Mientras se discute una nueva ley del Ministerio Público, el procurador interino Casal cuida a Macri en dos casos clave: Correo y Stornelli.
El procurador interino Eduardo Casal es una de las piezas clave en el entramado judicial del lawfare que sigue en su lugar para cumplir una función: proteger a Mauricio Macri y operar en su favor. La persecución a la fiscala Gabriela Boquin por el caso Correo Argentino es el caso clave. Macri no es el único cuidado por Casal, también lo es el procesado fiscal Carlos Stornelli. La diferencia entre el trato del interino Casal hacia Boquin y Stornelli evidencia sus motivaciones.
El rechazo intransigente de la oposición para terminar con el extenso interinato de Casal se explica por estas relaciones promiscuas con Macri que aún hoy, a casi un año del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, continúan vigentes. Y rinden frutos. De allí, el intento de bloquear la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que busca, entre otras cosas, establecer un lapso de 5 años para el mandato del jefe de los fiscales y bajar a mayoría absoluta los votos necesarios para elegir a un nuevo procurador general. Casal es funcional a Cambiemos.
Caso Correo
Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación. Si Correo quiebra sus deudas las tiene que asumir SOCMA, la nave nodriza del holding Macri. Para intentar frenar a Boquin el interino Casal desplegó una batería de maniobras que incluyen el armado de un sumario por una falsa denuncia por maltrato laboral y el vaciamiento de su fiscalía, entre otras.
Por otro lado, existe una causa penal donde Macri fue denunciado por este intento de favorecer a su familia desde su cargo presidencial y por el vaciamiento de la empresa. Comparte carátula con Oscar Aguad, quien era su ministro de Comunicación y fue el encargado de la maniobra para que el Estado aceptara una propuesta de pago ínfima por parte de la familia Macri, y los tocayos Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, uno abogado y otro presidente de Correo Argentino. En ese expediente el juez Ariel Lijo hace malabares para demorarlo y no llamar a indagatoria a Macri. El rol de Casal allí fue desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni, que le tocaba investigar el caso desde Comodoro Py y no se alineaba con los intereses del presidente PRO.
La protección de Casal a Macri en el caso de la fiscala Boquin incluye, como informó El Destape, una serie de aprietes para desplazarla de la fiscalía ante la Cámara Comercial.
El mismo día que Alberto presentó su proyecto de Reforma Judicial el interino Casal le inició un sumario Boquin. Se basa en una denuncia por supuestos maltratos laborales, sostenida en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
La maniobra, tal como informó El Destape, se inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.
Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista. Luegosufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.
Macri nombró a Boquin en todas las charlas con periodistas serviciales que tuvo en su último raid televisivo. Tuvo efecto: logró que se reactive el sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Nada dijo Casal.
La última maniobra contra la fiscala Boquin fue hace unas semanas cuando, tal como informó El Destape, los Macri la recusaron. ¿Con que excusa? Llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada” por Macri. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.
Boquin ya rechazó el planteo, entre otras cosas porque no hay vía legal para recusar a un fiscal comercial. Nada dijo Casal.
Caso Stornelli
El otro ejemplo que condensa las razones por las que el macrismo busca blindar a Casal es el caso Stornelli. El procurador general interino se transformó en el protector del procesado titular de la Fiscalía Federal N° 4 con asiento en Comodoro Py.
Casal frenó los sumarios internos que se le abrieron a Stornelli por sus vínculos con la banda de D’Alessio, que fue definida por la Justicia como una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal. Los sumarios son los únicos que pueden desencadenar, vía un jury, que Stornelli pierda los fueros que posee y en los que se recuesta para evitar ser detenido. Incluso, el procurador general podría suspenderlo en el cargo, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires con otro fiscal relacionado a la banda de D’Alessio: Juan Ignacio Bidone. A este fiscal general de Mercedes, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, lo suspendió de inmediato. Está claro que Stornelli representa otros intereses.
El primer sumario que adormeció Casal fue el que se generó porque Stornelli no iba a declarar al juzgado federal de Dolores en el marco del D’Alessiogate, donde se lo citó a indagatoria en reiteradas ocasiones. Luego de meses y 6 llamados a indagatoria, en noviembre de 2019, el Consejo Evaluador que asesora al procurador dictaminó que debía presentarse porque si no debía enfrentar un juicio político. Ese fue el disparador que llevó al fiscal del caso de las fotocopias de los Cuadernos a prestar indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla.
Pero otro de los sumarios que había en la Procuración por el mismo caso quedó congelado. Se trata del que analiza la conducta del fiscal por los delitos que se le achacan en la causa que involucra al espía ilegal Marcelo D’Alessio y a la AFI macrista. Stornelli fue procesado por 8 hechos en ese expediente, tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte. Ramos Padilla lo considera “penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal”. Está a un paso del juicio oral. La excusa que esgrimió siempre para defenderse de esa acusación nunca prosperó porque carece de sustento: que el D’Alessiogate fue una operación que se tejió para derribar la causa Cuadernos. Es una coartada que está atada a la archivada “Operación Puf”, una operación mediático-judicial que impulsó la AFI macrista con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y que Stornelli junto a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, llevaron a Comodoro Py.
