El abogado Néstor Saruba, en carácter particular, argumentó en su escrito, por un lado, que “la ley de amparo 16.986 incorporó una herramienta legal para posibilitar a las personas oponerse a
todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional”.