El Caso Píparo 2: miserias políticas y acusaciones de tráfico de influencias

Seguridad, Sergio Berni, de “mezquindad” al favorecer el presunto “ocultamiento” de pruebas detalladas en el 911.

Tan grave es el cargo contra ambos como el pedido que el oficialismo de gobierno pide a la Legislatura para que “se informe sobre las circunstancias “ de los hechos que involucran a la legisladora y marido. Y la misma bancada, en el Concejo Deliberante platense, directamente, pide su renuncia a la Secretaría de Asistencia a la Víctima que gestiona en el Municipio.

Todo en apenas 72 horas de conocido el episodio. No será, seguramente, un leading case en los tribunales de la Provincia. Pero, ya adquiere eventuales consecuencias en la prematura pelea electoral para las legislativas 2021.

Píparo encabezó lista de Juntos por el Cambio en 2017. Ganó por apreciable cantidad de votos al kirchnerismo. En el formato de la oposición está para renovar y se anotaría en la grilla de la sucesión del intendente Julio Garro (JpC). La capital provincial es un filón político que La Cámpora, principal soporte partidario de Kicillof, intentará gobernar. Hasta tiene aspirantes no declarados: Andrés “Cuervo” Larroque, entre unos pocos. Victoria Tolosa Paz, subsecretaria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, tiene menos pruritos para admitir el interés.

Por ahora, resiste el expediente. Demuestra con cierta verosimilitud, que la diputada sufrió el robo de su cartera y su celular cuando estaba en el auto de la familia, en la puerta de la casa de su suegro, a la 1.50 del primer día de 2021.

Hay siete llamadas al 911, incluidas la de su hermano Matías, su marido -Juan Ignacio Buzali- y un par de vecinos. Cuarenta minutos después, una patrulla llega al lugar donde estaba el matrimonio, en 47 entre 14 y 15. Toma la denuncia e indican que la pareja debe trasladarse hasta la seccional primera, en 53 y 10, para ratificar los dichos.

La acreditación preliminar de la fiscalía, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, es sobre presunto “robo agravado y en banda”. Habrían participado seis personas, una de ellas con portación de revólver para intimidación de Píparo. Ese es un acto concreto. El otro resulta más complejo. Es la trama que alimenta la disputa política.

Del repaso surge que Píparo y Buzali se dirigían a la comisaria, cuando –casi una hora después- se cruzan en la avenida 13 con un grupo de jóvenes en motos. Creen identificarlos como presuntos autores del delito anterior, por lo que los siguen. Buzali conducía. Su mujer trazaba el itinerario de la persecución en comunicación con el 911.

En el cruce de la calle 21 y 39, en el barrio de La Loma, Buzali atropella con su Fiat 500L a la Honda XR 250. Luis Lavalle (23), al comando, y un adolescente, de 17 años, son despedidos hacia atrás, pasan por encima del capot y golpean en el asfalto, Ambos resultan con heridas. La Honda es arrastrada varias decenas de metros. Algunos dicen cuatro cuadras. Como en el caso precedente del robo, hay testigos.

El dato es que no se trataría de los mismos motociclistas que habían visualizados al inicio de la persecución, en la avenida 13. Error gravoso. Los pibes venían desde el barrio Abasto para ver la tradicional quema de muñecos en La Plata. Eso dice el abogado de Lavalle, Martín De Vargas. Y confirman los muchachos.

Di Lorenzo, con los peritajes y testimonios intentará demostrar la existencia o no de dolo eventual en la maniobra de Buzali. Es decir, cuando aceleró ¿vio representada la posibilidad de provocar daño o sólo fue un accidente, en la determinación técnica una actitud culposa?

Es el meollo de esta controversia. Del robo no hay novedades. El celular de Píparo apareció en El Carmen, en la localidad de Berisso. En el otro extremo de Abasto, a varios kilómetros. No hay concomitancia. Los seis responsables del delito están lejos de ser identificados.

Por eso, en apariencia, la causa por lesiones de Lavalle y amigo adquiere la consistencia que no tiene el robo calificado por portación de arma. La disparidad de repercusión entre uno y otro mortifica el ánimo de Píparo.

Hace diez años, después de retirar unos ahorros en el Banco Santander Río de La Plata, cuando se dirigía a su casa en auto, fue asaltada por un motochorro. Estaba embarazada de ocho meses. El delincuente le disparó. La hirió de gravedad. Perdió a su bebé. Se recompuso del trance e inició una carrera política. Hasta la diputación y el cargo ad honorem en la Municipalidad.