Esto no es todo. El 19 de mayo pasado, el senador Oscar Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli por su rol en el caso “Cuadernos”. Los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser el armador de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri junto al difunto juez Claudio Bonadío y al defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno en la causa de las fotocopias. En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación.
En ese marco, la corporación judicial decidió blindar a Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), con una integración diferente a la que se inclinó por el juicio político si no se presentaba en la indagatoria, propuso cerrar el sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa Cuadernos.
De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo –integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno.
Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso “Cuadernos” bastan para ser considerados “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias de los arrepentidos. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares
¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?
-Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado.
-Susana Pernas, quien por decisión de Casal reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo.
-Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad”. Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py.
-Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo Argentino, “en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”.
Por decisión de Casal, el mentado Consejo Evaluador es el que analiza los sumarios contra los fiscales y firma dictámenes no vinculantes pero que sirven de apoyo al procurador para tomar sus decisiones.
Los intereses del macrismo para sostener a Casal parecen más que evidentes.
Mientras se discute una nueva ley del Ministerio Público, el procurador interino Casal cuida a Macri en dos casos clave: Correo y Stornelli.
El procurador interino Eduardo Casal es una de las piezas clave en el entramado judicial del lawfare que sigue en su lugar para cumplir una función: proteger a Mauricio Macri y operar en su favor. La persecución a la fiscala Gabriela Boquin por el caso Correo Argentino es el caso clave. Macri no es el único cuidado por Casal, también lo es el procesado fiscal Carlos Stornelli. La diferencia entre el trato del interino Casal hacia Boquin y Stornelli evidencia sus motivaciones.
El rechazo intransigente de la oposición para terminar con el extenso interinato de Casal se explica por estas relaciones promiscuas con Macri que aún hoy, a casi un año del nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, continúan vigentes. Y rinden frutos. De allí, el intento de bloquear la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que busca, entre otras cosas, establecer un lapso de 5 años para el mandato del jefe de los fiscales y bajar a mayoría absoluta los votos necesarios para elegir a un nuevo procurador general. Casal es funcional a Cambiemos.
Caso Correo
Macri utilizó (y utiliza) al interino Casal para influir en el tema judicial que más le preocupa: Correo Argentino. No es para menos: por un lado, en el fuero comercial, la fiscala Boquin logró frenar la condonación de la multimillonaria deuda que tienen los Macri con el Estado y el caso se encamina a una quiebra luego de casi 20 años de dilación. Si Correo quiebra sus deudas las tiene que asumir SOCMA, la nave nodriza del holding Macri. Para intentar frenar a Boquin el interino Casal desplegó una batería de maniobras que incluyen el armado de un sumario por una falsa denuncia por maltrato laboral y el vaciamiento de su fiscalía, entre otras.
Por otro lado, existe una causa penal donde Macri fue denunciado por este intento de favorecer a su familia desde su cargo presidencial y por el vaciamiento de la empresa. Comparte carátula con Oscar Aguad, quien era su ministro de Comunicación y fue el encargado de la maniobra para que el Estado aceptara una propuesta de pago ínfima por parte de la familia Macri, y los tocayos Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, uno abogado y otro presidente de Correo Argentino. En ese expediente el juez Ariel Lijo hace malabares para demorarlo y no llamar a indagatoria a Macri. El rol de Casal allí fue desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni, que le tocaba investigar el caso desde Comodoro Py y no se alineaba con los intereses del presidente PRO.
La protección de Casal a Macri en el caso de la fiscala Boquin incluye, como informó El Destape, una serie de aprietes para desplazarla de la fiscalía ante la Cámara Comercial.
El mismo día que Alberto presentó su proyecto de Reforma Judicial el interino Casal le inició un sumario Boquin. Se basa en una denuncia por supuestos maltratos laborales, sostenida en la declaración de una ex empleada de la fiscalía de Boquin cuyo esposo, el juez Sebastián Sánchez Cannavó, está concursando para acceder a la Sala B de la Cámara Comercial. Es un dato muy relevante: es la Sala que interviene en el caso Correo Argentino.
La maniobra, tal como informó El Destape, se inició con la unificación de los expedientes 157 y 1535, ambos de 2018, en los cuales 2 personas denunciaban maltrato laboral contra Boquin. Una es Verónica Fernández, que tiene una discapacidad por la cual tenía un régimen laboral diferenciado, que denunció malos tratos pero hay documentación a la que accedió El Destape donde reconoce la sensibilidad de Boquin respecto a su condición y lo documentos indican que no hubo motivos para su enojo.
La peona clave de esta jugada es Marina Nieves Calzia, que trabajó en la fiscalía comercial de Boquin entre mayo de 2015 y abril de 2017 e inició un reclamo interno en la Procuración por supuestos maltratos laborales. Boquin y Calzia se conocen desde hace años, ya que la ahora denunciante era secretaria de Ricardo Nissen en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas donde la fiscal realizó numerosas actividades y llegó incluso a ser vicepresidenta de la institución. Cuando Calzia pasó a trabajar en la fiscalía de Boquín aún no se había recibido de abogada. Aprobó un buen número de materias y terminó la carrera en el ambiente que ahora denuncia como hostil.
