causas que 2013, y la mayoría ocurrieron entre 2018 y 2020. “La banda criminal ofrecía la excarcelación, o cambios de calificación penal a cambio de dinero y otros bienes. Por ejemplo, de una imputación por contrabando agravado a encubrimiento de contrabando”, argumenta la acusación.
Esta miércoles por la mañana se realizaron varios allanamientos en el Gran Mendoza, en busca de los tres abogados imputados. Hasta el mediodía, Luciano Ortego seguía prófugo. Ortego fue yerno de Emir Yoma, cuñado del ex presidente Carlos Menem. Este abogado estuvo imputado por una maniobra ilegal con un cliente, pero logró zafar porque pagó más de un millón de pesos a la víctima de la estafa.
En la lista de buscados en esta causa, hay otras personas que habrían participado en el pago de dinero para beneficiar o liberar a los presos.
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