"Mediante esta decisión, el Poder Ejecutivo reafirma su retórica de entender a la violencia de género únicamente desde su faz delictiva, como una cuestión criminal, al igual que la inseguridad, por
ejemplo, sin tener en cuenta que la violencia de género es una problemática estructural y multicausal que requiere del dictado de programa y de políticas públicas que entiendan la complejidad del problema, más allá de su faz penal", explica a Clarín Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.