Por Antonella Bernetti|Rodrigo Núñez|EDW| María Teresa Troiano dejó de recibir medicamentos y murió de cáncer. Medio millar de chicos víctimas deviolencia de género quedaron al desamparo. Las consecuencias cotidianas del "plan motosierra" se padecen en ámbitos tan diversos como salud reproductiva, prevención de abusos y telecomunicaciones. Crónicas del daño.

El retiro del Estado en distintos Ministerios y Secretarías destrozó miles de puestos de trabajo y ya impacta severamente en la vida cotidiana de los argentinos. Desde los trámites de la AUH, problemas de conectividad a internet y telefonía, la atención de la salud reproductiva y la prevención de abusos en infancias y adolescencias, la falta de medicamentos oncológicos para quienes lo necesitan, hasta recortes en educación que afectan en la entrega de libros o guardapolvos. Y la lista puede seguir. Detrás de cada despido se esconde el empeoramiento de la vida social.

Plan ENIA

En el marco de un trabajo mancomunado entre Nación, las provincias y los municipios con la articulaciones de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social -estos dos últimos, degradados en secretarías en la gestión actual-, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, implementado desde el 2017, tuvo un gran impacto en Argentina. Fortalecido a partir del 2019, logró reducir casi en un 50% la tasa de fecundidad adolescente (TEFA) según el Censo 2022 (pasó de 13,1% en 2010 al 6,4% en dicho año). En un contexto del brutal recorte, 700 trabajadores y trabajadoras de las 12 provincias donde es aplicado desconocen qué ocurrirá con sus contratos; muchos de ellos ya saben que no serán renovados.

A través de la página del gobierno informan que se trata de una política pública integral que busca garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral (ESI), el fortalecimiento de la autonomía y la toma de decisiones informadas, la prevención del abuso sexual, los embarazos forzados/no intencionados y las interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE). Posee distintos dispositivos: asesorías en las escuelas; en espacios/comunidades de circulación habitual para adolescentes que no están escolarizados; y el Acompañamiento Pedagógico (AP), que se encarga de la formación de docentes adultos que trabajan en las escuelas. “Es una problemática de salud pública, un embarazo en la adolescencia implica, físicamente, un riesgo y que el Estado tenga que acompañar el seguimiento de dicho embarazo, cuando el cuerpo no está preparado”, apuntó Juliana Berta, asesora de salud integral del plan en Entre Ríos.

Actualmente son cerca de 700 personas las que trabajan en el programa dependiente del Senaf -bajo la órbita de Capital Humano-, todos profesionales con formación específica: docentes, psicólogos, trabajadores sociales y obstétricas, entre otros; cumpliendo el proceso de asesorar en las escuelas en la temática para evitar el abandono de los estudios secundarios, problemas en las trayectorias educativas y la reproducción del círculo que genera pobreza y desigualdad en las mujeres con embarazos no intencionales que no logran tener un trabajo formal (la tasa de desempleo que enfrentan es de 21,4%). “Cuando hablamos de prevención del embarazo implica mucho menos costo económico que controlarlos, seguirlos, sostener un parto de una joven con riesgos y demás. Llegar antes implica gastar menos dinero, si eso es lo que le interesa al Estado”, advirtió. Según el Informe Milena - UNFPA, el Estado invierte más de 7 millones anuales en atención sanitaria para dichos embarazos; cifra que supera siete veces los $1.150 millones que se “ahorran” con la desvinculación de trabajadores.

Los contratos de trabajadoras y trabajadores eran anuales y desde diciembre comenzaron a ser trimestrales, como ocurrió en muchas otras áreas del Estado. “Se terminó ese contrato y no se indicó ninguna continuidad de todas estas personas. A nivel nacional sostienen que el programa va a mantenerse, pero es un eufemismo: continúa la compra de insumos como anticonceptivos o preservativos pero no los recursos humanos”, explica Berta. Como viene sucediendo, Nación sostiene que no cubrirá gastos y que si las provincias están interesadas en implementar políticas públicas, deberán sostenerlas con ingresos propios. Mientras tanto, el recorte también recae sobre los gobiernos locales. “Si lo hacen debe ser de manera paulatina y sostenible. La propuesta del Ministerio de Salud desarticula el plan al retirar el financiamiento en recursos humanos; si se obtuvieron tan buenos resultados en tan poco tiempo, fue gracias a su mirada federal”, señalaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

