El presupuesto nacional destinado a la salud sexual y reproductiva se redujo entre un 70% y un 80% en el primer cuatrimestre del año. El ajuste ya se nota en algunos
centros de atención primaria de la salud del país, que están recibiendo menos insumos para la prevención de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. También en el despido de más de 600 personas que trabajaban en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
“El análisis de la información oficial muestra que durante todo el año pasado se gastaron (a precios de hoy) $11 mil millones en productos farmacéuticos, y que este año sólo van gastando $700 millones (también a precios de hoy)”, explicó a PERFIL Alejandra Sánchez Cabezas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP). Si se mantiene ese gasto durante los cuatrimestres que quedan, “la inversión sería un 80% más baja que la del año pasado”.
Respecto al plan ENIA, “si bien la nueva gestión afirma que conoce la relevancia de este tema y que pretende abordarlo, no ha renovado los contratos de más de 600 personas que lo llevaban adelante en los territorios”, explicó.
A los médicos que trabajan todos los días en centros de salud públicos la situación les preocupa y genera incertidumbre. En provincias del norte, profesionales consultados por PERFIL aseguraron que “están llegando muchos menos anticonceptivos inyectables y test de embarazo".
El presupuesto de salud sexual y reproductiva se redujo entre 70% y 80%
“El plan ENIA nació inicialmente para las provincias del NOA y el NEA, porque es en provincias como Catamarca, Chaco y Formosa donde los índices de embarazo adolescente son muchísimo más altos que en otras zonas. Para las provincias del NOA y NEA fue muy beneficioso”, agregó Yolanda Bertazzo, que es ginecóloga y hasta el año pasado estuvo a cargo del Programa Salud Sexual y Reproductiva en San Luis.
“El faltante de anticonceptivos inyectables no es de estos últimos meses, ya viene desde hace por lo menos un año. También se fue reduciendo mucho la llegada de preservativos”, explicó a este medio Santiago Martínez, médico de un centro de atención primaria en esa provincia. “Sí ha pasado en estos últimos meses que la reducción se ha intensificado. Si nos tenían que llegar 100 cosas y hace un año nos estaban llegando 60, ahora nos llegan 10. Es muy notorio”, agregó. Sobre el resto de los insumos, “hasta ahora los DIU y las pastillas están llegando en cantidades más o menos habituales o lo que vamos pidiendo. El problema está en que no sabemos si estos son compras que se hicieron ya de las gestiones pasadas y es lo que está quedando, o si están haciendo compras para proveer a los centros de salud”.
Si la situación continúa, “vamos a tener muchos más embarazos no deseados y más casos de enfermedades de transmisión sexual”, sintetizó.
“Muchos gobiernos locales dependen de los insumos que brinda la Nación para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y a medicamentos, y se registra preocupación en varias provincias por la falta de certeza sobre la continuidad en el suministro”, explicó a este medio Julieta Izcurdia, responsable del área jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien advirtió además que el recorte de recursos en salud sexual supera el 70% interanual. “Ante la crisis económica que impacta en los presupuestos provinciales, sin el apoyo del gobierno nacional, es muy alto el riesgo de que no puedan garantizar la continuidad de una política pública fundamental para la salud y el futuro de nuestras adolescentes”.
Izcurdia agregó también que el recorte de financiación del plan ENIA “es un desacierto económico”, ya que desde su implementación en 2018 se evidencia “una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos, logro directamente atribuible a este plan”.
Dejar de financiar este tipo de programas también tiene un impacto económico para el Estado. “Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,5 millones”, agregó Izcurdia. “El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces lo que se invierte en el Plan”.
El acceso a la educación y a un empleo de calidad también se ve afectado por la maternidad precoz. “Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), solo el 38% de las adolescentes que se convierten en madres logran completar la educación secundaria, un 3% alcanza estudios terciarios y el 1% llega a la universidad. Esto perpetúa los ciclos de pobreza, limitando el potencial productivo del país”, sintetizó la representante de ELA.
Desde las organizaciones integrantes de “Infancias en Deuda” también manifestaron su preocupación por el desfinanciamiento de la salud sexual y reproductiva. “El Plan ENIA ha sido crucial para reducir embarazos adolescentes no intencionales. El Censo 2022 reveló una disminución del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos, pasando del 13,1% en 2010 al 6,4% en 2022”, explicaron en un comunicado.
El programa comenzó a implementarse en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de brindar consejería en salud sexual en escuelas y espacios comunitarios, además de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos en centros de salud.
“A pesar de su efectividad comprobada y eficiencia económica, las autoridades de salud han decidido no continuar su implementación tal como fue diseñado, lo que resulta preocupante. El embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en contextos de pobreza y desempleo, tiene un impacto desproporcionado en la vida de estas niñas y jóvenes”, agregó Sánchez Cabezas. “Las complicaciones relacionadas con el embarazo son una de las principales causas de muerte en adolescentes. Descuidar las juventudes equivale a descuidar el porvenir del país”, finalizó.
Según explica un informe de Unicef sobre la situación de la población adolescente en Argentina, hay que tener en cuenta que “los embarazos y las maternidades en la adolescencia resultan más frecuentes entre quienes tienen menor nivel educativo, lo cual expone una desigualdad social y económica previa a estos fenómenos”.
En el mismo sentido, el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades, emitió un comunicado en el que más de 170 instituciones avalaron los resultados del Plan ENIA y afirmaron que “la maternidad en la adolescencia es una manifestación de la inequidad social”.
