La diputada ultra K Vanesa Silley mantiene frenada en el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia por mal desempeño y mala conducta contra el juez federal Luis Rodriguez
por haberle dado una polémica excarcelación al sindicalista Omar “Caballo” Suárez en la megacausa por entorpecimiento de las vías navegables, extorsión y coacción.
La acusación la hizo el empresario naviero Máximo Padilla, dueño de la firma Petro Tank, y principal denunciante del sindicalista “preferido” de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Esta es la única de las diez denuncias que tuvo el juez Rodríguez que se mantiene abierta en el Consejo de la Magistratura. El resto fueron cerradas con el apoyo de la mayoría K, incluso la denuncia por las declaraciones de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, quien afirmó que su marido habría pagado "diez millones de dólares" a un estudio de abogados y al juez Rodríguez. La denuncia penal por este caso fue sobreseída.
Rodríguez es el mismo juez que procesó en forma arbitraria y sin pruebas al periodista de Clarín Daniel Santoro como supuesto partícipe de un intento de extorsión de Marcelo D'Alessio al despachante de aduana Gabriel Traficante.
Sucede que en el 2017 el “Caballo” Suárez estaba preso en la cárcel de Marcos Paz por disposición del entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Gerardo Pollicita. Entonces, la hija del gremialista María Lorena Suárez denunció que “por medio de un tercero le ofrecieron sacarlo a cambio de 500 mil dólares”.
Pero Canicoba y el fiscal se fueron de vacaciones y Rodríguez quedó subrogando el juzgado, mientras el “Caballo” se mostró en TV esposado y rengueando en los pasillos de Comodoro Py.
Entonces, el 29 de diciembre del 2017 Rodríguez dispuso por “problemas de salud” el arresto domiciliario del sindicalista con una tobillera electrónica para circular hasta 100 kilómetros. Lo hizo pese a que el fiscal suborgante Carlos Rívolo se opuso a la medida argumentando que el último examen médico no mostraba problemas de salud graves, excepto hemorroides.
Cuando terminó la feria judicial de enero, el abogado de Padilla, Alejandro Sánchez Kalbermatten apeló argumentando que no era cierto que el sindicalista tuviera problemas de salud graves y que corría peligro la vida de su cliente. Padilla vive a 20 kilómetros del chalet del “Caballo” en San Isidro.
Recordó, además, que había riesgos procesales y que incluso antes de su detención, se habían robado los sistemas de computación del SOMU para destruir pruebas sobre desmanejos financieros cuando era intervenido por la actual legisladora de Juntos por el Cambio Gladys Gonzalez. La cámara federal porteña revocó la medida.
Padilla denunció ante la Magistratura las conductas del juez Rodríguez “no hacen más que incrementar la estadística prontuarial que arroja el funcionario en su corta vida de juez federal”.
“A espaldas de la decisión del juez natural, Canicoba del Corral, y el fiscal Pollicita decidió darle prisión domiciliaria a Suárez quien tiene acumuladas en los distintos juzgados federales más de diez causas, todas ellas con algo grado de peligrosidad y/o de magnitud ya sea por las sumas de dinero en perjuicio del estado, cuanto el gremio o la obra social del SOMU y el gran perjuicio a “empresarios privados y personas físicas”, dijo Padilla en su denuncia ante la Magistratura.
Resaltó que el juez Rodríguez ocultó el fallo en que ordenó la excarcelación y “omitió cumplir con la publicidad prevista en el artículo 1 de la ley 25.856, lo que demuestra y confirma por cierto un alto grado de sospecha en su apresurado accionar”.
“La decisión del juez Rodríguez me agravió, me perjudicó en las actuaciones del proceso y también puso en riesgo mi vida y las de mis familiares razón por la cual en tiempo y forma apelé la medida”, agregó el denunciante.
Si bien la cámara federal revocó el pronunciamiento de Rodríguez, resaltó Padilla, “esto de ningún modo purgó la conducta temeraria de un juez que considero corrupto, pero tanto me sumo a la campaña de denuncias para que como argentino no debamos seguir padeciendo este tipo de ilicitudes”. Rodriguez “no es muy diferente a la figura de Norberto Oyarbide”, resaltó.
Entonces, Padilla pidió el inmediato apartamiento de Rodríguez para que “no actúe igual en otras causas”.
Como contraataque, el “Caballo” le inició una causa por supuesta extorsión a Padilla quien terminó sobreseído.
El denunciante Padilla le reprochó a Rodríguez “ambigüedad en los tiempos procesales, claramente dinámico en relación a imputados ajenos y con actitud pasiva y displicente respeto de otros” .Y pidió analizar este caso “la luz de un conjunto de actos en otras causas” y hacer una auditoría de su juzgado”.
En mayo de 2019, el entonces presidente de la Magistratura, Ricardo Recondo mandó la denuncia a la comisión de disciplina y le tocó instruirla a la diputada ultra K Vanesa Silley.
Según fuentes de la Magistratura consultadas por Clarín, “tiene el caso frenado” en sintonía con los vínculos de Rodríguez con el kirchnerismo, sobre todo desde que su padrino político, el operador judicial Javier Fernández, se reconcilió con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El 10 de mayo de 2019, Rodríguez se presentó de modo espontáneo y recordó a la Magistratura que si bien la cámara federal revocó su polémica decisión, el tribunal oral federal 4 -que tiene ahora la causa- hizo lugar al pedido de arresto domiciliario. Y pidió la “desestimación inmediata” de la denuncia de Padilla.
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