De todas maneras, cabe señalar que dar los recursos no implica que las y los jóvenes posean las herramientas y los conocimientos necesarios para utilizarlos. “Los adolescentes son una población que no llega al sistema de salud, la escuela y el dispositivo comunitario hacen de nexo, de puente. Pensar que el organismo nacional va a cumplimentar con insumos, no garantiza que la política pública pueda llegar; no sirve para prevenir enfermedades o embarazos no intencionales”, agrega. “Prevenir el embarazo es uno de los objetivos. Hemos detectado situaciones de abuso sexual infantil en las escuelas, hemos formado parte de los informes y las denuncias, trabajamos fuertemente en que las jóvenes en establecer vínculos saludables previniendo violencias en los noviazgos”, enumeró. Con la ausencia de trabajadoras y trabajadores, por las bajas de contrato, esos puentes construidos se destruyen y la problemática puede ganar mayor protagonismo en los próximos años.

Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, La Rioja, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires son quienes implementan el Plan Enia y donde se observó la baja mayor de tasa de fecundidad adolescente; aunque Santiago del Estero, Misiones y Formosa -con un promedio de 1,7 hijos por mujer- siguen mostrando una importante brecha regional según el último censo. “Ha sido una política exitosa que ha transformado positivamente la vida de miles de adolescentes; desmantelarlo o desfinanciarlo sería un grave retroceso en los esfuerzos para garantizar bienestar y futuro de las jóvenes argentinas”, concluyeron desde ELA.

"En Catamarca la situación es igual que en las demás provincias. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad, nadie se comunicó con nosotros. El 5 de abril le llegó la notificación de no renovación de contrato a siete compañeros/as (de planta previsoria). Luego, no hubo ninguna comunicación; de ningún ministerio provincial", expresó Amaicha del Valle González, trabajadora del Plan Enia. "Somos 46 trabajadores en la provincia, no sabemos cómo vamos a cubrir nuestros gastos cotidianos como algo tan básico como comer en mayo. Es terrible lo que está sucediendo y es gravísima la ausencia del plan en las escuelas", añadió.

A su vez, en diálogo con el medio, marcó que su implementación fue clave en relación al embarazo no intencional en la adolescencia: de un 49%, se redujo a un 27% de los casos. "Es una cifra grande, muestra un resultado significativo. Pero no solo es eso, sino todo lo que es en materia de Educación Sexual Integral (ESI) como en develamientos de abuso sexual y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)", expresó.

Amaicha no dudó en señalar que donde más nota la ausencia del plan es en las escuelas, territorio donde ella ejercía sus tareas dentro del Estado. "Los equipos Directivos y Docentes nos vienen escribiendo porque necesitan el acompañamiento. Hasta fines de marzo, que fuimos a los colegios, nos comentaron que había centros de salud en los que faltaban preservativos y demás métodos", sentenció.

RENNYA

En el 2023, según indicó el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", hubo un femicidio cada 28 horas y se contabilizaron un total de 308 asesinatos por violencia machista en la Argentina; mientras que por inoperancia o negligencia de la Justicia, cerca de 256 niños y niñas perdieron a sus madres debido a la problemática. En lo que va del año actual, desde el 1° de enero al 31 de marzo, se registró un femicidio cada 35 horas -63 la vidas perdidas y 54 los intentos de homicidios- y 66 niños/as y adolescentes perdieron a su mamá. El 17% había realizado -al menos- una denuncia previa y el 10% tenía una medida judicial sobre su femicida.

Según datos de otras ONGs, como La Casa del Encuentro, se registraron 334 víctimas de femicidios y trans/travesticidios; 307 vinculados a mujeres y niñas, mientras 416 hijos e hijas se quedaron sin madre (el 59% son menores de edad). Es decir, una víctima de violencia de género cada 26 horas. En este marco y frente a un gobierno que desestima la existencia de la violencia machista, el recorte y vaciamiento del RENNYA para a ser un nuevo ataque contra quienes ya sufrieron una tragedia y pérdida tan grande.

