Con un 'semáforo escolar', determinan qué municipios podrían retomar las clases presenciales

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Los niveles de transmisión del Covid-19, el aumento de casos entre las últimas dos semanas y las dos anteriores, y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva son las tres variables clave que permiten evaluar el riesgo epidemiológico de retomar las clases presenciales en las escuelas de un municipio determinado. Las claves: niveles de transmisión, aumento de casos en las últimas semanas y porcentaje de ocupación de terapia intensiva en cada municipio.

Esas tres variables conforman el índice creado por el Consejo Federal de Educación (CFE) para orientar la decisión de retomar o no las actividades escolares presenciales, en función de las situaciones epidemiológicas municipales, que el Observatorio Argentinos por la Educación analiza en su último reporte.

El informe “Semáforo epidemiológico municipal. Una herramienta para pensar la vuelta a clases en el contexto del COVID-19”, del Observatorio Argentinos por la Educación firmado por Guadalupe Rojo (Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés), Víctor Volman y Federico Braga, describe el índice para la vuelta a clases y aporta algunos ejemplos en forma de “semáforo”, aunque subraya que su uso debe ser complementado con otras condiciones requeridas para la reapertura de escuelas, como factores estructurales y organizativos.

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Para cada uno de los tres indicadores clave –nivel de transmisión, aumento de casos y porcentaje de ocupación de terapia intensiva–, la resolución del CFE establece tres niveles: bajo, medio o alto. La ponderación de los tres indicadores define el color del “semáforo”, que informa el nivel de riesgo de la vuelta a clases en un municipio. Los municipios con semáforo verde (riesgo bajo) estarían habilitados epidemiológicamente para una vuelta presencial a las aulas, mientras que los amarillos (riesgo mediano) podrían optar por una vuelta semipresencial y los rojos (riesgo alto) aún no estarían preparados.

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El informe toma, a modo de ejemplo, los datos de 18 municipios de todo el país: Comodoro Rivadavia (Chubut); Concepción del Uruguay (Entre Ríos); General Pico y Santa Rosa (La Pampa); Bahía Blanca, La Matanza, Mar del Plata, Olavarría, Pinamar y Vicente López (Provincia de Buenos Aires); Rafaela, Rosario y Venado Tuerto (Santa Fe); Río Gallegos (Santa Cruz); Ushuaia (Tierra del Fuego); Villa General Belgrano (Córdoba); Rosario de la Frontera (Salta) y Chilecito (La Rioja). Aunque se relevaron más de 85 municipios en busca de los datos necesarios para desarrollar el semáforo, se presentan solo los 18 casos en los que se encontró la información necesaria para el análisis.

Al evaluar los tres indicadores para cada municipio se observa que, de los 18 casos, solo General Pico, Mar del Plata y Villa General Belgrano tienen semáforo “verde”. En los tres casos, la reapertura de escuelas representa un riesgo epidemiológico bajo, en cuyo caso la resolución del Consejo Federal de Educación recomienda evaluar “la reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades”.

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Por otro lado, los municipios de Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Rafaela, Río Gallegos y Venado Tuerto tienen semáforo “rojo”: el riesgo epidemiológico sigue siendo muy alto. El resto de los municipios observados tienen semáforo “amarillo”, es decir que presentan un nivel mediano de riesgo. Estos municipios son Bahía Blanca, Chilecito, La Matanza, Olavarría, Pinamar, Rosario, Rosario de la Frontera, Santa Rosa, Ushuaia y Vicente López. De acuerdo al índice oficial, en todos ellos se debería avanzar en una apertura parcial.

“El mayor desafío que vemos es la disparidad de acción entre instituciones educativas, incluso dentro de un mismo municipio. Cuando las familias ven que algunos chicos retoman contacto con sus docentes y compañeros, y otros (por ejemplo, vecinos del mismo barrio) no lo hacen, es natural que hagan una lectura de injusticia y arbitrariedad”, afirma Guadalupe Rojo, autora del informe. Y agrega: “Debemos pedir objetividad para los criterios por los cuales una escuela decide no retomar actividades de revinculación, aun cuando el semáforo de su municipio está en amarillo. Y si se trata por ejemplo de problemas de infraestructura edilicia, el Estado debe aportar soluciones para facilitar la apropiación del espacio público: parques, veredas e incluso calles”.

“Sobre la base de dos conceptos, la transparencia y el sentido de comunidad, es imprescindible tener herramientas como este índice. Un factor clave para construir y reforzar confianza es la transparencia, a través de la promoción de información oportuna, creíble, basada en evidencia y en tiempo real: elementos indispensables para la toma rápida de decisiones. Además, fomentar el sentido de comunidad es fundamental –plantea Flavio Buccino, maestro y especialista en gestión educativa–. Si bien la educación no es un área de gestión local en la mayoría de nuestras provincias, esta es una excelente oportunidad para comprometer esfuerzos de ambos niveles, provinciales y locales, en el manejo y en la toma de decisiones sobre la salida paulatina de la pandemia”.

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Por su parte, Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, reflexiona: “Protocolos, guías, semáforos, sistemas de fases, intentan ordenar un lento reencuentro aún en riesgo por un virus que continúa acompañándonos. Necesitamos esos marcos de observación y valoración para tomar decisiones que logren prescindir de la improvisación. Pero cuando esta tormenta se calme, deberemos repensar la educación no solo desde sus fisuras tecnológicas, didácticas, presupuestarias, de conectividad, de hábitat educativo y de clima social, sino también a partir de nuestro compromiso personal y ciudadano con la obediencia a las normas”.

Según los autores del informe, “son pocos los municipios que cuentan con toda la información necesaria para crear el semáforo epidemiológico de vuelta a clases presenciales, y resaltan la necesidad de que “en todos los niveles de gobierno se publiquen datos oficiales y precisos, no solo para los fines prácticos de la creación de este índice, sino también porque es información sanitaria de relevancia para los habitantes de cualquier municipio” del país, agregan.