En este momento, la exposición, el accidente o atropello premeditado de su marido, y el calendario electoral 2021, la sitúan en un lugar fuera del confort de los despachos. Aunque no a la intemperie. Por lo menos es lo que dice el diputado Guillermo Escudero (FdT), quien presentó el pedido de informe parlamentario, el bloque de concejales kichneristas en pleno del CD, y a los que habrán de agregarse como nuevos denunciantes en las próximas horas.

Para ello, remiten al momento del choque. En el argumento incorporan que hubo “abandono de persona”. Esto es: Buzali chocó a la moto, provocó heridas a los dos jóvenes y huyó. El matrimonio excusa de ese cometido porque la reacción de los motoqueros (aseguran que eran más de cinco rodados) presagiaba más violencia. Entonces el escape. "Nos querían linchar, matar, esa era nuestra sensación", le dijo la legisladora a Clarín.

Punto en un detalle. Para ese momento, o aún antes, Píparo, con el celular de su pareja, se habría comunicado con el secretario de Seguridad de la comuna, Darío Ganduglia. En el apremio habrían acordado encontrarse en el puesto policial, en la calle aledaña a la Municipalidad, en la avenida 53 y 12.

La pareja, según esa versión, procuraba el amparo del funcionario amigo para impedir la intercepción de los perseguidores. Incluso sin detenerse en otro retén policial frente a la Catedral. Sin embargo, la diputada desmintió haber llamado a Ganduglia. "Darío estaba recorriendo los controles. No sé cómo estaba ahí. Habría que preguntarle a él", aseguró.

En esto se detiene De Vargas para atribuir la supuesta protección del secretario. Y, además, entorpecimiento de algunas acciones en el paso posterior al bloqueo de la avenida 53.

No es una inferencia menor. La fiscalía también revisará el comportamiento de Ganduglia. Este lunes se realizó un allanamiento al Centro de Monitoreo de cámaras de la Municipalidad, en diagonal 80 y 5. 

Del resultado quedará pendiente Píparo. Juega su propia suerte. Si la Justicia demuestra que el secretario, atento a la amistad con la diputada, entorpeció la investigación para evitar consecuencias judiciales y políticas, su colega de gabinete municipal estaría en problemas. Está claro que Píparo fue víctima del primer delito (robo) y que en el siguiente episodio su carácter era de acompañante del marido al volante.

No obstante, en la eventualidad de acción coordinada para disminuir las cargas procesales con Ganduglia, podría aparecer otro imponderable. El delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 428 del Código Penal. Se refiere al “funcionario o autoridad que cause influencia aprovechando sus facultades en su cargo o cualquier tipo de situación que derive de su situación personal para obtener algún tipo de beneficio”. En ese caso puede ser castigado con pena de cárcel de 6 meses a 2 años.

Píparo nunca lo pensó. Nada menos que en pleno desempeño de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género. Desde allí arma su rampa de lanzamiento electoral, precisamente con el tema de seguridad. El episodio la obliga a reperfilar el discurso. Ya decidió salir por arriba.

"Diez años después cuando vuelvo a ser víctima en la provincia de Buenos Aires el gobernador y sobre todo el ministro de seguridad muestran mezquindad política y personal. No sólo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan 2 y casi 72 horas después permitiendo así que se ponga en duda la veracidad de lo que me pasó: un delito violento en manada y de noche", escribió la diputada.

"Me duele.... Me duele esta política miserable de desprecio por el otro. Habla de quien la ejerce, no de mí, ocúpense del delito, que no desaparece ensuciando a quien nada tiene que ocultar", insistió a través de un comunicado.

Como sea, hay zozobra por todos lados. Este lunes, el intendente Julio Garro comenzó a revisar cómo acomoda las cargas. Ganduglia y Píparo son colaboradores de primera línea en su gabinete. Se prepara para una embestida más fuerte. Hay indicios. En las próximas horas, la jueza de Garantías N° 5, Marcela Garmendia, recibirá una solicitud de excusamiento en el caso Píparo 2.

El patrocinante de Lavalle considera que la jueza podría ver afectada sus decisiones por una situación reciente. Su hijo Juan Manuel Martínez Garmendia, hasta hace un par de años, fue funcionario de Garro en la Municipalidad. Esa cercanía podría afectar el ánimo de sus resoluciones, según el abogado De Vargas.

Los prejuicios van y vienen. En las cercanías de la comuna advierten que el profesional es uno de los más activos defensores de la actividad de los manteros senegaleses, enfrentados con el municipio por el control de la venta ilegal e mercadería.

Un compendio de derivaciones que no tienen los cuatro casos de robos de motochorros diarios que registra La Plata, más aquellos que no se denuncian. Sólo el relámpago de la acción de Buzali, culposa o dolosa, depara alguna expectativa futura en los estrados judiciales platenses.

La política ya se adelantó varios pasos. Anticipa una larga carrera hasta el comicio.

EMJ