El programa Reparación económica para niños y/o adolescentes (RENNYA) -también en Capital Humano- se da en el marco de la Ley 27.452 o 'Ley Brisa', impulsada por la Casa del Encuentro después del femicidio de Diana Barrionuevo (2014) y en honor a la menor de sus tres hijo. Está especialmente destinada a hijos/as -también personas con discapacidad- de mujeres víctimas de femicidio u homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género. Se implementa desde el 2018 y su objetivo es que dichas infancias y adolescencias reciban protección del Estado nacional para crecer en un ambiente "sano y libre de violencias"; además de acceder a una cobertura integral de salud y recibir acompañamiento durante la crianza y su desarrollo integral.

“En nuestro programa de alcance nacional éramos 18 personas, echaron a seis de ellas: a la única abogada del programa y a un compañero que tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD), por secuelas de un tumor. Al momento, sólo reincorporaron a este último compañero; el resto una abogada, una psicóloga, un administrativo y dos trabajadoras sociales... Seguimos afuera”, nos explica Paula Farías, trabajadora del Programa en la sede central de la Ciudad de Buenos Aires (aunque, aclara, trabajaban con familias de todo el país).

Lógicamente, ante las bajas de contratos, toda la tarea que realizan se encuentra completamente frenada desde la llegada de la nueva gestión. “Al día de hoy, no tenemos funcionarios/as designados. Es una situación compleja explicar a familias, juzgados y defensorías, que nos preguntan de forma constante -principalmente a nuestros celulares personales, con los que trabajamos de manera remota durante la pandemia- por avances en sus expedientes... La respuesta empieza a ser cada vez más frustrante”, apuntó.

Cabe resaltar que la reparación económica puede ser cobrada directamente por el hijo/a -si tiene entre 18 y 21 años- o del adulto responsable que quede a carago del menor de edad o de la persona con discapacidad (en este caso, sin límite de edad). "Desde el inicio de esta nueva gestión que nuestro programa se encuentra detenido, sin tareas; no porque no las haya, sino porque no contamos con las estructuras", explicó Farías. Entre ellos mencionó la ausencia de circuitos institucionales, falta de firmas autorizadas de funcionarios para llevar adelante tareas o indicaciones y temperamento a seguir en el Programa para actuar.

"Un cuadro de incertidumbre y acefalía preocupante, sumado a los lógicos reclamos de las distintas familias y organismos, respecto a la demora de sus expedientes y cobro de reparación en un contexto grave donde el costo de vida se torna cada vez más difícil en la población con la que trabajamos", añadió. Hasta el momento, según indica, la gestión de Milei no otorgó ninguna reparación económica; ni siquiera las que se encontraban en trámite previo a diciembre o las que entraron luego (muchas solicitudes quedaron trabadas en otras áreas, también golpeadas). "No demuestran ni la más mínima sensibilidad e interés respecto de las situaciones de violencia de género ni con las infancias y adolescencias vulneradas", concluyó.

Centros de Referencia (CDR)

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello cerró los 59 Centros de Referencia (CDR), que dependían de la Secretaría de Niñez y Familia (Senaf), en todo el país, lo cual significó el despido de unos 600 empleados. Los CDR representaban la pata territorial del exMinisterio de Desarrollo Social, hoy reducido a secretaría. Con sedes en el interior de la Provincia de Buenos Aires y en casi todas las provincias del país, los centros atendían diariamente trámites para acceder a distintas políticas públicas que ahora sólo se pueden hacer en la Ciudad de Buenos Aires de manera presencial.

Según rezaba la descripción oficial en la web, los CDR son espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país, para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales. Con "el fin de mejorar la calidad de vida de las personas coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio", explicaban desde la página oficial. Entre los objetivos se destacaban: acercar las políticas públicas nacionales a la población, facilitando el acceso a distintos programas, servicios y capacitaciones; asesorar a los ciudadanos, articulando cuestiones vinculadas a los programas sociales y a los de otros organismos nacionales, provinciales o municipales; y fortalecer la capacidad de generación de políticas locales desde un abordaje integral.

En la Senaf se desempeñaba Patricia, de 66 años y en edad de jubilación, despedida por el Gobierno. "Ni siquiera mandaron un telegrama regular, apenas un mail. Ahora estoy desocupada y por suerte tengo ahorros que me permiten atravesar este momento mientras tramito la jubilación, pero mi situación es excepcional".

Entre los trámites más importantes que acercaba el CDR al territorio se destaca el cambio de titularidad de la AUH. Pero no es el único. En las distintas sedes se podían desde conseguir un Certificado Único de Discapacidad o el Monotributo Social hasta tramitar los medicamentos biomédicos de alto costo que entregaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Los trabajadores, además, hacían tareas de acompañamiento a las familias beneficiarias de los distintos programas.

