No les alcanzó con volver a dejarlo en libertad pese a que había violado las condiciones de excarcelación. Ahora, esos mismos jueces del Tribunal Oral Penal de la ciudad correntina de
Goya consideraron que el abogado que está procesado por pegarle una feroz paliza a su ex pareja, salga del calabozo sin siquiera una tobillera electrónica. Como si fuera poco, en la misma resolución, dejaron sin el botón antipánico a la víctima.
La polémica decisión fue tomada por los jueces Julio Duarte y Joaquín Romero, quienes sostuvieron que la demora en el ingreso de Cristian Andrés Casco (36) al Programa de Sistemas de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores Sexuales y Víctimas de Violencia de Género de Corrientes fue por culpa de la víctima, por no haber cumplido con algunos requisitos, algo que su abogado descartó de plano.
Para Duarte y Romero hay “afectación y/o cercenamiento a un derecho fundamental de toda persona, ésto es la libertad, y con el objetivo de hacer operativo lo resuelto se hace necesario sustituir provisoriamente el ingreso de Casco al Programa...”.
Casco está procesado por lesiones graves doblemente calificadas, daño y coacciones, por lo cual podría ser condenado a una pena de hasta quince años de cárcel. El ataque se produjo el 1º de marzo del año pasado, apenas tres días después de que Gisela Dezorzi le había comunicado su decisión de dar por concluida la relación de pareja. El violento le fracturó costillas y le asestó golpes de puño en el rostro.
La abogada Gisela Dezorzi (41), tras la golpiza de su ex, en Goya, Corrientes.
Aunque consiguió escapar, fue detenido una semana después. Nueve meses más tarde, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes le concedió la libertad y uno de los polémicos argumentos que utilizó fue que Casco “utilizó el puño y golpeó en partes donde no pudo ocasionar la muerte” de Dezorzi.
El abogado ya estuvo en el programa de monitoreo con tobilleras electrónicas y fueron los encargados de la vigilancia los que pidieron su salida por no cumplir con las directivas, contó en su momento el abogado de Dezorzi, Pablo Fleitas.
El 31 de diciembre pasado, Casco volvió a ser detenido al ser revocada su excarcelación, pero fueron Duarte y Romero quienes le dieron una “segunda oportunidad” y decidieron concederle la libertad nuevamente hace once días. A partir de entonces se iniciaron los trámites necesarios para registrar a víctima y victimario en el Programa.
Los abogados Gisela Dezorzi (41) y Cristian Andrés Casco (36), de Goya, Corrientes.
“Es falso que la demora en el ingreso al Programa sea nuestra culpa. Yo tengo un audio de la secretaria del Tribunal que nos agradece la colaboración que prestamos. Es por eso que vamos a presentar un recurso de Casación para que se revise este resolución”, dijo Fleitas.
“Ya se certificaron todos los mensajes, llamadas y audios por escribano público, porque es una muestra de la colaboración de la víctima y por ende la falsedad de la resolución”, dijo Fleitas, quien incluso analiza realizar una denuncia contra Romero y Duarte.
Los abogados Gisela Dezorzi (41) y Cristian Andrés Casco (36), de Goya, Corrientes.
Este viernes, al comunicar su nueva resolución, los magistrados dispusieron que Casco no podrá abandonar la estancia donde fijó domicilio, en la zona rural de Goya. Y que un agente de Policía se encargue de su vigilancia.
El tercer integrante del Tribunal, Jorge Antonio Carbone votó en disidencia. Y se remitió a los fundamentos de la resolución anterior. Allí había expresado: “No encuentro fundamento para otorgarle una segunda oportunidad, a través de la concesión del beneficio del cese de prisión con el mismo resguardo que ya incumplió (colocación de dispositivo electrónico de control de movilidad), más aún cuando de su propio escrito se infiere su negación por la falta cometida, echando toda la culpa a la víctima, arrogándole sin fundamento o prueba que acredite sus dichos, que la misma realizó los actos impropios para perjudicarlo”, sostuvo Carbone.
El juez indicó que una posible libertad de Casco volvería a colocar a la víctima “en un estado de vulnerabilidad, contrariando toda la normativa nacional e internacional que protege a la mujer”.
En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018 fueron 278. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex.
Dónde llamar
Línea 144Atención para mujeres en situación de violencia.
Línea 137Atención a Víctimas de Violencia Familiar.
911 EmergenciasNS
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