Condenan al abogado de un presunto narco rosarino a pagar 44 millones de pesos

temprano en un operativo policial. Este jueves, el defensor del hombre sindicado como el principal narcotraficante de la provincia acordó el pago de una multa de 44 millones de pesos y lo condenaron como miembro de la banda de su representado.

La exorbitante suma de dinero que desembolsará Claudio Tavella en el plazo de un año y medio es el doble de la cotización actual estimada del campo que adquirió en 2016 a cambio de $1.900.000. Según la evidencia presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la operación fue una farsa, ya que el terreno de diez hectáreas tenía entonces un costo fiscal de casi 5 millones y medio de pesos. El objetivo de la misma fue lavar activos ilegales de su cliente, el verdadero dueño de la propiedad.

El procedimiento abreviado que homologó la jueza Hebe Marcogliese incluye el decomiso del lote ubicado en Coronel Bogado, unos 40 kilómetros al sur de la ciudad. Lo mismo ocurrirá con el Jeep Renegade Sport que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró en la casa del imputado en la zona norte rosarina. Si bien la resolución contempla una pena de 3 años de prisión efectiva, el letrado quedó en condiciones de pedir libertad condicional.

La maniobra para el blanqueo del dinero proveniente de actividades delictivas se dio a conocer en abril, cuando la Fiscalía planteó que el penalista no tenía capacidad económica para solventar la compra de manera lícita. Tampoco la tenía en 2014 el vendedor Carlos Covella, quien previamente había accedido al campo a cambio de $950.000. Detrás de ambas partes, el común denominador en sus relaciones personales y profesionales era Alvarado.

El rol de Tavella dentro de la asociación ilícita cuyo liderazgo le atribuyen a su cliente va más allá del circuito del dinero. En total, aceptó su responsabilidad penal por siete hechos que configuran los delitos de cohecho activo, falsificación ideológica de un instrumento público y su uso.

En 2012, el abogado redactó el boleto de compraventa para adquirir una casa en la vecina localidad de Roldán, la cual figura a nombre de una de las acusadas en la causa. La Justicia determinó que la propiedad ubicada sobre Misiones al 800 se convirtió en el domicilio fiscal de una de las empresas en las que se inyectaba la plata. Además pertenecía a Rodrigo Ortigala, un testigo clave de la investigación, quien dijo que la entregó bajo amenazas del supuesto narcotraficante y contra su voluntad.

Ese año, el letrado también intentó sobornar a personal de Gendarmería Nacional cuando fueron a allanar la casa de Alvarado en el country San Marino de Funes. Seis años más tarde, la escena se repitió con actores diferentes. Esta vez, el destinatario de la coima de un millón de pesos fue el policía Pablo Bancora, el primero de cuatro miembros de las fuerzas provinciales ya condenados como cómplices de la organización delictiva.

Previo a este episodio, el 15 de agosto de 2014, uno de los cabecillas de la banda le pidió a Tavella que fuera al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con un objetivo similar. Allí había sido atendido Jorge Laferrara, quien tenía pedido de captura activo y es el padre de uno de los presuntos sicarios de la banda. Ante esta situación, el letrado habló con uniformados y personal médico para que lo registraran con una identidad falsa a cambio de dinero.

Los fiscales a cargo de la investigación lograron conectar entre sí varios hechos en los que el acusado incumplió sus deberes profesionales. De esta manera, se le dictó una inhabilitación especial de tres años para ejercer y es la quinta persona que reconoce su responsabilidad penal como parte de la compleja estructura delictiva descrita por el MPA.

Por otra parte, hace un mes la Justicia provincial recibió el pedido para elevar a juicio la causa contra Alvarado. En esta instancia se propuso la pena de prisión perpetua por planificar el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado a la vera de la autopista a Buenos Aires el 13 de noviembre de 2018. En esta causa hay otros cuatro cómplices imputados desde entonces.

Rosario. Corresponsalía.

GL

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