ENACOM

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dispuso el cierre operativo de todas sus delegaciones provinciales a partir del próximo 1 de abril. Así lo establecieron en una resolución que lleva la fecha de hoy y que lleva la firma de los tres interventores: Patricia Zulema Roldán, Alejandro Fabio Pereyra, y Juan Martín Ozores. Fuentes del Gobierno estimaron a El Destape que el cierre de todas las dependencias implica el despido de 350 trabajadores.

"Es la primera vez en la historia que se cierran las delegaciones. Había 26 delegaciones territoriales de tipo administrativa-ténica y otras seis delegaciones exclusivamente técnicas. Las 26 que cerraron se encargaban de estar en el territorio, atendían a la gente con problemas de conectividad, de telefonía. Cualquier problema que tenía el usuario tenía podía concurrir a la delegación", explicó a este medio Rubén, un trabajador despedido en Catamarca. "Si bien los trámites son a distancia, otra cosa es saber hacerlos, ir a la delegación, preguntar cómo es, cómo se puede resolver un problema. Es decir, la gente de a pie tenía una instancia con quien dialogar y ahora no la tiene".

"Pero además la delegación resolvía problemas entre los propios prestadores grandes y chicos. A veces hay conflictos porque el chico le debe comprar megas a un prestador grande. Todos los problemas de compartición de infraestructura en que no se pongan de acuerdo, el Enacom los debe resolver", detalló Rubén. La resolución de los despidos tiene seis artículos y establece el cierre de las dependencias; un período de "transición" de 60 días con el objetivo de "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales" y disponer una "dotación mínima de agentes" que se encarguen de realizar las "tareas de cierre" y que elabore un "inventario patrimonial".

Las delegaciones "iban al territorio, evaluaban problemas de interferencia, hacían inspecciones, atendían a la gente, dirimían conflictos de empresas y resolvían cualquier conflicto, hacían capacitaciones en el uso seguro de internet, bullying y grooming, instrucción para jubilados con el objetivo de evitar estafas virtuales, cursos de operadores de radio, de locución... la gente queda desamparada", enumeró Rubén. Y concluyó: "El Enacom dejó de ser un organismo federal, ahora Dios atiende solo en Buenos Aires".

DADSE

La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), bajo la órbita de la ahora Ministerio de Salud -anteriormente, dependía de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia-, es la encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, que presenten un problema audo o grave de salud en el que corre cierto riesgo su vida (enfermedad terminal o patología crónica grave) y que no posean cobertura médica alguna.

El 28 de febrero pasado, en diálogo con El Destape Radio, el marido de María Teresa Troiano detalló que el Gobierno nacional dejó de darle sus medicamentos en medio de un tratamiento oncológico. La mujer dejó de recibir medicación por parte de la DADSE desde el 12 de diciembre pasado y su tumor creció tanto, que derivó en una metástasis y su posterior muerte. Su familia no podía pagar los U$S17.000 mensuales que costaba el tratamiento sin el recorte del subsidio proveniente de Nación. Si bien fue el caso más resonante, no fue el único.

Más de 100 organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes, patologías crónicas, discapacitantes y diferentes tipos de cáncer ya presentaron una carta a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Ministerio de Salud en la que plantearon que existen unos 125 pacientes -entre el programa federal Incluir Salud y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Espaciales- que "necesitan su medicación urgente" tras la "repentina" interrupción de su provisión y reclamaron una reunión "con urgencia" para abordar esta problemática.

"El Gobierno no puede ajustar a las personas con enfermedades graves o a los niños en tratamiento oncológico", plantearon organizaciones como la Asociación de Dermatitis Atópica, Esclerosis Múltiple Argentina, Asociación Argentina de Fibrosis Quística, Trasplantados de Argentina, entre otras ONGs.

Desde Salud aclararon en febrero que la DADSE "está en funcionamiento y los equipos del ministerio se encuentran trabajando para identificar las urgencias y resolverlas". Posterior a ese mes, no hubo noticias de que se hayan reactivo los subsidios. En este marco, el 19 de abril, el presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud) fueron denunciados por la falta de entrega de medicamentos; siendo acusados por los delitos de "abandono de personas", "incumplimiento de funcionario público" y "asociación ilícita".