En el expediente constan intercambios vía mail y Whatsapp certificadas por escribano que muestran la buena relación y trato entre Boquin y Calzia. Pero no los tuvieron en cuenta.
Las presiones sobre la fiscala Boquin no son nuevas. Apenas frenó la maniobra de Macri para condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia de la deuda que tienen con el Estado hubo un raid de declaraciones en su contra por parte de la primera plana macrista. Luegosufrió sospechosos ataques e intermitencias en su custodia policial, incluido el robo de documentación de su auto (del cuál no tocaron ninguna otra cosa de valor) y la aparición de su gato muerto, ambos hechos en la puerta de su casa.
Macri nombró a Boquin en todas las charlas con periodistas serviciales que tuvo en su último raid televisivo. Tuvo efecto: logró que se reactive el sumario contra Boquin basado en una denuncia falsa y que la Cámara Federal de Comodoro Py ordene investigarla en una contradenuncia. Nada dijo Casal.
La última maniobra contra la fiscala Boquin fue hace unas semanas cuando, tal como informó El Destape, los Macri la recusaron. ¿Con que excusa? Llegan al extremo de plantear que vio afectada su objetividad porque “se siente presionada” por Macri. Una clara inversión de la carga de la prueba: es un hecho que la presionaron mediática y judicialmente, que hubo sospechosas fallas en su custodia, que le robaron papeles del caso Correo de su auto, que su gato apareció muerto en la puerta de su casa, que le armaron una falsa denuncia por violencia laboral. Y ahora la acusan de parcial.
Boquin ya rechazó el planteo, entre otras cosas porque no hay vía legal para recusar a un fiscal comercial. Nada dijo Casal.
Caso Stornelli
El otro ejemplo que condensa las razones por las que el macrismo busca blindar a Casal es el caso Stornelli. El procurador general interino se transformó en el protector del procesado titular de la Fiscalía Federal N° 4 con asiento en Comodoro Py.
Casal frenó los sumarios internos que se le abrieron a Stornelli por sus vínculos con la banda de D’Alessio, que fue definida por la Justicia como una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal. Los sumarios son los únicos que pueden desencadenar, vía un jury, que Stornelli pierda los fueros que posee y en los que se recuesta para evitar ser detenido. Incluso, el procurador general podría suspenderlo en el cargo, tal como sucedió en la provincia de Buenos Aires con otro fiscal relacionado a la banda de D’Alessio: Juan Ignacio Bidone. A este fiscal general de Mercedes, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, lo suspendió de inmediato. Está claro que Stornelli representa otros intereses.
El primer sumario que adormeció Casal fue el que se generó porque Stornelli no iba a declarar al juzgado federal de Dolores en el marco del D’Alessiogate, donde se lo citó a indagatoria en reiteradas ocasiones. Luego de meses y 6 llamados a indagatoria, en noviembre de 2019, el Consejo Evaluador que asesora al procurador dictaminó que debía presentarse porque si no debía enfrentar un juicio político. Ese fue el disparador que llevó al fiscal del caso de las fotocopias de los Cuadernos a prestar indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla.
Pero otro de los sumarios que había en la Procuración por el mismo caso quedó congelado. Se trata del que analiza la conducta del fiscal por los delitos que se le achacan en la causa que involucra al espía ilegal Marcelo D’Alessio y a la AFI macrista. Stornelli fue procesado por 8 hechos en ese expediente, tiene prohibido salir del país y le retuvieron el pasaporte. Ramos Padilla lo considera “penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal”. Está a un paso del juicio oral. La excusa que esgrimió siempre para defenderse de esa acusación nunca prosperó porque carece de sustento: que el D’Alessiogate fue una operación que se tejió para derribar la causa Cuadernos. Es una coartada que está atada a la archivada “Operación Puf”, una operación mediático-judicial que impulsó la AFI macrista con escuchas ilegales tomadas en la cárcel de Ezeiza y que Stornelli junto a la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, llevaron a Comodoro Py.
Esto no es todo. El 19 de mayo pasado, el senador Oscar Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli por su rol en el caso “Cuadernos”. Los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser el armador de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri junto al difunto juez Claudio Bonadío y al defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno en la causa de las fotocopias. En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación.
En ese marco, la corporación judicial decidió blindar a Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF), con una integración diferente a la que se inclinó por el juicio político si no se presentaba en la indagatoria, propuso cerrar el sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa Cuadernos.
De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo –integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno.
Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso “Cuadernos” bastan para ser considerados “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias de los arrepentidos. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares
¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?
-Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado.
-Susana Pernas, quien por decisión de Casal reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo.
-Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad”. Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py.
-Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo Argentino, “en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”.
Por decisión de Casal, el mentado Consejo Evaluador es el que analiza los sumarios contra los fiscales y firma dictámenes no vinculantes pero que sirven de apoyo al procurador para tomar sus decisiones.
Los intereses del macrismo para sostener a Casal parecen más que evidentes.